La Declaración de 1789 y el orden social

Siguiendo las entregas anteriores, vimos cómo, finalmente, el sector secularista de los constituyentes del 89, apoyados por los protestantes, terminó por imponerse sobre el sector católico en la redacción de la “Declaración de derechos del hombre y del ciudadano”, ante la falta de unidad de acciones y estrategia de estos últimos. Por ello, para 1791 la respuesta papal no se hizo esperar más.

El 10 de marzo de 1791, el Papa Pío VI vio publicada su encíclica Quod aliquantum, donde además de condenar la normativa relacionada a cuestiones eclesiásticas (como la aprobada Constitución Civil del Clero, que fracturó la unidad católica francesa al formarse un bando “fiel a Roma” y un bando “constitucional”, sujeto al Estado francés) condenaba indirectamente el nuevo ordenamiento jurídico de derechos del hombre. Si bien es cierto que los críticos de la Iglesia Católica suelen sacar de la galera la famosa cita de Pío VI en la que afirmaba que “considerar a todos los hombres iguales y libres era contraria a la razón y a la doctrina católica” (como si estuviese en contra de algo tan elemental), esto hay que precisarlo, en honor a la verdad. Fue enunciado de tal modo, pero para criticar “la igualdad y libertad” que tienen los hombres desde el poder político, para manipular a su antojo cualquier cuestión o asunto de índole religioso.

Esa encíclica avivó las fuerzas de quiénes se resistían a ver morir el antiguo régimen, ya que lo relacionaban intrínsecamente con el orden social cristiano. Por esos años, tanto el Giornale ecclesiástico di Roma, periódico creado para que las noticias de índole eclesiástica provenientes de la curia romana llegasen al público seglar, como el Nuovo vocabulario filosófico democrático de Lorenzo Ignacio Thjulen fueron difundidos ampliamente para dar inicio a una decidida batalla cultural.

Con la llegada de Pío VII la cosa no varió. A la vuelta de su confinamiento ocasionado por obra de Napoleón Bonaparte, en 1814 redacta Post tam diuturnas, donde critica nuevamente los presupuestos que sostienen los derechos del hombre ratificados por el Senado francés de ese año, yendo a la par con la labor del vizconde Louis de Bonald. Este último había escrito Théorie du pouvoir politique et religieux, mientras formaba parte del ejército contrarrevolucionario del príncipe de Condé, publicando después la extensa Législation primitive, destinada a socavar los principios de la Declaración del 89.

De Bonald sostenía que dicha declaración se mantenía “inconclusa”, porque aún no se redactaba la Declaración de los Derechos de Dios, que debía ser su corolario y garantía. No está de más recordar que De Bonald fue un entusiasta colaborador de los tratados firmados por la llamada Santa Alianza, que reunió bajos principios cristianos y decididamente antiliberales a los imperios de Prusia, Austria y Rusia, entre 1815 y 1880.

También tuvieron una gran circulación por Francia y parte de Europa, las revistas L´ami de la religión, Anales de philosophie chrétienne y Causeries du lundi, donde se publicaron numerosos artículos que relacionaban religión y política, en pos de “restaurar el orden social cristiano”, ante el aumento de teólogos y políticos católicos que empezaban a ver con buenos ojos las llamadas “libertades modernas” (como el teólogo Leon Godard, el jesuita Carlo María Curci, fundador de la Civilta católica, Charles Forbes conde de Montalembert y el obispo de Orleáns, Felix Dupanloup).

Pero, ¿en qué consistía dicho orden social y cómo era interpretado por aquel entonces? (continuará)