La Ley Pulpín

Empecemos por las MYPE para reducir la informalidad laboral

Cuando un empresario medita si contratar a una trabajador adicional evalúa, principalmente, el costo de la mano de obra respecto de su productividad, es decir, cuánto le rendirá contratar un nuevo trabajador. Si nos comparamos con las economías de la Alianza del Pacífico, similares a la nuestra en fundamentos, estamos en la zaga tanto en costos salariales (salario mínimo vital)  respecto a su productividad promedio, como no salariales. Así, mientras en México el ratio entre costo salarial y PBI per cápita es de 0.15 y en Chile 0.30, en el Perú es de 0.46, en tanto que los costos no salariales en México y Chile son de 36.4% y 31.7% respectivamente, mientras en Perú llegan a 59%.

Si aceptamos que el mercado y la competitividad son los responsables de cuatro quintos de la reducción de la pobreza (y probablemente más del incremento del bienestar social), los datos arriba mencionados muestran que hay suficiente espacio para una reforma laboral que abarque a trabajadores de cualquier edad y empresas de todo tamaño.

Por razones probablemente políticas, el Gobierno optó por una reforma a los costos no salariales, solo para los trabajadores entre 18 y 24 años. Esta reforma va en la dirección correcta al combinar menores costos laborales con incentivos para invertir en capacitación de la fuerza laboral menos productiva; e incluso es apoyada por economistas de izquierda, como el Premio Nobel de Economía Erick Maskin.

Pero no es sencillo entender que reducir costos laborales es necesario para incrementar el empleo formal. Esto facilita que muchos jóvenes se compren argumentos efectistas de abogados laboralistas y sindicalistas como “reducir costos no formaliza”; poniendo como evidencia lo ocurrido con la Ley MYPE, caso que no ha funcionado porque suponía tener que pagar todos los derechos laborales generados, no se llegaron a implementar los incentivos de capacitación, no se acompañó con suficiente fiscalización, etc.

Reducir costos laborales ayuda a formalizar, y hay evidencia empírica de respaldo, pero debe complementarse con fiscalización. Por ello, tienen razón los jóvenes que se oponen porque desconfían que el Estado, a través de la SUNAFIL, logrará hacer cumplir prohibiciones como solo aplicar el nuevo régimen a las plazas por crearse.

Esta objeción, sin embargo, tiene incluso más validez para el régimen laboral general por el que están luchando: mientras más alejada esté la legalidad de la realidad económica (medida en base a productividad) mayor será el incentivo para la informalidad. Lo cierto es que los abogados laboralistas y sindicalistas no creen en el mercado y la competitividad como catalizadores de menos pobreza y más bienestar. Dicho de otra forma, aun cuando la SUNAFIL fuese 100% efectiva y la capacitación fuese sumamente audaz, también se opondrían a la ley, porque ven las relaciones laborales como un mecanismo redistributivo de ingresos (sin darse cuenta que favorece al más fuerte, es decir a quien tiene oportunidades), en vez de verlas como un medio para generar valor compartido.

En este contexto, y visto que no tenemos partidos medianamente fuertes, no queda otra opción que hacer de la Ley MYPE, donde el argumento del gran empresario explotador no cabe, un caso de éxito y solo una vez demostrado que reducir costos junto a una adecuada fiscalización incrementa la formalidad laboral, extenderlo a otras empresas o a grupos específicos. La política importa. Empecemos por las MYPE.

Por Fernando Cáceres
(26 - Ene - 2015)