La factura del chavismo

Nuestra historia demuestra que el ejercicio de la democracia en el Perú dista mucho de los cánones establecidos en los países desarrollados. Cada cierto tiempo entra en crisis; sin embargo, seguimos. Algunos señalan que el poder político se consolidará en tanto y en cuanto la economía se recupere prontamente, de lo contrario, el ruido de la calle se empezará a exacerbar y demandará resultados. 

La luna de miel que las circunstancias políticas le han otorgado al Ejecutivo le permite gobernar casi con poderes absolutos hasta la instalación del nuevo Congreso, a elegirse el 26 de enero del 2020. Empero, estos cuatro meses serán trascendentes para que el gobierno revierta la inejecución del presupuesto y empiecen a sentirse los resultados positivos que no se han logrado, no obstante la aprobación que le otorgara el anterior Congreso de la República a los sucesivos presupuestos generales presentados por el Ejecutivo. En adelante, la responsabilidad de la reducción de la pobreza, de propiciar las condiciones que hagan posible generar empleo productivo y de promover las inversiones recaerá en absoluto en el Ejecutivo. Esperemos que la “miel de las calles” no se torne prontamente en hiel.

¿Qué hacer ante los hechos consumados? El debate constitucional acerca de la legalidad de lo acontecido no concita mayor interés en la ciudadanía. Percepción o realidad, el Congreso anterior cargó con la imagen de obstruccionismo, en consecuencia, eran los responsables de no permitir el avance del gobierno. Ahora, las circunstancias han cambiado, máxime si el sector político que representa a los grupos estatistas —el comunismo de izquierda— fue el operador político para otorgarle cariz de constitucionalidad al cierre del Congreso.

¿Cuál será la factura que pagará el Perú por al apoyo de la izquierda al gobierno? Durante años, por calles y plazas, los movimientos procomunistas, hoy encabezados por la Venezuela de Maduro, han reclamado el cambio de la Constitución, sobre todo, del capítulo económico. ¿Por qué? porque desean volver a sorprender a la ciudadanía con el argumento de reservar para el Estado algunos “sectores estratégicos” de la economía. Cuando se pregunta ¿cuáles son esos sectores estratégicos?, la lista resulta interminable. Ahora, le daremos un espacio a la educación, pero trataremos posteriormente otros temas:

Estratégica es la educación porque garantiza una mejor formación para las futuras generaciones. Ergo, el eslogan de campaña que emplean los estatistas es “la educación debe ser gratuita”. En otras palabras, no debe haber educación privada o, en todo caso, debe ser marginal. Resultado de la afirmación falaz de que la educación es gratuita, tenemos la peor calidad educativa de todo el continente. ¿Es así como piensan algunos que se garantizará mejor calidad de vida para las futuras generaciones? Sin una buena formación en la educación básica (inicial, primaria y secundaria), pretender una educación superior de calidad se convierte en un simple instrumento de campaña. La mejor comprobación de que los dirigentes de izquierda no creen en la educación pública es que nunca matriculan a sus hijos en dichas escuelas. Antes de votar por ellos, analiza las contradicciones existentes entre lo que dicen y hacen.

Nada es gratis, alguien siempre paga la factura. Y muchas veces es el Estado, a través de los impuestos que cobra a los ciudadanos, casi siempre muy por encima a la calidad de los servicios que brinda. O los paga directamente el ciudadano, optando libremente por el servicio privado que más le convenga.