Informalidad: qué es y qué hacer

A raíz de la pandemia, en nuestro país es un lugar común el tema de la informalidad. No porque sea un problema o fenómeno nuevo, pues nos acompaña hace muchos años, sino porque se le atribuye ser una de las causas principales del fracaso en la contención del Covid-19. Lo que sucedió es que se diseñó la estrategia sanitaria y económica ignorando o desconociendo totalmente la presencia de la informalidad. Un grave error. Cabe señalar que prepandemia tampoco se dio la atención que corresponde a la informalidad, no obstante que en nuestro país tiene niveles altísimos, que alcanza en el caso de lo laboral al 72% de la población económicamente activa (PEA); y en lo empresarial al 84% de las micro y pequeñas empresas (mypes). Porcentajes que deben haber subido como consecuencia del coronavirus a 80% y 90%, respectivamente. De los más altos a nivel mundial.

Al revisar las referencias recientes al tema de la informalidad escuchamos y leemos varias definiciones; al igual que algunas sugerencias para enfrentarla, todas insuficientes o inadecuadas, por decir lo menos. En este contexto es oportuno aclarar lo que debemos entender por informalidad en el ámbito económico, y sobre esa base precisar cómo manejar el tema. Para ello pensamos que nada mejor que detallar cuatro características centrales de la informalidad, interrelacionadas y de las cuales fluye qué hacer para reducirla y eventualmente eliminarla. Nos referimos a la carencia de registro, la exclusión financiera, la ausencia de títulos de propiedad y la muy baja productividad, presentes de manera horizontal en todos los sectores productivos –en unos más y en otros menos– a lo largo y ancho del país.

Efectivamente, el trabajador informal no tiene registro pues, no aparece en planilla si trabaja para alguna empresa (generalmente informal, aunque también formal) o porque es independiente. Como tal no tiene ningún beneficio social, sea compensación por tiempo de servicio (CTS), sistema de pensión ni gratificaciones de ninguna naturaleza, entre otros. La empresa informal tampoco tiene registro alguno pues no tiene RUC y, por tanto, no existe para la Sunat. Tampoco licencia de funcionamiento y, por ende, no paga impuestos, tasas, aportes o contribuciones. En su mayoría, si no todas, son mypes. Y esto es grave, pues ellas representan al 99% del universo empresarial. De estas mypes, actualmente solo el 10% son formales. 

Estos trabajadores y empresas calificadas como informales, por lo general, actúan al margen del sistema financiero, no utilizan sus servicios y menos son clientes crediticios de las entidades financieras, particularmente de los bancos. Esto explica el bajísimo nivel de bancarización que tiene el Perú, que no llega al 40%. Además, en los casos en que estos trabajadores o empresas tienen algún inmueble de seguro, no disponen del título de propiedad y, por tanto, ni siquiera pueden utilizarlo como garantía para eventuales préstamos. No son sujeto de crédito.

Por último, pero no menos importante, tanto los trabajadores como las empresas informales tienen bajísimos niveles de productividad; los primeros por su limitada educación y capacitación, y las segundas por el tipo de tecnología y escasa inversión en maquinaria y equipo moderno. Esto explica, no justifica, que estas empresas no quieran un “socio” no previsto; como es la Sunat, que se lleva –vía impuestos– una parte de lo que obtienen. O a operar sin licencia, por la demora y el costo de obtenerla; así como a no estar en disposición de contratar formalmente a los trabajadores, por el alto costo que conllevan los beneficios sociales incorporados, además de la dificultad y costo de despedirlos (de ser necesario). En el caso de los trabajadores, están dispuestos a laborar en estas condiciones por la necesidad de disponer de un ingreso. 

El Ejecutivo no ha considerado en la estrategia de salud y económica ninguna de estas cuatro características. Eso explica tanto las serias dificultades que enfrentaron los trabajadores y empresas informales para respetar una cuarentena de gran amplitud y duración, como la aplicada en el país. De allí su salida al mercado, no obstante la prohibición, también las dificultades para llegar con los diversos bonos a quienes efectivamente los requieren, y el no ser considerados como clientes en el programa Reactiva Perú, entre otros severos problemas. Todo ello ha coadyuvado a ubicarnos a nivel mundial como uno de los países con mayores muertes por millón de habitantes y con una de las caídas más fuertes del PIB, con los severos efectos negativos que esto último tiene sobre el empleo y la pobreza. 

La presencia simultánea, en casi todos los casos, de estas cuatro características hace muy compleja la atención de la informalidad de manera integral, como corresponde. Se requiere diseñar y ejecutar un conjunto de políticas y reformas profundas que vayan directo a la yugular de las causas de la carencia de registro, la exclusión financiera, la no disponibilidad de títulos de propiedad y la bajísima productividad. Nos referimos concretamente a la reforma laboral, tributaria, de la educación y a la reforma del Estado en sus tres niveles; en especial para eliminar trabas y barreras burocráticas. Y también para agilizar y simplificar los procesos y procedimientos para otorgar títulos de propiedad y licencias de funcionamiento, entre otras.

En el contexto actual de un Ejecutivo y Congreso de salida, pues les queda poco menos que un año, e inmerso el país ya en un periodo pre electoral, lo aconsejable es dejar estos temas a las autoridades entrantes, pues demandan mucho tiempo para ser analizados (al más alto nivel técnico) y decisión política para ejecutarlos, dadas las implicaciones a mediano y largo plazo que tienen. Pero debemos exigir a quienes aspiran estar en el Gobierno ser explícitos en lo que planean hacer para atenuar y eventualmente desaparecer la informalidad económica, laboral y empresarial en el país.