¿Es hora de restablecer la pena de muerte?

Desde que se eliminó la “pena de muerte” en el Perú, hace cuarenta años, la inseguridad ciudadana, lejos de disminuir, ha ido en aumento hasta el punto que hoy los homicidios y violaciones son el pan de cada día, convirtiendo a Lima —según un estudio de la ONG Thomson Reuters Fundation— en la quinta mega ciudad más peligrosa en violación de mujeres en el mundo.

Triste y vergonzosa realidad que ha despertado la indignación de la sociedad, obligándola a salir a las calles para exigir la restitución de la “pena de muerte” en nuestra Carta Magna, pese a la férrea oposición de un sector de juristas, sociólogos y antropólogos de la izquierda caviar, así como de sus ONG internacionales.

Ellos señalan que todos los seres humanos, sin excepción, tienen derecho a la vida. Ante ello nos preguntamos ¿los delincuentes que no respetan ni a sus hijos, violando y asesinando impunemente, deben seguir viviendo a expensas de la sociedad, mientras esta observa horrorizada tanto salvajismo?

Estos defensores de la vida de los delincuentes y terroristas sostienen que no es conveniente aplicar la pena de muerte porque, según ellos, está demostrado que no es disuasiva. Ante dicho planteamiento nos preguntamos ¿Acaso la anulación de la pena capital producida hace cuarenta años permitió reducir la criminalidad? La respuesta es no. La violencia ha seguido una espiral de crecimiento, que hoy es insostenible.

Desde que se dejó de aplicar la pena de muerte en el Perú, la frecuencia con la que se cometen estos crímenes aumentó. Y esa es una realidad más que suficiente para restituir esa pena, acogiendo la voz mayoritaria del pueblo que puede exigir, incluso, un plebiscito para restablecerla, previos cambios en el Código Penal y en la Constitución Política del Estado.

Recordemos que la pena de muerte no solo debe aplicarse con fines disuasivos, sino para que el culpable pueda pagar en este mundo —con su bien más preciado— por el terrible daño que le ha ocasionado a la sociedad, la cual reclama, con justa razón, se castigue a los criminales violadores de niños con la pena capital.

Se argumenta, también, que la aplicación de la pena de muerte en el Perú nos alejaría irremediablemente del Pacto de San José y de ser signatarios de la Convención de Derechos Humanos. Recordemos que Estados Unidos —uno de los países más desarrollados del mundo— no es integrante de dicho pacto y aplica la pena de muerte en su territorio, sin problemas, para defender a sus ciudadanos. Otros países desarrollados —Japón, China, India, Singapur y Taiwán— también tienen vigente la pena capital para el que delinque. En esas naciones la criminalidad muestra índices bajísimos, y en alguno de ellos el cambio ha sido relativamente rápido.

En Chile —donde acaba de ocurrir un caso similar al del Perú, de una violación seguida de asesinato, por un padre que abusó de su menor hija de dos años— acaban de plantearle al presidente Sebastián Piñera el restablecimiento de la pena de muerte, con la oposición —¡qué casualidad!— de la izquierda caviar chilena.

Es hora que los campeones de los derechos humanos, que solo defienden la vida de los delincuentes y de los terroristas, dejen de imponer corrientes ideológicas importadas a un pueblo que no deja de sufrir. Al final, somos la gran mayoría de peruanos los que venimos acumulando una enorme frustración e indignación que en cualquier momento puede convertirse en violencia social.

Algo en lo que debemos reflexionar es la existencia de bestias abominables que no merecen ser encarcelados y mantenidos por el Estado, ya que su maldad y total ausencia de humanidad, impiden que se les pueda aplicar otro castigo que la pena capital.

Que los culpables paguen con su vida los atroces delitos que han cometido en perjuicio de la sociedad. Este es un tema que debe ser materia de debate y de pronta solución en el Congreso de la República y en los foros jurídicos nacionales que correspondan. Los peruanos no podemos esperar más.