La función policial en la democracia peruana

En medio de una crisis de inseguridad sin precedentes, la función de la Policía Nacional del Perú se encuentra en el centro del debate público. La criminalidad, el miedo y las tensiones sociales moldean una realidad cada vez más compleja, donde las demandas ciudadanas oscilan entre la protección de derechos fundamentales y la necesidad de medidas contundentes para garantizar el orden público.

El Perú enfrenta una crisis de inseguridad ciudadana que ha permeado la vida cotidiana, generando un ambiente de temor que no distingue clases sociales ni zonas geográficas. Según estadísticas recientes, la percepción de inseguridad alcanza el 81% en Lima, una cifra alarmante que refleja la desconexión entre las políticas públicas y las expectativas de la población. Robos, asaltos y actos de violencia han transformado las calles en escenarios de incertidumbre constante.

A esta problemática se suma la llegada masiva de más de 6.5 millones de migrantes venezolanos a la región, muchos de ellos al Perú, en busca de protección y mejores oportunidades. Si bien su presencia enriquece la diversidad cultural y contribuye al dinamismo económico, también plantea desafíos adicionales para los sistemas de seguridad y convivencia en un entorno ya tensionado.

La Policía Nacional del Perú tiene un mandato dual: proteger a la ciudadanía y garantizar el orden público. Sin embargo, este balance es especialmente difícil de mantener en el contexto actual. Por un lado, se exige una actuación que respete los derechos humanos; por otro, se demandan respuestas rápidas y firmes que, en algunos casos, pueden derivar en actos de represión desmedida.

La diversidad interna dentro de la institución policial complica aún más la situación. Estudios académicos han identificado la existencia de "multiplicidad de sujetos" y "formas de realizar el trabajo policial", lo que da lugar a una fragmentación en las respuestas operativas frente a los problemas de seguridad. Esta falta de uniformidad, a su vez, reduce la confianza ciudadana en la capacidad de las fuerzas del orden para actuar de manera efectiva y coherente.

En una democracia, la formación de la policía es crucial para garantizar que sus acciones sean proporcionales, legítimas y alineadas con los principios de un Estado de derecho. Sin embargo, la capacitación actual parece insuficiente frente a la magnitud de la crisis. Se requiere una inversión seria en investigación y formación policial, que permita a la institución adaptarse a una realidad cambiante y responder de manera adecuada a los retos contemporáneos.

Además, es fundamental fomentar la colaboración entre la policía y la ciudadanía. Esta relación no solo fortalece la confianza mutua, sino que también promueve una acción conjunta frente a los problemas de seguridad. Las políticas públicas deben priorizar estrategias integrales que combinen el fortalecimiento institucional con iniciativas comunitarias, reconociendo que la seguridad es una responsabilidad compartida.

Superar la crisis de inseguridad en el Perú requiere mucho más que acciones policiales aisladas. Es necesario entender la seguridad como un concepto multidimensional, que abarca no solo la ausencia de delitos, sino también la creación de condiciones para que las personas puedan vivir con dignidad y tranquilidad.

Para avanzar, es crucial repensar la seguridad como una construcción colectiva, en la que la policía, el Estado y la ciudadanía trabajen de la mano hacia un futuro más seguro y equitativo. Sin embargo, este objetivo no puede alcanzarse si por encima de las necesidades de seguridad priman los intereses políticos de destituir al ministro del Interior, desviando la atención de las verdaderas reformas estructurales que requiere el país.