Fuerzas Armadas contra el comunismo

El ataque al campamento de Víctor Quispe Palomino (“José”), cabecilla del Militarizado Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, ubicado en Vizcatán (Satipo, Junín), estaba planificado; no obstante, importa el momento de su ejecución. Justo cuando Pedro Castillo, para contrarrestar las investigaciones fiscales en su contra, convoca airadamente a su defensa callejera integrada por reservistas, profesores, cocaleros y ronderos claramente vinculados al marxismo extremista. Justo cuando intenta actualizar el denominado “equilibrio estratégico”, la táctica usada durante la época terrorista, que no es otra cosa que equiparar sus fuerzas con las militares y policiales con el fin de asustar, hacer creer que eran más y para bajarle la moral a soldados y policías.      

Sobre los hechos recientes, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señala que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nos mantendremos firmes en la lucha contra el terrorismo o contra cualquier otra amenaza que ponga o pretenda poner en peligro la paz y tranquilidad de nuestro amado Perú”. A buen entendedor pocas palabras. Un comando militar que se identifica plenamente con la mayoría de la población y que conserva su memoria, sin dejarse manipular por relatos mentirosos. Una fuerza institucional dispuesta a impedir el avance del narcoterrorismo, ¿acaso aliado del Gobierno, vinculado con la inteligencia cubana, interesada en apropiarse de las riquezas nacionales (cobre, litio, pesca, madera, agua, gas, petróleo y más)? Coincidencia o no, las Fuerzas Armadas deciden avanzar recuperando territorios en poder de una criminalidad organizada con soporte ideológico. La protección de la integridad y soberanía nacional es el norte de los patriotas. Impedir las traiciones e intentos de someter al país a intereses extranjeros.   

Desde los oscuros años del terrorismo, el senderismo ocupa en la selva los llamados “territorios liberados”, en los que impone su voluntad por intermedio de mandos militarizados. En esos días de paros armados y coches bomba, las autoridades –alcaldes, jueces de paz, subprefectos y policías– abandonaron sus puestos en los poblados alejados. Los que huyeron se libraron de juicios populares que terminaban con tiros de gracia en medio de una población asustada, sometida, “puesta de rodillas”.

“José” y su cúpula tejieron una red que controlaba en los bosques el cultivo de hoja de coca, producción de pasta básica de cocaína, tala ilegal, contrabando de madera, tráfico de terrenos, extorsión, sicariato y otros crímenes. En este contexto, en abril pasado, llamó la atención el anuncio de cerrar las bases militares encargadas de contener el avance del narcoterrorismo. ¿Coincidencia o descarada complicidad? 

Claro está que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional no deliberan y responden a políticas de Estado. Pero también es cierto que no se hallan al margen de los acontecimientos, los que hoy indican el acecho de peligros inminentes: hambre, represión y muerte. La desaparición de Perú tal como lo conocemos. Castillo y su entorno –en su desesperación, acorralados por las investigaciones y probables procesos judiciales y cárcel– son capaces de perturbar la tranquilidad e incendiar el país. No consideran entregar Palacio de Gobierno de manera pacífica. Sin embargo, por lo que acontece, Castillo hace el ridículo. Los jamones, chorizos y bebidas comprados, para agasajar a su fuerza contratada, son insuficientes para acumular la fuerza necesaria para su tenebrosa estrategia.  

El tiempo apremia. La lealtad de prefectos y subprefectos dura una estadía en Palacio. Es efímera, gaseosa, volátil; hasta que los sanguchitos se terminen y los ganapanes descubran el engaño del empleo público prometido y se enteren que los asaltos a las arcas nacionales se descubren.