La entrevista a Verónika Mendoza

Una de las noticias que más ha circulado este domingo ha sido la entrevista de La República a Verónika Mendoza, la candidata de Juntos por el Perú. Me permitiré hacer algunos comentarios heréticos al respecto en las siguientes líneas.

En primer lugar, retóricamente, Verónika ha confirmado una impresión mía ya antigua: su soltura verbal en el plano fonológico es semejante a la de Vizcarra. Es decir, puede soltar con rapidez inusitada montones de sonidos. Claro está que supera al expresidente en el plano gramatical, pues sus errores de concordancia sintáctica son menores. Sin embargo, comparte con él una pobreza de conceptos verdaderamente desoladora. Más allá de invocar una especie de grandísima transformación (pero que, líneas abajo, trata de camuflar como no tan grande para no asustar a la burguesía), de contornos gaseosos e indefinidos, su gran caballito de batalla es el cambio de constitución.

Dice que buscará un nuevo texto que “restituya la capacidad del Estado de planificar el desarrollo nacional, de fiscalizar y regular las actividades económicas, que reivindique la salud, la educación y las pensiones como derechos, porque la actual Constitución las concibe como mercancías o negocios que el sector privado debe proveer (…) Pero también hay nuevos temas y derechos que se deberían incluir en la nueva Constitución, entre ellos la centralidad del cambio climático y la protección del medio ambiente o el acceso a Internet”. En limpio estamos ante dos cosas: en primer lugar, una constitución que restablezca el rol distorsionador, burocrático e inevitablemente ineficiente que tenía el Estado peruano en la Constitución de 1979, y que permitió monstruosidades como la gestión económica del primer gobierno de Alan García, que aplicó una versión más moderada pero también catastrófica del programa económico de Izquierda Unida, el ancestro inmediato del de Mendoza. Y, en segundo lugar, perseverar en la vieja tradición declamatoria de nuestras doce constituciones anteriores. O más seguramente, llevarla a un paroxismo involuntariamente cómico al multiplicar “derechos” imaginarios que comprometerían al Estado en exigencias inaplicables y risibles.

Pero este vacío en cuanto a propuestas reales se hace más claro en la que es, según ella, la propuesta “en la que han puesto mucho énfasis”: la “segunda reforma agraria”. ¿En qué consiste? Pues nada más ni nada menos que en “la institucionalización de un gabinete de desarrollo rural y agrario dirigido por la propia figura presidencial”. Es decir, multiplicar entes sin necesidad con funcionarios, consultores y burócratas sagrados de la PUCP para emitir declaraciones insustanciales, papelería varia y reglamentos controladores contraproducentes. Si esa es la propuesta con “mayor énfasis”, ya nos podemos dar cuenta de cómo será el resto de su programa de gobierno.

Es bastante reveladora, asimismo, la respuesta de Verónika a una aguda pregunta de Enrique Patriau, en la que este le dice que, según una encuesta del IEP del mes pasado, del 48% de la población que quiere cambiar la constitución, “el 74% pedía penas mayores para delincuentes y corruptos; y el 25% fortalecer los valores familiares tradicionales y la tradición católica; el 23% promover la inversión privada”. Verónika responde que “es comprensible la indignación de la gente que se traduce en una demanda de sanciones más fuertes para corruptos y abusivos”. Pero luego, en otra parte, sostiene que haría una reforma policial para evitar que “se sigan cometiendo abusos, represión y criminalización excesivas”. Es decir, el mismo rollo abolicionista, garantista y prodelincuencia de la izquierda posmoderna global se yuxtapone con intentos de simular una “comprensión de la indignación” de la población contra los criminales.

Más interesante aún fue la respuesta a la repregunta de Patriau sobre si las demandas de los sectores que piden la nueva constitución podrían acabar generando una carta magna más conservadora que la de 1993: “No, porque en la medida que haya un debate con la ciudadanía, iremos desentrañando la raíz de cada uno de los problemas para identificar los cambios estructurales que se necesitan”. Parece que Verónika está absolutamente segura de que podrá “reeducar” a la mayoría conservadora del Perú. En ese contexto, inquieta su preocupación con lo que llama “el avance de ciertos discursos conservadores, autoritarios, anticientíficos que ganan terreno en la sociedad”. ¿Anticientíficos según quién? ¿Según la mayor negadora de los principios básicos de la economía que existe en el Perú y la mayor defensora de extravagancias sin fundamento como el transgenerismo y el aborto libre? ¿Discursos autoritarios quizás como los explícitamente proestalinistas de Patria Roja, su aliado en Juntos por el Perú? 

Finalmente, esta entrevista me confirma una impresión que tenía desde hace tiempo. El electorado de Verónika es prestado. Lo revela la desconexión entre sus ideas y lo que exigen quienes ella dice representar expresada en esta entrevista.

Resulta revelador comparar, para hacerse una idea de esta tendencia, los resultados de la izquierda en 2016 y 2020 en su supuesto bastión de Arequipa. En 2016 el Frente Amplio tuvo 22.04%; pero en 2020, la izquierda dividida sacó 6.72% (Frente Amplio) y 1.8 % (Juntos por el Perú). ¿A dónde se fue el porcentaje restante? Pues al antaurismo de UPP, que fue la lista más votada en Arequipa, con 15.65%. Parece que el grueso del electorado de la izquierda posmoderna no es en verdad izquierdista sino nacionalista, conservador en lo moral y militarista, y que vota por las candidaturas de izquierda en la medida en que cree que estas representan estos valores. Pero Verónika quizá sea, junto con Julio Guzmán, quien más se aleja de ellos: su apoyo a una nueva cuarentena (sumamente impopular entre los sectores más desfavorecidos), su abolicionismo, su amor a la burocracia y su “progresismo” social reflejados en esta entrevista así lo revelan. Y esto nos muestra cuál es su verdadero punto débil: que sus potenciales electores en el sur andino la descubran tal y como realmente es.