Igualar las oportunidades

Si revisamos la literatura de las políticas sociales, John Rawls aparece como una de las autoridades más importantes del siglo XX, porque colocó el concepto de “velo de la ignorancia” como una herramienta efectiva de gestión pública para promover la igualdad. De acuerdo con Rawls, “una persona, al no saber a qué grupo social pertenecerá, tendrá los incentivos para establecer normas realmente equitativas y justas, dado que las personas intentarán promover una posición favorable para todos los grupos de la sociedad, ya que estas no saben en cuál grupo se encontrarán”.

Rawls plantea “que una sociedad justa no puede definirse bajo alguna forma de presión como el miedo o la inseguridad. Con objeto de superar este inconveniente, propone que en la fase de diseño de políticas, los individuos deberían ignorar el papel que ocupan en la sociedad, el grupo al que pertenecen y su situación de partida”. De esta forma, desde el punto de vista de Rawls, el “velo de la ignorancia aseguraría que cada persona tenga en cuenta la posible situación de cualquier otra; y en tanto está obligado a considerar todas las posibles situaciones como potencialmente propias, su elección será racional y justa”.

Si bien en la práctica, la propuesta de Rawls es compleja, resulta evidente, como lo señalan otros autores, que el velo de la ignorancia debería convertirse en ese objetivo deseable de alcanzar. De manera tal que los distintos actores de la sociedad civil y representantes del Estado trabajen a fin que todos los grupos sociales alcancen iguales oportunidades de desarrollo, de manera eficiente y equitativa. Y sin privilegiar a algún grupo social en desmedro de otro. 

Esta visión debe plasmarse en el contrato social que los ciudadanos de un país acuerden respetar. Y necesita contar con un un marco jurídico que lo proteja y que sea una institución respetada por todos los agentes económicos. En esa lógica, la estabilidad jurídica, económica y política resultan claves para que ese Estado articulador consiga orientar los recursos a lograr una sociedad más justa. Una sociedad en la que cada peruano, independientemente del hogar en el que nació o de la actividad que desempeña, pueda aspirar a lograr sus metas personales y familiares. Y sin sentir que es es el Estado ese agente negativo que le genera perjuicios y daños a su economía, en lugar de bienestar.

Imaginemos el caso de los cientos de trabajadores informales de nuestro país. Ese informal eligió serlo porque su productividad es muy baja y no le alcanza para formalizarse, o porque encontró que la vida “por fuera del Estado” es mejor y se convirtió en un ilegal. Si el Estado pierde esa capacidad de búsqueda de lo eficiente y equitativo, entonces deja de preocuparse por un segmento cada vez más importante de la población y termina representando a pequeños colectivos. Y con ello pierde legitimidad, pues cada vez es menos el grupo de la población que lo reconoce como autoridad, como su representante en la lucha por la justicia o la búsqueda del crecimiento económico.

Las empresas y los trabajadores pueden ser catalizadores de las metas de crecimiento de sus trabajadores y sus familias. Pero sin un entorno generalizado de fomento de la innovación y crecimiento con movilidad social, cualquier esfuerzo individual termina por diluirse y no genera dinamismos significativos.

El cambio más importante no viene de destruir las instituciones; viene de construir, sobre la base de ellas, reglas de juego claras en las que las oportunidades sean realmente iguales para todos.