Inseguridad: adaptarse o morir

Calles y carreteras del Perú ya no son nuestras, sino del hampa, y cada vez resultan más peligrosas. Aunque las estadísticas elaboradas por encargo y basadas en indicadores teóricos —como el número de denuncias—, digan lo contrario. Más allá de los aciertos en la materia y el aplomo que muestra la actual gestión ministerial, el crimen viene con ventaja, corriendo desde antes, sin reglas que respetar, con jueces y fiscales ¨amigos¨ y con capacidad de mutación y adaptación más rápida que cualquier respuesta. Al punto de que se hace imposible circular a pie o en auto durante una semana sin víctima, vecino o testigo de un acto criminal violento.

Los ciudadanos honestos venimos pagando a precio creciente la predominancia (desde los años sesenta) de la prédica utópica socialista tras el concepto fantasioso de culpa social difusa, por la deliberada intención malhechora del delincuente. Se requiere una aproximación integral a la materia para no repetir el costoso error que fue menospreciar al terrorismo, para evitar alarmar, qué tanta sangre y dinero nos costó.

Los tiempos han cambiado drásticamente, como he escrito antes, se hace imprescincible ampliar, mediante la aplicación de la ¨Doctrina del castillo¨ el reconocimiento legal a las facultades ciudadanas para ejercer la fuerza máxima en su legítima defensa dentro de los confines de su vivienda o propiedad legítimas. Por la misma razón, se hace también imprescindible dotar a la policía, debidamente identificada, de una mayor protección legal para el uso de la fuerza contra el delito violento flagrante, cuando el delincuente se niega a cesar su acción, rendirse y entregarse.

El ministro y los viceministros del Interior deberían dedicar a esta función la atención y el tiempo que merece, pero son inevitablemente atrapados por la vorágine diaria, por la propia naturaleza de la conducción política de la lucha contra el crimen. A ello se suma la obligación de enfrentar las respuestas violentas a la cómoda o cobarde inacción de todos los demás sectores, cuya alta dirección prioriza no hacer olas y sobrevivir en el puesto antes que cumplir a cabalidad la función que la patria les encomienda y por la cual se les paga.

Esa práctica recurrente, en los últimos años viene siendo compartido por el propio presidente de la República, lo que genera una justificada sensación popular y empresarial que resulta imposible de describir sin ser ofensivo a la función presidencial. Urge que el Congreso cree una posición encargada de la dirección estratégica y legislativa en materia de seguridad, inteligencia y defensa, con asiento, voz y voto en el Consejo de Ministros. Pero sin burocracia ni responsabilidad cotidiana, de modo que pueda dirigir los cambios en materia legislativa, organizativa, estrategia y coordinación multisectorial y con las fuerzas de seguridad de países amigos.

Solo los locos y los tontos esperan obtener resultados distintos insistiendo en repetir lo que no funciona. Ya que el enemigo ha infiltrado las filas de la ley, y todo cambio de personas será necesariamente lento, urge modernizar el marco legal para que el foco del accionar de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial este obligatoriamente dirigido a proteger a los ciudadanos y contribuyentes honestos, antes que a los malhechores. Parte de ese esfuerzo legislativo pasa, necesariamente, por la implementación legal de la “Doctrina del castillo”. Una tarea congresal por excelencia y que, una vez cumplida, devolvería parte de la confianza ciudadana hoy perdida.