La hospitalización en psiquiatría y el consentimIento informado

El rol de la psiquiatría en la promoción de la salud mental —además de la prevención, curación y rehabilitación— atraviesa por un gran debate a nivel mundial. Una polémica intensificada por el auge de los desajustes del comportamiento frente a los vertiginosos cambios que operan en la sociedad contemporánea, como las migraciones, la multiculturalidad, la pobreza, la exclusión y la conflictividad social, entre otros aspectos.

El debate tiene enorme carga ideológica y política, producto no solo de corrientes anti psiquiátricas, sino de aquellas vinculadas a las relaciones de poder —como se explica en Vigilar y castigar de Foucault— y hasta a las soluciones comunitaristas. Sin embargo, la falta de unanimidad en las vías de solución plantea la discusión del rol de la ciencia en la psiquiatría contemporánea.

La realidad nacional plantea una serie de problemas de salud mental que deben ser cubiertos para satisfacer la demanda de la población. El fortalecimiento de los hospitales psiquiátricos aún es necesario en nuestro país, a contracorriente de experiencias internacionales que han avanzado hacia la deshospitalización del paciente psiquiátrico. La fragmentación y segmentación de la salud se refleja en la desarticulación de la red de servicios de salud mental y la persistencia de brechas de médicos especialistas en psiquiatría.

Además, es necesario acercar los servicios de salud mental y de especialistas en psiquiatría a la población. El Perú ha optado por la creación de los Centros de Salud Mental Comunitarios, que requieren cada día mayor inversión (sobre todo en las zonas más alejadas y pobres), sin descuidar la creación de unidades de hospitalización de salud mental y adicciones. Se ha puesto en agenda el rol de la la Atención Primaria en Salud en las estrategias de intervención en los determinantes económicos, sociales y culturales, y la promoción de la salud mental en las comunidades.

Asimismo, se debe avanzar en redefinir el rol de los establecimientos de salud en el marco de la creación de las Redes Integradas de Salud (RIS) frente a la demanda de los usuarios, y para garantizar la accesibilidad de los fármacos en general (incluyendo a los de uso en psiquiatría) a través de mecanismos fáciles, no discriminatorios y en modo universal. También se debe adecuar el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME).

El énfasis en la salud mental es de data reciente. Los funcionarios del lustro humalista apostaron por la etiqueta ideológica de los hospitales como “centros de tortura y encierro”. No les asignaron recursos suficientes para que funcionen en modo óptimo. Se trasladó a los usuarios el financiamiento y provisión de servicios de salud mental. Además, con la idea sobre las dolencias psiquiátricas como no cuantificables ni estandarizables, los seguros médicos no las cubren. Ha representado una enorme lucha lograr que por lo menos la depresión fuera incluida. El resto de enfermedades, cuyos tratamientos son onerosos, corren por cuenta de los propios pacientes.

La ideología pretendía, además obligar, de manera contraria a la ley vigente, a que solo el propio paciente otorgue el consentimiento informado para su internamiento, sin tomar en cuenta la opinión de la familia. Es obvio que cuando existe conciencia de enfermedad esa exigencia es sencilla y de rutina. Sin embargo, en los casos en que no existe conciencia de enfermedad, como ocurre con la mayoría de los adictos, la negativa es la consecuencia lógica. Esta negativa obligaría a la familia a hacerse cargo de “su adicto”, con la exoneración de la responsabilidad del Estado. El adicto roba y maltrata —en casa, a sus vecinos, al barrio— y genera inseguridad social y delincuencia. Se rompe la familia y los más pobres son los más perjudicados. Se incrementa la exclusión social.

Las normas que reafirmen el rumbo en el modelo de los Centros de Salud Mental Comunitaria y de las Redes Integradas de Salud (RIS) están pendientes de aprobación en el Congreso de la República. Es necesario fortalecer el rol del Estado en la promoción de la salud mental y en la provisión de los servicios en cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, así como el fortalecimiento de los servicios de hospitalización públicos y privados, la defensa de la familia y la comunidad, y la creación de espacios saludables para la convivencia.