La extrema izquierda fracasa en Lima

Los extremistas no lograron su objetivo máximo: que con todos los focos de atención nacional e internacional, corran los ríos de sangre que pregonó y sigue pregonando el antisocial Aníbal Torres. Sin embargo, han hecho daño y, hoy más que antes, el conflicto está aún lejos de asomar una salida política civilizada que no afecte el marco institucional.

¿Por qué es importante que no se quiebre la institucionalidad? Porque es inaceptable que desde la violencia política, la sociedad peruana ceda al chantaje de los grupos extremistas de izquierdas. Estos grupos han tenido la macabra habilidad de mezclarse con los ciudadanos pacíficos que alcanzan con su protesta una diversidad de causas. Aunque en muchos casos se cuestione que la policía no haya defendido con suficiente eficacia, los responsables directos de tanta muerte violenta y tantos heridos, son aquellos que atacan a la autoridad: intentan destruir espacios estratégicos como aeropuertos, autopistas e industrias, saquean propiedad pública y privada, poniendo en riesgo la vida de custodios del orden y civiles que defienden estos espacios.

Desde funestos autodenominados “líderes de opinión”, que en múltiples oportunidades han ofrecido su inmoral y dudoso talento al mejor postor, pretenden confrontar “vida versus cosas”. De manera intencional, retuercen el análisis dejando de lado algo básico: cuando violentistas atacan infraestructura pública y propiedad privada, usando dinamita, huaraca, molotov y armas de fuego, amenazan la vida de quienes custodian esos espacios y entonces se presenta una disyuntiva de una vida versus otra vida. Es absurdo que se invoque el “respeto a la vida” sugiriendo que se permita la destrucción por parte de los extremistas mediante amenaza de la vida de los custodios, sin que nada debamos hacer para contrarrestar el ataque. Con ese razonamiento se hacen trizas los más elementales principios de convivencia en sociedad.

La dolosa y cobarde mimetización de violentistas entre manifestantes pacíficos ha tenido un tenebroso éxito: se estima que una buena parte de los fallecidos entre el fuego cruzado de agresores y defensores, son gente que no tenía que ver con la violencia iniciada por los agresores. Es el doloroso saldo que suele darse en este tipo de confrontaciones de altísima agresividad. 

Lamentamos profundamente las muertes, pero como principio, no debemos usar la violencia como arma de protesta política. La fuerza pública tiene la misión de mantener o recuperar orden y tranquilidad pública. La sociedad peruana hoy tiene muchos mecanismos de intermediación para hacer llegar nuestras demandas. Estas demandas no pueden quebrar la institucionalidad. Alcaldes y gobernadores regionales no están cumpliendo su rol. Se ha quebrado ese espacio y debe recuperarse con diálogo y apertura. Que se investigue las circunstancias de tan lamentables muertes y gran cantidad de heridos, algunos de gravedad entre las fuerzas policiales.

También debe investigarse y sancionarse la injerencia extranjera que propicia más violencia para aprovechar la promoción de minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico. Esperemos que pronto todos los concernidos seamos capaces de sentarnos a dialogar. El extremismo de izquierdas disfrazado de falso indigenismo, que está en el origen de esta grave escalada de violencia, debe ser derrotada.

Casi nadie terruquea automáticamente o sin sustentar su punto. Algunos aprovechan para confundir. Pero es evidente que quemar oficinas públicas, destruir aeropuertos, lanzar dinamita, huaracazos o balas dum-dum no es protesta pacífica. Yo he sufrido el terruqueo siendo estudiante universitario en los 80s y también he sufrido amenaza contra mi integridad, mi vida y la de mi familia de despreciables y reales terroristas, en los ochenta como alumno y en los noventa como profesor. A mi no me la cuentan. Hoy es claro que la extrema izquierda aprovecha la protesta popular y hasta amenazan la vida e integridad de ciudadanos que no están de acuerdo con sus causas políticas. Me enfrenté a ellos en su momento y lo volvería a ser si fuera necesario.

Ese falaz mensaje étnico indigenista, tan cercano a una suerte de fascismo andino, es profundamente racista y debemos rechazarlo. No sólo somos andinos. Yo soy wanka y moche. Pero también soy vallisoletano, con trazas de afro y cantonés. Ese encasillamiento y segregación son perpetrados por personajes nacionales y extranjeros que despliegan una penosa parodia de Mussolini en los Andes. Todas nuestras raíces forman parte de nuestra identidad. Es imperativo rechazar la discriminación fascistoide andina y hacer valer el hecho que en el Perú tenemos un crisol de "todas las sangres". Las diferencias propias de tal diversidad deben procesarse en paz y no con violencia.

Se dice que la violencia viene de ambos lados y que muchos están generalizando, asociando a los manifestantes con la extrema izquierda. Se dice también que somos una sociedad fragmentada y que ello tiene raíces que no son recientes, sino que se remontan siglos atrás. En buena parte es cierto, pero debemos hacer una digresión. Hay que diferenciar. El estado ejerce fuerza pública legítima para restaurar el orden. Los casos luctuosos serán investigados uno a uno, hay garantías para esa investigación. Se sancionará lo que corresponda. Pero, por definición y como parte del contrato social, el uso de la fuerza por el Estado es legal y legítima.

Lleva mucho tiempo resolver la fragmentación que afecta a nuestro Perú. Pero debemos empezar lo más pronto posible y sin atender a aquellos que consideran a la violencia como "partera". Quienes sistematizan la violencia como método y práctica siempre han estado allí. Es propio de la naturaleza humana más primitiva. Debemos proscribir la violencia como instrumento político, en eso se hace urgente que tengamos todos un acuerdo consensual para una sociedad del siglo XXI que aspiramos ser.

Es evidente que ha habido excesos policiales. En Juliaca murieron 19 civiles en una jornada, pero al mismo tiempo hubo 40 policías heridos, uno está a punto de perder un ojo. Destruyeron parte del aeropuerto, pero no pudieron tomarlo. Una cantidad mayor a 2000 manifestantes atacaron con dinamita, huaracazos y armas de fuego. Se pone toda lógica de cabeza, cuando se victimiza a los atacantes y se estigmatiza a quienes defendieron el sitio cumpliendo con su deber.

Cuatro aeropuertos destruidos no pueden ser producto del azar. Es una operación concertada que no es de ningún modo parte de una protesta pacífica. Esos destrozos muestran organización delictiva y violencia sistemática. Respeto a quienes protestan pacíficamente, pero deploro y rechazo a todo aquel que use la violencia como arma política partidaria, pretendiendo imponer sus causas a sangre y fuego. Inaceptable. 

Debe sancionarse si se demuestra que hubo excesos. Pero no puede equipararse a la PNP y las FFAA con grupos violentistas que incluso actúan en algunos casos como fuerzas para-militares. Recordemos a Max Weber, que no es ni "facho" ni "extrema derecha" cuando define:

El Estado es la coacción legítima y específica. Es la fuerza bruta legitimada como "ultima ratio", que mantiene el monopolio de la violencia

Esto lo aplica el Estado tanto para cobrar impuestos, como para dar leyes, proteger la convivencia pacífica y mantener el orden público ¿Entonces?

Para terminar, un texto que encontré en redes sociales y vale la pena reflexionar al respecto: “Mientras el Sur se autodestruye y se hace cada vez más pobre, el Norte reluce y sigue creciendo con trabajo, producción y turismo. Cada quien es arquitecto de su propio destino” ¿Alguna hipótesis para explicarlo?