Informalidad: ¿cómo resolverla?

Hemos generalizado el término informalidad. Y por lo tanto, estereotipado a millones de personas, endosándoles a todos por igual un estatus común: no pagar impuestos, no cumplir las leyes, no ser parte activa del “contrato social” . El término tiene un carácter peyorativo, parecería que ser informal es sinónimo de ser un paria social, como si el hecho de no haber logrado la formalidad los volviera ciudadanos de segunda clase. Y olvidando que también son contribuyentes, pues en cada recibo de luz, agua o combustibles están pagando impuestos.

No ser sujetos de crédito y estar marginados de la legalidad resta oportunidades de crecimiento. La importancia y el gran problema de la informalidad radica en el altísimo porcentaje de personas involucradas, y el fracaso cada vez más notorio en los intentos de revertir esta tendencia. 

Se equivocan quienes buscan soluciones comunes para atacar a la informalidad. Para poder entenderla hay que sectorializarla y analizarla de acuerdo a cada realidad. Y ojo que no estamos hablando de ambulantes. Para algunos sectores, como la manufactura (que emplea tres millones de personas), la informalidad tiene que ver con la legislación laboral que encarece en 40% sus planillas.

Sin embargo esta condición no tiene ninguna importancia para los mineros informales. Para ellos según lo declaraba Hernán de La Cruz, presidente de la Federación Departamental de Mineros Artesanales de Apurímac, el problema radica en los “25 sellitos” que otorgan las 10 entidades estatales requeridas por el Sistema de Formalización. La insensatez de estos procedimientos los hacen imposibles de cumplir. Son cientos de miles de mineros ambulantes que buscan un gramo de oro al día para sobrevivir, y que están obligados a venderlo en el mercado negro a un precio mucho menor del que pagan las” plantas de beneficios” al minero artesanal formalizado ( que tiene que tener planilla, contador, seguros,  etc.).

Desde la publicación de El otro sendero, magistral análisis social y económico de Hernando De Soto, entendimos la causa y la consecuencia de la informalidad. Los estudios realizados nos permitieron conocer el inmenso capital inmobiliario inmovilizado, construido en la informalidad. Los cientos de normas de cumplimiento obligatorio desincentivaron la titularización; el resultado fue limitar un derecho inherente a la propiedad, el cual es su valor como garantía hipotecaria.

Para algunos sectores intensos en mano de obra, la reforma laboral es vital e indispensable. Nos lo ha demostrado el excepcional régimen laboral en la agricultura, que catapultó al Perú a nivel mundial en exportación de frutas. Sin embargo la estabilidad laboral dictaminada por el Tribunal Constitucional desalentó gravemente el empleo industrial. En otros casos es la simplificación administrativa la urgente: destrabar licencias y permisos, así como conceder una amnistía patrimonial, tiene mucho mayor relevancia para las pymes que una reforma tributaria.

Reconstruir la sociedad incorporando al mundo informal a la formalidad es nuestro desafío. La oportunidad en política se da en situaciones especiales; hoy estamos viviendo una de ellas. ¿Quién no entendería una reforma del Estado que racionalice el número de ministerios o de municipalidades, que ahorre gastos en propaganda y asesorías, cuando todas las empresas y hogares lo hemos hecho?

Luego de la privatización de las empresas estatales, empezando la década de los noventa, ningún Gobierno se ha atrevido a implementar reformas estructurales que nos devuelvan la competitividad. Sedapal y Petroperú son una vergüenza de empresas; la primera sin poder conectar a 10 millones de personas al servicio de agua potable, y la segunda despilfarrando millones de dólares para una refinería innecesaria. ¿Quién se atreve a privatizarlas? Vamos a cumplir doscientos años de república, nos merecemos un liderazgo sin temores ni complejos.