Izquierda: inepta y corrupta

Las izquierdas latinoamericanas –entre las que se encuentra la local– se han caracterizado por su ineficacia en el ejercicio del gobierno. Y no han estado exentas de cometer actos de corrupción; recordemos que en el Perú apoyaron entusiastamente a: Velasco Alvarado, Alan García (primer gobierno), Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Susana Villarán, PPK, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, y, ahora, al actual gobierno. Sin embargo, han sido hábiles para generar una narrativa exculpatoria de sus engaños y fraudes.

La más espectacular de todas sus mentiras es afirmar que estuvieron alejadas del poder durante 200 años. Recientemente, el fundador del partido de gobierno ha tomado distancia del Ejecutivo afirmando que su dinámica organización del centro no está gobernando porque habrían sido excluidos para dar pase a lo que denomina “gobierno de caviares”. Quizás, preparando el terreno para su prematura candidatura al 2026, cuando dirán “205 años sin gobiernos de izquierda” para pretender una vez más mantenerse en el poder.

Lo cierto es que las izquierdas siempre se auparon al gobernante de turno para beneficiarse económicamente. Y cuando dichos gobiernos languidecían, inmediatamente marcaban distancia para afirmar que no se ejecutaron sus planteamientos; por lo tanto, tenían derecho a una nueva oportunidad en el ejercicio del poder. De esta manera, elaboran para cada nuevo proceso electoral un relato reivindicativo, “la lucha contra la marginación de los pobres”, “el chorreo es insuficiente” (para denigrar el sistema de generación de riqueza que redujo la pobreza de 60% a 20% de la población antes de la pandemia), “los excluidos a quienes se debe incluir” y demás frases.

Contrariamente a lo afirmado, las izquierdas siempre buscaron detener el proceso de inclusión de los más pobres, porque saben que perderían su electorado, sin pobres su proyecto fracasa. Por eso retrasaron el desarrollo de Camisea durante 21 años. Si no se hubiese perdido ese valioso tiempo, quizás hoy los pobres de las zonas altoandinas ya tendrían gas natural proporcionándoles calor en sus viviendas.

También, las izquierdas suelen afirmar que la recaudación como porcentaje del Producto Bruto Interno es insuficiente, comparada con las de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). Pero olvidan señalar que todos los países miembros de la OCDE promueven políticas de libre mercado para impulsar el crecimiento económico. En consecuencia, se requiere respetar la propiedad privada y promover el ahorro interno. Sin ellos no hay capital para invertir, y sin inversión no hay empleo ni reducción de la pobreza, tampoco mejora de la calidad de vida. 

Por lo tanto, cuáles podrían ser las verdaderas intenciones de quienes promueven el incremento de las tasas impositivas, ¿convertir al Perú en un país desarrollado? Pero, si ninguno de los gobiernos de izquierda –a los cuales son ideológicamente afines los comunistas/socialistas locales– pertenecen a la OCDE. La propuesta izquierdista de incremento de la recaudación tributaria tendría una única finalidad: disponer de mayores recursos para conseguir algunos de sus objetivos políticos, como podría ser la convocatoria a “Asamblea Constituyente” para… ¿perpetuarse en el ejercicio del poder? No lo sabemos. Y todo ellos cuando deberían orientar la estructura del Estado para luchar efectivamente contra la pobreza mediante la recuperación sostenida y creciente de la economía.

¿Qué podrían hacer si –como dicen– quieren que el Perú sea parte de la OCDE?

Ampliar la base tributaria, proporcionando DNI electrónico a todos los mayores de 18 años, disponiendo que todos los comercios entreguen boleta de venta electrónica consignando el respectivo DNI. El incentivo para que el comprador solicite su comprobante provendría del otorgamiento de dos puntos porcentuales del IGV a su favor –los cuales serían incrementales, según la disponibilidad de la caja fiscal–, monto que sería depositado en una cuenta de capitalización personal en alguna AFP de elección del contribuyente. De esta manera, la ciudadanía contribuiría en la lucha contra la evasión, la reducción de la informalidad y la consolidación del ahorro interno.

Asimismo, con el DNI electrónico se puede cruzar información para saber si los programas sociales están atendiendo a quienes efectivamente lo requieren. Además se lograría rápidamente actualizar el padrón electoral y no habría necesidad de que más de 200,000 fallecidos se mantengan en calidad de electores hábiles y, quién sabe, sufragaron o sufragarán a favor de alguien. 

En el terreno político, se debería desechar la propuesta de imponer una asamblea constituyente que, según nuestro ordenamiento jurídico, es ilegal. En cambio, se debería proponer reformas como la instauración de un senado elegido en distrito electoral único, para fortalecer la visión de un Perú unitario.