Gobernabilidad: realidad y valoración

El principio de la “primacía de la realidad” indica que más allá de todo aquello que exprese el abstracto deber ser, lo que rige es aquello que sucede en los hechos. La valoración sobre cuál debería ser la conducta más adecuada se constituye en un ejercicio orientador que sirve como utopía dinamizadora para influir sobre la realidad, pero nunca la sustituirá

La realidad nos indica que para que alguien progrese debe estar vivo. Nadie puede recuperarse de la muerte. En 1990, la sociedad peruana se debatía entre una situación de estado necesidad para sobrevivir al terror o aferrarse a posiciones principistas de formalidad democrática, las cuales resultaron insuficientes o no fueron aplicadas en forma debida por las administraciones gubernamentales de los años ochenta.

Quienes por entonces ejercieron el poder no habían cumplido con defender y respetar la vida de los ciudadanos. Guardar silencio en la etapa del terror y debatir sobre la posibilidad de derrotar al terror, manteniendo escrupulosamente el establishment político, resulta una especulación contrafáctica, "es debatir sobre lo que pudo ser, pero la realidad indica que no lo fue".

El estado necesidad para una persona natural es su propia supervivencia, como lo es para la institución a la que denominamos Estado. Asimismo se aplica para un Gobierno, cuya obligación principal es mantener la gobernabilidad; y es a través del curso de los años que se alcanza la consolidación de principios democráticos, gracias al ejercicio reiterado de dichos patrones de conducta y procedimientos políticos sociales.

En el Perú hay quienes practican una identificación dogmática y principista de la formalidad democrática, cuando lo que buscan es la exclusión del otro. Nadie duda de que hubo aciertos, errores políticos y delitos en el gobierno de los noventa; pero de allí a pretender desconocer que más de un tercio de la ciudadanía les brinda su reconocimiento y respaldo político sostenido desde que dejaron el poder es ciertamente una conducta antidemocrática.

Nos guste o no, el fujimorismo es un actor político relevante en la escena nacional, y la ciudadanía conoce que sus principales actores participaron de actos de corrupción. ¿Qué valoran muchos peruanos de dicho gobierno? ¿Qué los hace pasar por alto lo negativo de su administración? La respuesta es que trabajaron y confiaron en vastos sectores de la población para, en conjunto, garantizar la supervivencia de ellos mismos, quienes venían siendo víctimas de la violencia política desde hace más de una década. Y en función a la estrategia de pacificación esos sectores crecieron. Gracias a la seguridad llegaron las inversiones —nacionales y extranjeras— y el mercado de consumo local se acrecentó y se empezó a disfrutar los beneficios de lo que Jaime de Althaus denominó “la revolución del capital”, y que luego confirmó Richard Webb en su libro Conexión y despegue rural.

En la actualidad, quienes no pudieron derrotar al terror se alían para hacer frente al fujimorismo con tal de garantizarse una cuota de poder y seguir beneficiándose de sucesos tales como Lava Jato, que ha puesto en tela de juicio a todo el espectro político. Entonces, si la realidad indica que no es la corrupción lo que realmente les indigna y ambos sectores actúan con igual intolerancia antidemocrática, la opción que se le deja al presidente Kuczynski es garantizar la gobernabilidad. Y a eso responde el indulto y el derecho de gracia otorgado a Alberto Fujimori. No es lo deseable, es lo posible.

Ciertamente, el fujimorismo aprovechó su triunfo ante el terror y la recuperación de la economía para acaparar todo resquicio de poder. El riesgo de una reedición del pasado es lo que preocupa a muchos, pero la democracia se construye en la mutua generación de confianza, nunca en la exclusión.