Fiscalizar inversiones que usen fondos de consumidores

Estamos iniciando el segundo año de gobierno en una gran incertidumbre del futuro político, que se puede mover entre grandes extremos. Un tambaleante presidente Pedro Castillo, con una oposición que clama vacancia y diversas variantes: desde la sucesión por la vicepresidenta Dina Boluarte hasta el llamado a elecciones presidenciales o a elecciones generales, bajo el cántico “que se vayan todos”. Es el tema de conversación cotidiano que obnubila, mientras hay normas legales que van directamente al bolsillo de los consumidores sin la fiscalización debida de la Contraloría, el Congreso, la prensa y los ciudadanos que hoy, a través de las redes sociales, tienen tribuna para expresarse.

Uno de los temas que pasa desapercibido es el uso del Fondo de Inclusión Social Energética (FISE), en ejercicio desde hace 10 años, y del Sistema de Seguridad Energética (SISE), que recién se pondrá en práctica este año, ante la reciente aprobación del Congreso, bajo la frase mágica de “masificación del gas natural (GN)”. El FISE y el SISE fueron creados en marzo del 2012, mediante la Ley 29852, que fue una salida para el demagógico discurso de Ollanta Humala del balón de GLP a S/ 12. El financiamiento corre a cuenta de todos los consumidores de electricidad, GN y GLP.

El FISE tenía como leitmotiv incluir en el suministro de GLP a precio subsidiado a hogares que utilizaban leña o carbón. Sin embargo, a lo largo de los años se ha ido incluyendo otros rubros, habiéndose convertido en cajón de sastre, y al objetivo inicial solo se destina el 28% de su recaudación. Vale la pena evaluar seriamente si el 72% restante tiene un uso eficiente de los recursos de los consumidores administrados por funcionarios estatales; más aún cuando se le quiere utilizar en el tendido de redes de GN. Insisto que este tema debe entrar al debate público,

Sobre el SISE, que próximamente lo estaremos viendo como un cargo adicional en nuestros costos, considero oportuno hacer unas reflexiones basadas en cifras, no en buenos deseos voluntaristas. Se quiere usar, entre otras cosas, en el financiamiento de la creada Agencia de Inventarios de Combustibles (AIC), que construirá la capacidad de almacenamiento que los privados y la estatal Petroperú debieron construir, pero no cumplieron con hacer las inversiones necesarias.

En el caso del GLP, construir esferas hasta completar 190,000 barriles, que equivale a lo que debería tener un agente de mercado con una participación del 20% de la demanda diaria, significaría una inversión del orden de US$ 75 millones, que si se quisiese no ir al endeudamiento en el sistema financiero, tendría que disponerse antes de iniciar la construcción. Se conseguiría en un año con un cargo de S/ 1.50 por cada balón de 10 Kg que se adquiera. Suena razonable, teniendo en cuenta que garantizaría que no haya desabastecimiento. Sin embargo no sería la única inversión necesaria.

Se requiere también incrementar el almacenamiento del petróleo diésel, que es el combustible líquido de mayor demanda. Poner en servicio un millón de barriles, que equivaldría a la necesidad de agentes que atienden al 54% del mercado diario actual, hace necesaria una inversión del orden de US$ millones, que sumaría S/ 0.20 por galón. 

Allí no quedan las cuentas a sumar a los ciudadanos. Como se quiere masificar el GN, se necesitará US$ 269 millones por cada 100,000 hogares, si solo se pusiese como objetivo un millón de nuevas conexiones, la carga ascendería a 2,690 MMUS$, que habría que hacer malabarismo para repartirlo entre todos. 

Los adeptos dirán que hay que mirar el beneficio/costo; lo que es correcto, pero insuficiente. Y agrego que también hay que evaluar si es la inversión más eficiente.