¿Es el momento de reducir los ingresos de las empresas eléctricas?

El Proyecto de Ley N° 5108, presentado en mayo pasado por la congresista Carmen Omonte, ha generado gran revuelo en el sector electricidad. No me extraña, era previsible. Toca un tema medular: el costo del dinero de inversiones y operaciones, hoy valorizado en 12% anual, cifra que se estableció hace cerca de 28 años y que se propone disminuir a 10%, argumentando lo establecido en la normativa madre del sector, que es la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE).

La ley prevé (artículo 79) que la tasa de actualización (TA, que es como se denomina al valor del dinero en el tiempo), puede variarse en 2%, si hay modificaciones en la tasa libre de riesgo (TLR), que vienen a ser los bonos del tesoro americano y en el “premio por riesgo país” (RP). Se supone que es la prima de riesgo; es decir, la diferencia entre el rendimiento de los bonos globales peruanos y los del Tesoro Americano, ambos con un horizonte de 10 años. 

La ley ordena hacer la comparación de la TA, con la suma de la TLR y el RP. Esto es un error, pues no son comparables; falta incluir la tasa nacionalizada del riesgo propio del negocio. Hoy, haciendo alusión solo a la mejora del RP, se está yendo adelante con el PL de la congresista Omonte. De aprobarse, se tendría que el próximo año una parte de las generadoras, las que no tiene contrato ley de por medio, verán reducidos sus ingresos en 2.8%.

Por el lado de la transmisión se afectarán los nuevos proyectos de asociaciones público privadas que anunció el premier Walter Martos, y que se deben otorgar en el 2021. El impacto en sus cuentas, que será de 15% de menores ingresos, se experimentará a partir del inicio de operaciones que se dará en el año 2024. En la distribución, la rebaja tarifaria, que será del orden del 15%, se daría en el 2022 para Lima y en el 2023 para las regiones. 

En resumen, una progresión de los descuentos entre el 2021 y el 2024. Se estima que al final se acumulará 3.0% a favor del consumidor. En promedio estaríamos hablando de 1% por año, que será imperceptible, a cambio de dos frentes de problemas: la afectación a las empresas del Estado y una potencial demanda de arbitraje internacional.

El impacto en los ingresos de las empresas estatales empezará el 2021 con las generadoras: Egasa, Egesur, Egemsa, San Gabán. Electro Oriente y Electroperu. En el 2023 le tocará el turno de la merma de recaudación a diez empresas distribuidoras, entre las que están las cuatro que pertenecen al holding Distriluz: Seal, Electro Ucayali, Electro Puno, Electro Sur Este, Electro Sur y Electro Oriente, por la parte de distribución que gestiona. 

La disminución de los ingresos a las empresas estatales las imposibilitará de hacer inversiones, que hoy ya son magras, pues el gran holding estatal que las maneja, el Fonafe, les deja cifras ínfimas para mejorar infraestructura y mantenerla. Los resultados de estas empresas son recogidos todos los años para cubrir el Presupuesto General de la República. Este año, la cifra ascendió a S/ 1,900 millones.

Finalmente, ante la posibilidad de un arbitraje en el CIADI, anunciado por las empresas privadas, el Congreso ha respondido, en un predictamen de la Comisión de Defensa al Consumidor, con un desafío. Sugiero que analicen el tema con más agudeza. La LCE y su reglamento tiene grietas demasiado serias para que el caso se convierta en discutible en un tribunal arbitral. Y las posibilidades de que ganen son altísimas.