La ley y la justicia

La justicia está por encima de la ley. Este principio jurídico prioriza el bien supremo antes que el cumplimiento riguroso de las normas. El fondo es más importante que las formas. Si la norma electoral disponía que las impugnaciones tenían un plazo y una hora límite, este hecho no es suficiente razón para rechazar medios probatorios mucho más trascendentes que cumplir un plazo administrativo. La búsqueda de la verdad es la prioridad, no valen apuros, pronunciamientos ni conclusiones mientras existan dudas razonables de que ha existido una intención fraudulenta de torcer la voluntad popular. ¡Entregarle el país a los comunistas porque ya cerró la ventanilla! ¿En serio? Lo que está en juego no es un procedimiento administrativo que penaliza la falta de diligencia de quien reclama por hacerlo fuera de hora. De por medio está el futuro de millones de peruanos.

A estas alturas ya no se trata de sumas y restas; eso importaba en una contienda honesta.  Lo que estamos descubriendo sobrepasa errores materiales. Los videos filtrados de las reuniones de Perú Libre aleccionando a sus personeros a “tomar las mesas” o “a presentarse a primera hora para reemplazar a los titulares en caso de tardanza” son una prueba inequívoca de la intención delictiva de manipular la votación. El festín estuvo servido para los comunistas: familiares siendo miembros de la misma mesa, firmas falsificadas, personas fallecidas y hasta niños. Asimismo, no cuadran las estadísticas ni los antecedentes de primera vuelta, los votos en blanco se convierten en votos de Castillo. Pero las irregularidades no se limitan a las mesas de sufragio, la infiltración mafiosa llega hasta al personal de ONPE ya que, como se viene denunciando, se ha detectado diferencias entre una acta validada y el sistema de la ONPE: urge una auditoría informática del proceso de digitalización de las actas electorales .

Hay cuatro abogados que tienen en sus manos el destino del Perú. Su presidente es Salas Arena, un ex militante de Patria Roja, defensor de terroristas y con cuyo voto se anuló la amnistía a Fujimori. También habilitó a Vizcarra para que postule al Congreso, pese a estar impedido de hacerlo por no haber renunciado con seis meses de antelación. Para lograrlo tuvo que cambiar dos resoluciones anteriores. Este señor abogado emitió una resolución ampliando el plazo para presentar impugnaciones, y dos días después la dejó sin efecto sin ninguna explicación. El JNE está incompleto, el quinto miembro debería ser el Decano del Colegio de Abogados, cargo que recaería en el Dr. Javier Villa Stein quien ganó con amplísimo margen las dos elecciones y que se vio imposibilitado de asumir el cargo por medidas cautelares de sospechosa legalidad. Por esta razón no puede asumir el decanato e integrarse como el quinto miembro del JNE. Salas Arena, como presidente, tiene el voto dirimente, ya que está usurpando el voto que correspondería a Villa Stein. Ninguna confianza, ni por su pasado ni por su presente.

El sábado 12 de junio la democracia recuperó la calle monopolizada por la izquierda. Más de 250,000 peruanos exigimos se respete la voluntad popular. Es inadmisible descalificar los medios probatorios de la gran estafa que representaron las elecciones en muchas partes del Perú. No estamos apurados ni dispuestos a limitar el resultado electoral con las actas que han podido ser impugnadas en tan corto tiempo. Está en juego el futuro de la patria y merecemos una investigación a fondo. Las distorsiones estadísticas no son argumentos deleznables, la consigna de “tomar las mesas” tuvo el propósito de fraude sin testigos. En Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa y Ayacucho se instalaron 15,028 mesas para que sufraguen cuatro millones y medio de personas. Estas regiones no tuvieron más de 20% de personeros de Fuerza Popular .

Conforme vamos descubriendo la dimensión del engaño debemos mantenernos en vigilia permanente, exigir que se acepten todas las actas espurias (para su revisión) y que se hagan las auditorías informáticas, se investigue a los coordinadores de Perú Libre y sus comunicaciones telefónicas el día de la elección, y que se cruce con la de los miembros de mesa. Y sobre todo que se hagan los estudios estadísticos para probar lo insensatas que resultan las votaciones en un mismo distrito o local, que muestran incongruencias punibles. Somos ocho millones de peruanos que no nos vamos a dejar robar nuestro futuro ni nuestra libertad.