Frente comunista desde Huancayo

Una vez más, un sector del marxismo peruano intenta organizar una nueva unidad política para enfrentar las elecciones del 2021. Según sus panfletos, “para superar la etapa del derrotismo” distintos dirigentes de la izquierda nacional se reunieron en Huancayo el pasado sábado en un evento denominado “Voces del cambio”. Estuvieron presentes los gobernadores regionales Vladimir Cerrón, de Junín, y Zenón Cuevas, de Moquegua, así como el ex gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, la ex congresista Verónika Mendoza y otros personajes de la izquierda antisistema, antidesarrollo y antimercado del país.

¿Con qué cuajo el ex gobernador Santos pretender ser gobierno nacional? En ocho años de gobierno regional en Cajamarca, Santos convirtió a la región del norte en la más pobre del país, con alrededor del 50% de la población bajo ese flagelo social. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), Cajamarca ocupa el último lugar en competitividad en el país. Sin embargo, no hay mal que dure cien años y, en las últimas elecciones regionales y municipales, los cajamarquinos votaron masivamente en contra de una izquierda que redujo social y económicamente a la población.

Verónika Mendoza —defensora acérrima de la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela— en 2012 mostró un informe manipulado sobre supuesta contaminación del agua en Espinar. Con el informe trucho se anunció a la población sobre un inminente “peligro de muerte”. La irresponsabilidad criminal de Mendoza provocó manifestaciones violentas que ocasionaron la muerte de cuatro personas, numerosos heridos y cuantiosos daños en la propiedad pública y privada. Mendoza, que es chavista, apoya la permanencia de Maduro como presidente de Venezuela. Cuando Hugo Chávez financiaba a Ollanta Humala y a otros líderes de la izquierda Latinoamericana, Mendoza era secretaria de relaciones internacionales del humalismo y viajaba a Venezuela junto a Nadine Heredia.

Vladimir Cerrón es acusado de colusión agravada, negociación incompatible y malversación de fondos, delitos que habría cometido durante su gestión anterior (2011-2014). Sin embargo, los procesos no continúan ni se profundizan —según los fiscales— por la falta de “reforzamiento anticorrupción” y de peritos técnicos y contadores que determinen los desbalances patrimoniales del acusado Cerrón. El caso del emblemático puente Comuneros, obra realizada sobre el río Mantaro durante la gestión de Cerrón, fue cerrado y luego reabierto por la Fiscalía. Cerrón estuvo estrechamente vinculado al reo Martín Belaunde Lossio, amigo personal de Nadine Heredia y enlace de las constructoras brasileñas vinculadas al caso Lava Jato.

Por la irresponsabilidad de Walter Aduviri, siete años después del “aymarazo”, el Estado peruano debe pagar S/ 103 millones a la minera Bear Creek luego de un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en contra de Perú. Pero para él —ausente en la reunión, representado por Richard Huacoto, secretario general del movimiento Mi Región, de Puno— el modelo boliviano es ejemplar. Veamos: Según el Banco Mundial, en 2017, el PBI per cápita de Bolivia era US$ 3,394 y de Perú US$ 6,571. Según el Instituto Nacional de Estadística boliviano, en 2017 la pobreza alcanzó al 36.4% de la población y la pobreza extrema al 17.1%. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) peruano, en 2017 la pobreza afectó al 21% de la población, y la pobreza extrema al 3.8%. En 2016 las inversiones mineras bolivianas apenas fueron de US$ 40.9 millones. En Perú, las inversiones mineras alcanzaron los US$ 4,181 millones entre enero y noviembre 2018. Y según el Instituto Fraser, en los últimos cinco años, de 91 jurisdicciones económicas mundiales, Bolivia era uno de los 10 peores países para las inversiones por sus políticas públicas. ¿Cuáles son, entonces, las ventajas del modelo socialista impuesto en Bolivia por Evo Morales?

El denominado Acuerdo de Huancayo del marxismo antisistema, es más de lo mismo: nueva Constitución. La izquierda extremista pretende bloquear el capítulo económico de la Carta Magna, que ha permitido el despegue social y económico del país. En 18 años es notable la reducción de la pobreza y la expansión de una nueva clase media. Asimismo, el crecimiento del sector agroexportador: de US$ 800 millones a casi US$ 7,000 millones en el 2018. Es decir, los comunistas peruanos que se apropian indebidamente de las demandas sociales, so pretexto de la justicia social, quieren detener el desarrollo del Perú y equipararlo con Cuba, Venezuela y Bolivia. En lugar de impulsar la riqueza de todos los peruanos, quieren empobrecer a todos.