La corrupción

Ninguna circunstancia política en los dos últimos siglos de vida republicana se parece en absoluto a la que estamos viviendo los peruanos con el gobierno actual. La organización política de nuestro país se ha basado siempre en la separación de poderes, estableciendo las competencias de cada uno de ellos. Las reglas de juego son las consagradas en nuestra Constitución y en nuestras leyes. No se ha legislado, por lo tanto, para defendernos contra el asalto al poder y el autoritarismo consecuente. No consideramos necesario prever un escenario como el que se está presentando. Eso explica la ausencia de normas o tipos penales que nos hubieran permitido una acción defensiva efectiva contra el abuso del poder. Un ejemplo de nuestra omisión es el art 117 de la Constitución que enumera las causales de vacancia de un presidente, pero no considera la corrupción como una de ellas. 

Una organización criminal requiere, ante todo, reclutar a sus miembros y organizar todas las áreas que hagan posible sus delitos. Este concurso de voluntades necesita los actores adecuados para concretarse, necesita la planificación que permita resolver los escollos que se encuentren en el camino y, sobre todo, necesita escoger el objetivo de la rapiña. No sería posible culminar el latrocinio y llegar al botín sin que la organización cuente con la disponibilidad de los recursos.

En los casos de obras en pequeños distritos del interior del país, para la corrupción era necesario  tener la “llave de la bóveda”; es decir, aprobar y designar los presupuestos desde el Ministerio de Economía, en coordinación con el titular del sector. Y también lograr un manto de impunidad política para evitar todo intento de investigación. El decreto que permitió habilitar los fondos a ser utilizados en los distritos cajamarquinos de Anguía y Tacabamba fue promulgado por el ministro de Economía de entonces. El plan se estructuró en un par de ministerios, y luego se procedió a transferir los fondos a dos alcaldes cómplices, en aparente contubernio con empresas de fachada.

Para lograr la impunidad era además necesaria la complicidad de algunos congresistas que blinden a los responsables de esta corrupción, que se nieguen a investigarlos. Estos sujetos pretenden seguir disfrazados de congresistas o padres de la patria, cuando en realidad son cómplices indispensables en la corrupción. Su omisión permite que este tipo de delitos se siga cometiendo. Ellos tienen que ser llamados por nombre propio (y no solo como “niños”) y bajo ninguna circunstancia escamotearse en el anonimato.

Los peruanos estamos siendo demasiado ingenuos. Están robando nuestro futuro a costa del pueblo, y en nuestras narices. La Fiscalía debe encausar inmediatamente a esos malos congresistas, por ser responsables directos de proteger la aparente corrupción, y de evitar la vacancia o la suspensión del presidente. Se ríen de nosotros, de la necesidad de los 87 votos, que saben que son imposibles de alcanzar. La Fiscalía es apolítica, su deber es perseguir el delito y desenmascarar a los responsables. Los que vulneran la ley deben ser detenidos y suspendidos inmediatamente en sus funciones parlamentarias o ejecutivas. Es hora que la Fiscalía haga su trabajo. 

Finalmente, el llamado del Ejecutivo a la guerra civil, a través del primer ministro, es un delito de apología a la violencia. Y es difamatoria la afirmación de Castillo de que en la Fiscalía y en los juzgados se compran colaboradores para acusarla a él sin fundamentos. ¿Acaso los peruanos no hemos sido testigos de cómo en Palacio se protegió a una fugitiva de la ley? 

Las personas decentes de este país somos mayoría. ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar avasallar? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos roben el futuro, la esperanza? Las fuerzas del bien tienen que ganar; la hora de defendernos ya llegó. Si hasta ahora hemos fracasado al tratar de defendernos políticamente, pues es hora de hacerlo judicialmente. Sería una cobardía mayúscula que un puñado de personas destruyan nuestra patria y nosotros lo permitamos. Si una sociedad no persigue el delito, no merece ser protegida en sus derechos. Y la dictadura y el totalitarismo habrán matado nuestra libertad.