Irracional actitud estatista en sector hidrocarburos

Es indubitable que la apuesta del Gobierno de Dina Boluarte es el estatismo en el sector hidrocarburos, entendido como otorgarle a Petroperú (PP) todo aquello que sea posible. En el corto plazo serán lotes productores en el noroeste peruano, específicamente en la región Piura, cuyos contratos vencen entre octubre de este año y mayo del próximo: lote I, V, VI/VII, Z-2B y X. 

El tema de los lotes petroleros cuyos contratos están por vencerse cumplirá en el 2023 seis años de discusión, y cuando la agenda estaba en la dicotomía: concursarlos o prorrogar la vigencia a los operadores actuales, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Oscar Vera, anuncia que se entregarán directamente a la petrolera estatal, la que no convocará a socio alguno porque, según su opinión, no hay mayor inversión que hacer. Una visión miope la del ministro. 

El debate sobre el estatismo del Gobierno de Boluarte, aunque tardíamente, ha encendido alarmas y se empieza a tratar con intensidad en los medios de comunicación, y tiene dos frentes: legal y económico-financiero, sobre los que hay que profundizar.

En lo legal, los estatistas invocarán el artículo 6 de la Ley Orgánica de Recursos Naturales (Ley 26821): “El estado es soberano en el aprovechamiento de recursos naturales. Su soberanía se traduce en la competencia que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos”. 

Los constitucionalistas citarán el artículo 60 de la Constitución de 1993: “Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. 

La discusión entre letrados continuará con el artículo 3 de la Ley 28840 (Ley de Fortalecimiento y Modernización de Petroperú) que lo autoriza retornar a la explotación de hidrocarburos, luego limitada por la Ley 30130 (Necesidad Pública e Interés Nacional del Proyecto Refinería Talara), con el condicional de que cuente con los fondos necesarios. 

Posteriormente la restricción fue levantada por la Ley 30357 (Complemento de la Ley 30130), que autorizó a la petrolera estatal a participar (asociado) en la explotación del lote 192. En resumen, se necesita una ley y no un decreto supremo para que PP se haga de los lotes del noroeste. Los juristas tienen la palabra para enmendarle la plana al voluntarista ministro Vera.

En el terreno económico-financiero la situación es más delicada aún. La visión gubernamental, que está pasando por encima del tecnicismo de Perupetro, es que no se necesita invertir. Esto significa: sigan explotando y resignémonos a la producción  declinante, de 34,000 barriles diarios (BD) que tenían los lotes del noroeste en el 2016 ahora se llega a duras penas 21,000 BD. 

Si no hay inversión con incentivos que van por el lado de regalías diferentes atadas a compromisos de inversión en técnicas de recuperación de pozos, la disponibilidad de crudo seguirá decayendo y la principal afectada será la propia PP, que ha configurado la Refinería Talara Modernizada para una mezcla de 34,000 BD de crudos ligeros de Piura y 61,000 BD de crudo pesado como el Napo de Ecuador. A menos crudos ligeros, la rentabilidad de Talara disminuirá. 

Este tipo de análisis, por supuesto con mucho más detalle es el que debe estar presente en las decisiones del gobierno, que por voluntarismo y creencias políticas va empeorar la situación de PP, donde dicho sea de paso están en una liberalidad irresponsable como el reciente pago de utilidades a los trabajadores basados en la declaración jurada del impuesto a la renta del ejercicio 2022 que les arroja utilidad en soles mientras que los estados financieros en dólares señalan pérdidas por US$ 278.1 millones.