La Ley de Amnistía para Las Bambas

En el marco del diálogo producto del conflicto de Las Bambas, Richard Arce (congresista de Apurímac por Nuevo Perú) ofreció a los comuneros de Cotabambas promover una ley de amnistía y dialogar con Daniel Salaverry para su viabilización “a fin de defender los derechos de todos los comuneros”. Esta ley se aplicaría a las cerca de 500 personas denunciadas a raíz de las movilizaciones y protestas. Según afirma Arce, esto no incluiría a los hermanos Chávez Sotelo ni a los comuneros que hayan cometido un delito común.

Está en manos del Congreso aprobar estas propuestas de ley (serían tres: una de amnistía, otra acerca del artículo 200 del Código Penal referente a la extorsión, y otra dirigido a “evitar que consideren a las comunidades campesinas como organizaciones criminales”) . Ante ello, el fujimorismo, como la principal fuerza del Congreso, enfrenta una disyuntiva. En caso de aceptarlas, puede recibir la crítica de por lo menos un 27% del electorado urbano, que considera que ante un bloqueo de carretera se debe detener a los principales agitadores. También de la SNMPE, que ha mostrado su oposición, y de otros voceros que la calificarían como impunidad.

En caso de rechazar esta amnistía, recibiría el apoyo de los antes mencionados. Por otro lado, no debería recibir una oposición mediática significativa, debido a la naturaleza de la motivación con la que es planteada la ley. Pero también dejaría en manos del Ejecutivo un problema que sería difícil de manejar. Ya en la asamblea del Estadio de Molinopampa, el tema del archivamiento de denuncias ha sido el más mencionado de todos los puntos de la Plataforma de Lucha por decenas de líderes locales. Gregorio Rojas ha adelantado que no dialogaría en caso de que la ley de amnistía no sea aprobada.

Diversas voces ya se han manifestado con respecto a esta propuesta de ley. Luis Galarreta consideró que este es un tema “netamente del Ejecutivo”; Daniel Salaverry lo calificó como “una locura”; y los congresistas Alcorta, Sheput, Mulder y Meléndez, entre otros, han mostrado su oposición. Y el Ejecutivo no ha hecho una defensa férrea de la propuesta.

Inclusive si las propuestas de leyes de Arce son aceptadas, los hermanos Chávez Sotelo no saldrían libres y varias de las denuncias no serían incluidas. El propio parlamentario indica que no tienen “un dato preciso” del número de denuncias ni de su naturaleza. Esto podría estar lejos de las expectativas de los líderes involucrados. Lamentablemente este riesgo suena conocido: se generan en la población expectativas que no pueden ser cumplidas, lo que a su vez mayores condiciones para un desenlace conflictivo.

Es poco probable que una ley de amnistía con nombre propio pase el filtro de la oposición en el Congreso. Existen pocos incentivos para que los fujimoristas apoyen una medida de esta naturaleza, que les aportaría muy poco beneficio político y brindaría la oportunidad de propiciar un conflicto social difícil de lidiar para el Ejecutivo. Las otras dos propuestas de ley (que tienen un impacto de mediano y largo plazo), dado el marco en el que han sido planteadas, también tienen pocas probabilidades de ver la luz. Sin embargo, el que esté en agenda una ley de amnistía habla de la fragilidad del imperio de la ley en el Perú.