Entre la democracia representativa y el escrutinio público

La tensión política actual se mueve en realidad entre tres poderes. El Ejecutivo, el Congreso y el escrutinio público. Si el desenlace de esa tensión termina de manera positiva, con la materialización del referéndum el próximo 9 de diciembre, la democracia representativa habrá dado un paso histórico en su renovación, que es parte de los desafíos de otras democracias en el mundo. Es un fenómeno sobre cuya trascendencia aún no se percatan diversos constitucionalistas quienes, encerrados en su burbuja, muestran desconcierto o reparos al fenómeno actual, apelando a la fácil acusación de populismo al presidente de la República.

En la sociedad actual de Internet, comunicación digital e información, nuestra democracia representativa está más sujeta al escrutinio público y a procesos más rápidos de creación de corrientes de opinión pública. Esos mismos medios tecnológicos se han encargado de desnudar la podredumbre de nuestras instituciones, tal como ha ocurrido con los audios sobre el comportamiento de muchos fiscales y jueces. El presidente de la República ha tenido la virtud de sintonizar con ese descontento, ubicándose objetivamente en una situación de oposición al parlamento, que aparece muchas veces como el protector de la impunidad; o con una actitud negligente para generar reformas políticas que combatan la inmoralidad.

Dos libros muy importantes se refieren a este proceso. El texto Contrademocracia, del francés Pierre Rosanvallon; y el titulado En defensa de la República, del mexicano Sergio Ortiz Leroux. El primero de ellos señala que “El ciudadano contemporáneo se conforma cada vez menos con otorgar periódicamente su confianza en el momento de votar. Ahora pone a prueba a sus gobernantes. Esta actitud se ha transformado en una característica esencial de la vida democrática actual. Para ello, ejerce antes que nada una acción de vigilancia. El hombre moderno sabe que el espacio común se construye día a día y que debe estar atento al riesgo de corrupción del proceso democrático. La segunda función de la desconfianza es la actitud crítica: el ciudadano analiza la distancia que separa la acción de las instituciones del ideal republicano”.

Por otro lado, en el libro En defensa de La República, el politólogo mexicano Sergio Ortiz Leroux sugiere la idea de la “democracia disputable”. Esta consiste en un esquema representativo, pero sujeto al escrutinio público que, de requerirlo las circunstancias, le otorgue a “la sociedad civil moderna, capacidad de vigilar, transparentar, controlar y sancionar, desde su radical autonomía, los posibles abusos cometidos por cualquier estructura de poder”. En esto radica la popularidad de una consulta popular, que el presidente de la República ha sabido aquilatar. Ya en ocasiones anteriores ocurrió que leyes aprobadas por el Congreso por unanimidad —como la llamada “Ley Pulpín”— terminaron rápidamente revocadas por una rápida e inesperada opinión ciudadana, movilizada a través de convocatorias realizadas por las redes sociales.

El otro actor de estas sociedades vigilantes son las encuestas de opinión y las que realizan los medios de comunicación vía telefónica, Facebook, Twitter y otras modalidades. La creación de comunidades virtuales es ahora tan potente como un partido político o un sindicato.

No se necesita discernir mucho para notar que estamos ante un fenómeno político que le permitirá a la democracia consolidarse desde la sinergia entre Gobierno y ciudadanía. Esto se hará realidad en la medida en que logremos consolidar un nuevo contrato social, como resultado de una nueva mayoría republicana, en el conjunto de la sociedad y del Gobierno. Y que se expresará no solo vía un referéndum, sino mediante otros mecanismos para así consolidar un régimen político sustancialmente distinto del actual.

El objetivo de la sociedad vigilante es redefinir el rol del Estado, tornándolo fuerte; pero no como un administrador de empresas públicas, sino en tanto que fuerza socialmente exigente y políticamente responsable. Una fuerza que cumple un papel decisivo en la disminución de las asimetrías de poder y de riqueza, la preponderancia de los poderes fácticos y que, por lo tanto, cumple deberes sociales y políticos hacia la sociedad. En eso radica la importancia de que las reformas actuales sean sometidas a referéndum para empoderar al ciudadano. Y como producto de esa operación política, reubicar la popularidad de las instituciones como el Congreso de la república.

Ese debe ser el horizonte al final del camino reformista emprendido por el presidente Martín Vizcarra, en circunstancias en las que la ausencia de un sistema de partidos y la desestructuración social ha motivado que los responsables de hacer las leyes y de ejecutarlas pueden burlarlas con relativa facilidad y sin recibir ninguna sanción o castigo público. Y además difundiendo el mensaje implícito de que la ley vale para los demás, pero no para mí; y que la persona que la cumpla será percibida por la sociedad como cándida o estúpida.

En la década de los noventa las reformas económicas fomentaron la propiedad, la extensión de los negocios y la inversión, pero fue un proceso que debilitó a los organismos estatales o de control social. Sin embargo, también difundieron las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, sin las que no podría explicarse el empoderamiento de un mandatario que enfrenta a un Congreso, por ahora adverso y reacio al cambio. Un Congreso hasta cierto punto representativo de los males sociales que se busca erradicar, y que sólo cuenta en su favor con las convocatorias y movilización de diversos colectivos civiles.

Por ahora se ha producido una alianza entre el Gobierno y la ciudadanía. Pero en otros momentos puede ser entre el parlamento y la ciudadanía, en oposición al Poder Ejecutivo; o entre la ciudadanía contra ambos poderes formales. Lo interesante es ser conscientes de que el Perú está dando sus pasos iniciales en el camino hacia esta “democracia disputable”, en la que la sociedad empoderada cautela vigilante la correcta labor del Estado, creando un conjunto de capacidades básicas para la independencia personal de cualquier individuo frente al abuso del poder. Los conservadores constitucionalistas deberían tener en este fenómeno una fuente de renovación dialéctica de sus ideas. Y no quedarse a la defensiva, adormecidos en su burbuja jurídica.