Impuestos e incentivos para la universidad privada

La reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia que anula la prórroga de las exoneraciones tributarias a universidades privadas con fines de lucro debe ser motivo para replantear algunos aspectos en las relaciones entre el Estado y estas entidades que se han extendido a nivel nacional, incluso con mayor presencia territorial que la universidad estatal. La decisión judicial es acertada y se ajusta a la ley, pero deja pendiente la interrogante sobre cuáles son los alcances del sistema tributario y los incentivos que deben recibir aquellas universidades que realmente realizan aportes a la investigación y el desarrollo tecnológico del país. 

El primer criterio equivocado a superar es aquella absurda división entre universidades privadas que tienen fines de lucro y otras que, supuestamente, no los tienen, como si hubiera empresarios o grupos emprendedores que ganan y otros que no ganan al invertir. No conozco a ningún emprendimiento –en cualquier área económica, social y cultural– que por su propia naturaleza tenga una vocación de obtener ganancias y, a la vez, reinvertir parte de sus utilidades, además de realizar actividades de responsabilidad social. En la base de este enfoque radica el prejuicio ideológico de que una universidad privada que funciona bien, realiza proyección social e investigación no puede, a su vez, realizar actividades gananciales para sus socios o equipos gerenciales. La vocación de solidaridad y de ayuda social, como se ha demostrado en esta pandemia, no es exclusiva de las universidades estatales, sino también de las universidades privadas. Ya hemos visto cómo diversas universidades privadas vienen colaborando con las iniciativas comunitarias para mitigar los impactos dramáticos del Covid-19.

Es absurda e injusta la decisión de la Corte Suprema que anula la exoneración del pago del Impuesto a la Renta para cerca de 30 universidades privadas que tienen fines de lucro; mientras que para otras 20 universidades del mismo régimen privado se mantiene la exoneración de ese pago, por el solo hecho de que en sus estatutos de fundación señalan que no tienen fines de lucro. Lo justo es que todas paguen, no solo impuesto a la renta, impuesto predial a las municipalidades y otros tipos de contribuciones, como cualquier persona jurídica. De hecho, varias de esas universidades privadas “sin fines de lucro” cobran excesivas cuotas de matrículas para sus estudiantes, sin que nadie diga nada. 

Para aplanar la cancha para todas las universidades privadas, lo que el Estado debería promover es un régimen de incentivos para aquellas universidades que muestran probados estándares de investigación, invención tecnológica, labores de proyección social y nivel de internacionalización en materia curricular, pasantías, residentado de docentes extranjeros de investigación, así como participación activa en revistas indexadas de investigación. Para tal efecto, el Estado debería crear un fondo concursable para aquellas entidades privadas que hagan aportes al desarrollo nacional en estas materias, de acuerdo a rigurosos estándares de verificación y monitoreo (para ello se debe contar con la participación de la Sunedu y de Concytec). Por ejemplo, si ese sistema de incentivos funcionara en esta época de pandemia, varias universidades privadas, que realizan un aporte mayor que varias universidades públicas, deberían ser merecedoras de incentivos para extender esos logros.

Se trata, pues, de crear un ecosistema de alta competencia entre las universidades privadas en materia de investigación, el que también debe extenderse a las universidades estatales. A mayor investigación e innovación con probado impacto en el desarrollo nacional, mayores incentivos con recursos financieros para los docentes y estudiantes de esas universidades privadas. No solo eso, sino que, tal como ocurre con universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) o la Universidad Cayetano Heredia (UPCH), en las que el Estado financia parte de su presupuesto anual desde hace muchas décadas, el Estado, como premio a esos estándares de investigación, puede hasta subsidiar parte de las investigaciones, con cargo a rigurosos procedimientos sobre indicadores y medios de verificación. El asunto radica en crear este ecosistema de competitividad en materia de innovación, como parte del desarrollo nacional. 

El error cometido por los gobiernos anteriores radicó en realizar exoneraciones tributarias como un mecanismo ciego, que no tenía a la par un sistema de verificación en relación a si esas exoneraciones beneficiaban al desarrollo tecnológico del país. Ya hemos visto cómo propietarios de diversas universidades privadas utilizaron esos recursos de exoneración para financiar sus partidos políticos y promover sistemas salariales millonarios, sin ningún rédito para el desarrollo nacional. Por ejemplo, si es cierto que entre los años 2018 y 2019 el monto total que estas universidades privadas debieron pagar en impuestos asciende a la cantidad de S/ 492 millones, ese mismo monto debe ser el presupuesto del fondo de investigación concursable. Aquellas universidades, públicas y privadas, que presenten los mejores proyectos de investigación deberían ser acreedoras de ese financiamiento, con cargo a parámetros rigurosos de evaluación posterior. Y aquellas universidades que no hagan nada y solo se conviertan en fábrica de profesionales de pizarra y salón (o de Zoom), simplemente no deben recibir nada, pero sí pagar puntualmente sus impuestos.

La Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), gremio de la Confiep que representa a 11 universidades privadas, cuya pretensión de prolongar la exoneración del Impuesto a la Renta ha sido rechazada en la Corte Suprema de Justicia, debería replantear el enfoque de relación entre Estado y Universidad privada, proponiendo este fondo concursable de investigación, que podría lograr una amplia adhesión de otras universidades, de docentes y estudiantes. 

Si algo se ha puesto en evidencia en la actual pandemia es la gran importancia de aumentar los estándares de inversión en investigación y desarrollo tecnológico. Los países que muestran altos indicadores de inversión en esta materia son los que mejor han enfrentado esta dramática situación, tal como ocurre en el caso de las vacunas. De hecho, varias universidades, públicas y privadas, han mostrado algunos avances en el Perú. Pero sus logros son mínimos para los retos que enfrentamos. Aprendamos pues de esta lección para aprovechar la amplia red de universidades privadas en este propósito.