¡La minería popular espera su ley!

Todas las cifras oficiales sobre los resultados de procesos de formalización de los mineros artesanales en los últimos años son absolutamente tristes, si no deleznables. La única responsabilidad de que ello suceda es del Estado en todas sus instancias y jurisdicciones. A una formalización mal hecha, entendida y ejecutada se suma que el plazo de vigencia del proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal se extiende hasta el 31 de diciembre del 2024. Es decir, hasta el próximo año.

Es evidente que los mineros artesanales no van a esperar hasta el 31 de diciembre para continuar con el proceso de formalización. De allí entonces los movimientos de todas las asociaciones y federaciones para que el Congreso ayude y apure la promulgación de una ley que complete y que integre la sostenibilidad económica y ambiental de la producción minera artesanal. 

El problema es que la ley actual y su reglamentación han fallado en casi todo. Uno de los ejemplos más siniestros es que son las Gores, a través de las Direcciones Regionales de Minerías, las que tienen el mandato de fiscalizar y evaluar el desarrollo de la mediana y pequeña minería. De hecho, todos los problemas de la minería artesanal se deben a que las competencias las tienen los gobiernos regionales, convertidos hoy en un centro de corrupción, dejadez, inoperancia e incompetencia. 

A ello se suma, por ejemplo, la tarea casi imposible de obtener por la vía legal los explosivos. Las trabas, y sobre todo los plazos, para la obtención de explosivos son la razón por la que la minería artesanal utiliza explosivos informales e ilegales. Se ha generado una industria gracias a la excesiva burocratización de entidades como el Sucamec.

Todo lo anterior son solo dos muestras que nos indican que el Estado fracasa en todas las líneas. El problema es solo uno: no existe una política nacional para la formalización de la minería artesanal. El detalle también es que los mineros artesanales quieren formalizarse y eso implica adecuarse a estándares sociales, laborales y ambientales. De momento ya existen tecnologías para la lixiviación del oro, no obstante que es imposible que los mineros artesanales adopten esta tecnología, por la regulación nacional. 

El problema no es solo económico sino también social. Los mineros artesanales son el pueblo minero que tiene todo el derecho a hacer minería en un país cuya geología es bendita. El detalle es que deben formalizarse y aceptar el Estado de derecho, algo que quieren hacer. Sin embargo, el Estado no los deja. Así de simple.