Entre el dicho y el hecho

La discusión ideológica sobre la disyuntiva  comunismo o libre mercado ha polarizado a la sociedad y al propio Gobierno. Al ministro de Economía le será imposible financiar todos los ofrecimientos si no se recaudan impuestos; y estos están directamente relacionados con la inversión privada, con el libre mercado y con que las empresas sean exitosas y produzcan utilidades.

El radicalismo comunista se manifiesta en  su afán totalitario de que les conceda una Asamblea Constituyente. Esta propuesta –que según Apoyo solo cuenta con la aprobación del 7% de los peruanos– ha sido el principal detonante de la fuga de capitales y del encarecimiento del dólar y de la canasta básica. Una pretensión totalitaria e innecesaria para una buena gestión pública. Ningún precepto constitucional actual impide las mejoras en las áreas de salud o educación, por ejemplo. 

Estamos ante una verdadera colisión de modelos. La propiedad privada se basa en el respeto a los derechos individuales, mientras que el comunismo los sacrifica en aras de ciertos “derechos comunales”. Si el 80% de la recaudación del Estado depende del sector privado, urge motivar y promover la inversión privada y recuperar los más de US$ 14,000 millones que salieron del país.

Se han cumplido los primeros treinta días del Gobierno y el mensaje político sigue cargado de confrontación y revanchismo, y se continúa satanizando la riqueza, la propiedad privada, a los empresarios y al éxito. Esa narrativa misógina e indigenista es tóxica; envenena el alma nacional, nos destruye como nación y solo genera pobreza. 

Hay que generar riqueza y rodearse de profesionales competentes que identifiquen lo que genera desconfianza e incertidumbre. Y hay que hacerlo pronto. Hasta ahora solo vemos planes para gastar, así como soberbia y altanería que permite que terroristas o corruptos sigan en sus puestos, pese al repudio ciudadano. Bellido nos leyó tres horas de promesas que el Gobierno nunca podrá honrar siendo pobre. Y si las expectativas no son cumplidas, el descontento popular le quitará toda legitimidad al Gobierno.

Finalmente recordemos que el  proceso electoral desarrollado en plena pandemia, y con serios cuestionamientos, recogió un estado anímico de desilusión y hartazgo, así como un sistema político  desfasado y fracasado. Nuestra sociedad, displicente del quehacer político, dejó de ser representada por los partidos tradicionales y una vez más dimos un salto al vacío. Castillo no representa a todo el Perú. Y seguramente tampoco representa a gran parte del electorado que votó por él, y no por el comunismo. 

Los peruanos hemos  elegido a los congresistas para que legislen y fiscalicen, y al Ejecutivo para que se encargue de canalizar los recursos y cumplir con la ejecución del presupuesto. Sin embargo, ante la amenaza totalitaria los congresistas tendrán la responsabilidad histórica de defender la unidad del Perú, su independencia y, sobre todo, nuestra imperfecta democracia. Las movilizaciones sociales deben interpretarse como una demanda a los congresistas para que conformen un sólido bloque opositor que respete la separación de poderes y nos peoteja de los afanes totalitarios. 

Sin embargo, el debate político no llega a ser relevante para la gran mayoría de la población, más preocupada por el aumento desproporcionado de los precios de la canasta familiar. No hay discurso ideológico que encandile si lo prometido no es cumplido. Y menos si la realidad  se manifiesta, cuando por un sol te dan tres panes en vez de cinco, o el gas supera los S/ 60. Si el motor económico no es encendido pronto, se desplomará la aceptación popular y el Gobierno caerá como un castillo de naipes.