¿Qué es lo que se reclama en Las Bambas?

El 11 de abril del 2019 el primer ministro, Salvador Del Solar, junto con algunos ministros y representantes del Estado asistieron a una asamblea en el estadio de Molinopampa, en Challhuahuacho, en el que se presentaron los puntos de la Plataforma Única de Lucha de la Provincia de Cotabambas. A dicho evento asistieron representantes de las comunidades de la provincia, del distrito de Progreso (de la provincia de Grau) y miembros del Gobierno Regional, entre otros. Varios de estos asistentes eran voceros de organizaciones locales no necesariamente reconocidas por el Estado. Debido a que la presentación de cada uno de los voceros se restringía a cinco minutos, se dio naturalmente un mecanismo que ayudaba a identificar cuáles eran los puntos prioritarios para ellos. La agenda compartida previamente, presentaba nueve puntos de interés para estas comunidades. La siguiente gráfica muestra cuáles fueron los puntos más mencionados por los representantes locales en cada una de sus intervenciones:

Las preocupaciones de los líderes locales se caracterizan por su dispersión. A diferencia de otros conflictos, en los que las preocupaciones y pedidos de la población eran muy claros, en este caso ninguno de los nueve puntos definidos en la Plataforma de Lucha era mencionado por más del 30% de los voceros. Esto muestra cómo una Plataforma de Lucha puede servir como una herramienta efectiva para juntar fuerzas y ejercer una mayor presión en el Estado, inclusive entre intereses dispares. Los reclamos de las diversas organizaciones sociales movilizadas en contra de Las Bambas no están alineados, y cada uno tiene causas particulares que han logrado introducir en el pliego de demandas. Los pedidos iniciales de la comunidad de Nueva Fuerabamba se encuentran diluidos en esta agenda.

Por otro lado, el punto más mencionado fue el archivamiento de las denuncias, que se centraban en los acusados por conflictos sociales anteriores y en la liberación de los hermanos Chávez (en prisión preventiva, acusados por la fiscalía de pertenecer a la organización criminal “Los Chavelos”, dedicados a la extorsión), asesores de la comunidad Nueva Fuerabamba. Independientemente de si este pedido es justo o no, es uno en el que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia; difícilmente podría ser alcanzado respetando la separación de poderes.

El segundo pedido más mencionado es el de empezar a recibir el canon minero de manera inmediata, y derogar la Ley de Depreciación Anticipada, de la cual se benefician las mineras. De esta manera las comunidades podrían recibir mayores recursos para invertir en su desarrollo. Llama la atención que las comunidades consideren la falta de recursos provenientes de la minería como un obstáculo, cuando las autoridades locales no han podido ejecutar los montos de los que disponen por las regalías que la minería ya está pagando. En efecto, entre agosto del 2016 y junio del 2018, Apurímac solo pudo ejecutar S/ 260 millones de los S/ 500 millones de los que disponía por este recurso; un nivel de ejecución por debajo del promedio para la inversión pública en la región (60%) y del promedio nacional (68%).

¿Los puntos de agenda de la Plataforma de Lucha atendían las demandas de Nueva Fuerabamba? El 12 de abril la vía de Yavi Yavi, después de 68 días de bloqueo, fue liberada. Los acuerdos a los que llegaron los involucrados no son claros; sin embargo, no estarían alineados con los de la Plataforma de Lucha. Según las palabras de Arce, se daría una indemnización por el paso de la vía (a pesar de que el viceministro Raúl Molina afirmó que “el Gobierno no permitirá eso —las compensación— porque esa vía es pública" y que “está retomándose la relación, inclusive va a contratar sus servicios para que arreglen la carretera”. Una medida que sería similar a la adoptada para “solucionar” el problema con la comunidad de Mayuriaga con el Oleoducto Nor Peruano: contratar a los responsables de la paralización.

La otra propuesta concreta del Ejecutivo ha sido la presentación de un proyecto de ley para que los ingresos de canon lleguen de forma “más efectiva a las comunidades”. No es claro qué implicaría esta propuesta, pero las posibilidades de que los montos del canon sean trasladados directamente a las comunidades campesinas resultan inciertas. Aún así, para este caso el canon de Las Bambas recién empezaría a pagarse en el 2020 o 2021, dependiendo del precio del cobre.

Hemos observado en la cobertura mediática varias interpretaciones del porqué de este conflicto. Consideramos que es relevante evidenciar cuáles son las preocupaciones de los líderes y voceros de las comunidades involucradas, y la priorización que estos le dan al pliego de pedidos. Más allá de evaluar cuáles de los pedidos son legítimos, o si es válido interrumpir una vía para lograr la atención del Estado, queremos evidenciar que estamos ante un conflicto con múltiples actores que no poseen una agenda común (dada la dispersión de las causas priorizadas). Un conflicto centrado principalmente (por el momento) en la disputa de rentas y recursos económicos, más que en uno post extractivista.