Indecisiones del MEF alargan crisis de Petroperú

Los anuncios permanentes de supuesta toma de decisiones sin que se efectivicen, tanto desde el Ejecutivo como de la dirección de Petroperú (PP), están generando una pérdida de credibilidad ante los acreedores de la petrolera estatal, que deriva en las más diversas especulaciones sobre lo que puede ocurrir. 

Lo que pensaban los mercados financieros de la empresa y de su propietario, el Estado peruano, en junio del 2017, cuando se emitieron 2,000 millones de dólares (MMUS$) en bonos, es un lejano recuerdo. En esa época, PP tenía calificación de “grado de inversión” y los compradores de bonos no reparaban en detalle de los flujos de fondos de la empresa, esperanzados en que, si algo inesperado ocurría el gobierno de turno no abandonaría a su empresa. 

Las cifras al segundo trimestre (II T) del 2024 reflejan la dificilísima situación de PP, que no se solucionará –como muchos piensan– solo con la operación de todas las unidades de la Nueva Refinería Talara (NRT). Los guarismos son las señales que toman los mercados: deuda de 7.5 veces su patrimonio, déficit de capital de trabajo de 3,122 MMUS$ y una participación del mercado de tan solo el 25%, con cuatro competidores de talla internacional.

La primera serie de bonos por 1,000 MMUS$ con vencimiento en el 2032, se cotizan 23.8% por debajo de su valor nominal y los 2,000 MMUS$, con vencimiento en el 2047 tienen una cotización de 34.6% menor de su valor impreso. El mercado ya ha ido descontando la pérdida de confianza. 

Los potenciales nuevos financistas de PP exigen al Estado, no solo aval soberano, sino capitalización de deuda para disminuir la ratio deuda/ patrimonio. Lo que tiene a la mano el MEF es asumir como parte de capital de la empresa 1,550 MMUS$, de los cuales 750 MMUS$ corresponden a un préstamo de mayo del 2022 y 800 MMUS$ de un préstamo avalado al Banco de la Nación en febrero de este año. 

El problema para el MEF es que una decisión de capitalización tiene sus implicancias en la contabilidad del Estado, pasarían de una cuenta por cobrar y una contingencia, a un desembolso, que habrá que analizar como afecta las cifras del déficit fiscal, cuya meta para este año se amplió a 2.8 del PBI, pero que a julio ha llegado a 4.0% del PBI. Se tiene la espada de Damocles de la calificadora Standard & Poors de pasar al Estado de “grado de inversión” a “grado especulativo”. 

El capital de trabajo negativo se aliviaría con la capitalización de deuda, pero quedará pendiente la deuda a proveedores por 1,412 MMUS$, el incumplimiento derivará en limitación de compra de insumos de producción, por consiguiente, menos ventas y menos ingresos. Hay necesidad de un financiamiento para cubrir el déficit de caja.

La interrogante es ¿ cómo se cubrirá el desfase en el capital de trabajo? De la caja fiscal no se puede por los límites ya superados en el déficit fiscal, del endeudamiento consignado en el Presupuesto General de la República tampoco, porque sería malversación de fondos. Si se quisiese hacer una emisión soberana, tendrá que aprobarse por ley, o hacer malabarismo con la delegación de facultades otorgada por el Congreso. 

Los acreedores extranjeros se preguntan ¿por qué la inacción del gobierno en acudir al salvataje prometido? La respuesta está en las complejidades normativas y administrativas descritas. Mientras tanto, desde la petrolera, no se ha pasado más allá de lo declarativo: venta de inmuebles no productivos, despido de personal y contratación de una empresa privada que se encargue de la gestión. 

En todo este recuento no está considerada la inversión para producir combustibles con 10 partes por millón (ppm) de azufre, que la NRT no cumple, está configurada para 50 ppm y que será mandatorio a partir de octubre del próximo año.

El inmovilismo gubernamental está haciendo mucho daño a la imagen del país que se había ganado un sitial en el mercado financiero internacional.