La lenta agonía del Archivo General de la Nación

La crítica y realmente desesperada situación que vive el Archivo General de la Nación, en lo que respecta a los millones de documentos de la etapa republicana, parece no tener cuándo acabar. Desidia, ignorancia, descuido, desinterés, incompetencia son algunos de los términos que –con benevolencia– podríamos utilizar para calificar las acciones que los “responsables” han tomado en los últimos días.

Es cierto que el enfrentamiento y la disputa por el uso de los espacios que albergan a ese legado documental, entre el exigente Ministerio de Justica y el desentendido e incapaz Ministerio de Cultura, no son nuevos: pero sí parece que la sentencia de muerte está dada por un pleito entre dos entidades del Estado que lejos de proteger, defender, custodiar, se han enfrascado en un sinfín de acciones erráticas que deben ser denunciadas y sancionadas. No parece posible comprender que sea el Estado el que lucha contra el propio Estado, en detrimento de un valor supra institucional, como es el de un Archivo Nacional.

¡Cuánto se soñó con que la fecha emblemática de 2021 nos acercara a la realización del añorado proyecto de dotar al AGN de un local adecuado! Un local que fuera construido especialmente para ese fin y con el decoro y tecnología que merece la memoria de un país rico, riquísimo en historia, pero carente de comprensión del valor de ese legado y ajeno a los sentimientos de patriotismo respecto a su propio pasado. El Estado había adquirido ya un terreno, y aún hoy el proyecto sigue siendo un sueño que es más bien un mal despertar, pues los trámites, expedientes y demás etapas de un proceso de construcción tan especial, se encuentran estancados, amparados por la desidia, la irresponsabilidad y el desamor hacia lo nuestro.

Esta manera de ser de muchos, demasiados peruanos, merecería un análisis de tipo psiquiátrico porque no es normal, ni natural, la enorme vocación por despreciar lo propio en beneficio de lo foráneo, ni de desatender el conocimiento y protección a nuestras raíces lo que se da no solo en el ciudadano común sino, lastimosamente, en la mayoría de autoridades. Sin duda todo ello radica en una muy enclenque educación en la que valores como el patriotismo, civismo, respeto y responsabilidad no se encuentran entre aquello que se debe enseñar, motivar y practicar.

Y si esa realidad se observa, por ejemplo en la irresponsable actuación del Ministerio de Cultura que al momento de su creación, recibió como parte de su grandioso campo de acción, la administración, custodia, conservación y servicio del acervo documental de la Nación y no obstante ello, la despreocupación del sector ante ese legado es incomprensible, culposo e irresponsable, máxime cuando se hizo oficial que la ministra de Cultura había suscrito un acuerdo con el presidente del Poder Judicial y que desalojaría los millones de documentos que se conservan en un espacio del Palacio de Justicia. ¡Vaya “justicia” la nuestra!, cuando se atenta contra la propia historia y cuando una de las partes asume el ser juez y parte y la otra, guarda silencio e inacción!

Se afirmó que todo el acervo documental sería trasladado a un almacén industrial como que si los documentos fueran material de simple embalaje y transporte; como si se pudiera encerrar los testimonios documentales de nuestra historia en un depósito; como si se tratara de bienes que se pueden manipular y encajonar sin asumir el riesgo que esas acciones conllevan. Cabe recordar que desde 1942, el espacio “en litigio” es compartido y el AGN tiene por lo tanto derecho y obligación de defenderse y de exigir las condiciones indispensables para cumplir su cometido y ello, si bien pasa por tener un espacio propio y digno, no puede implicar aceptar la prepotencia del sector Justicia ni la desidia de Cultura, aunque ya nos podría parecer habitual una conducta así.

Bien dicen los expertos que los dos mas grandes riesgos de un archivo son el incendio y la mudanza y si a ello agregamos una mal deseada y poco técnica mudanza, estamos ante una situación gravísima que se agudiza porque los documentos podrían quedar bajo la responsabilidad de un tercero, es decir, de aquel que le daría al Ministerio de Cultura, el “servicio” de depósito o almacenamiento.

Quizá se ignora que los archivos no son “depósito” de papeles viejos; son instituciones que, al ser responsables por custodiar la memoria escrita, deben permitir que esa historia se conozca, se estudie y divulgue; al margen de ello, se trata de una cantidad de documentos que son requeridos diariamente por ciudadanos que deben recurrir a esos fondos materiales para gestiones de las más variadas características.

En la actualidad y no es la primera vez que historiadores, estudiosos y público interesado levanta su voz de alarma y de protesta por esta nueva agresión e indolencia ante nuestro patrimonio, exigiendo no solo el respeto indispensable, sino la implementación de un espacio adecuado, es decir un auténtico local para el Archivo General de la Nación pues lo que se pretende en este momento, atenta no solo contra los fondos documentales sino que va contra todas las normas vigentes de manejo y custodia de documentos que deben ser preservados y es necesario garantizar la adecuada accesibilidad de los usuarios.

Me permito incluir algunas líneas del comunicado que ha hecho la Academia Nacional de Historia cuando señala: “Los documentos históricos que custodia el AGN pertenecen a todos. Que se firme un acuerdo acatando un fallo judicial que contraviene el principio de imparcialidad, al generar un beneficio para la misma entidad que realiza el dictamen, es arbitrario e injusto.” Y concluye con una frase lapidaria y tristemente real: “El hecho de que nuestro patrimonio documental esté amenazado por las mismas instituciones llamadas a conservarlo… no puede dejarnos indiferentes”

Una vez más, el débil, el desprotegido, el vulnerable desde el punto de vista del patrimonio cultural, recibe la agresión de las autoridades “competentes”, término que solo puedo utilizar en cuanto a lo que dice la norma, pero que en nada representa el compromiso real que debería tener la autoridad respectiva que, no solo afecta ahora al acervo documental, sino que insiste en generar un cambio en la Ley General de Patrimonio Cultural que es profundamente atentatorio contra ese mismo patrimonio.

La pregunta se desprende por sí sola ¿estamos tan enfermos los peruanos que odiamos –hasta el nivel de querer destruir– lo que nos vincula con nuestro pasado? Conocer, potenciar y difundir nuestra conciencia histórica y desarrollar santo orgullo hacia lo propio es tarea de todos pero, principalmente de quienes ostentan cargos públicos que los obligan a ello.

La población debe conocer la importancia de los archivos, la singularidad del AGN y saber que en el acervo documental de una Nación, se encuentra en gran medida el sustrato de nuestra propia identidad y recordemos que el patrimonio cultural es siempre único y es de todos, por lo tanto, defenderlo, es defender nuestra propia identidad, protegiéndolo, en este caso, de actos de barbarie oficial.