Enésimo intento de reforma del sistema de pensiones

El sistema pensionario es un tema muy sensible en la opinión pública. Genera preocupaciones en diversos sectores de la sociedad: en los jubilados por las magras pensiones que perciben, tanto en el sistema privado como en el estatal; en los aportantes, por las caídas en la rentabilidad de sus fondos; en las administradoras de fondos de pensiones (AFP), por ser foco de iniciativas legislativas que no les favorecen; y en el Poder Ejecutivo por la exigencia permanente de los ciudadanos que ya han excedido la edad del retiro laboral. Si bien es cierto que no existe la intensidad de crítica que hubo en Chile, que devino en el actual gobierno de Boric, es un debate que no puede dejarse de lado.

El gobierno, que gusta de las medidas efectistas, ha creado, mediante una norma legal (DS-081-2022-PCM del 10.07.2022), la enésima comisión para supuestamente plantear una propuesta normativa, a fines de diciembre próximo, que mejore la situación actual, que tiene muchas aristas complejas, en un contexto en el que la informalidad laboral es del orden del 78%. 

Reformar significa encontrar equilibrio entre diversos frentes: gestión de las AFP, propuestas en el Congreso que afectan el Fondo Consolidado de Reservas (FCR), reserva actuarial deficitaria (fondos del sistema estatal insuficiente para atender a pensionistas en el largo plazo), y elevadas transferencias anuales desde el Presupuesto General de la República (1.8% del PBI) para el pago de pensiones y financiamiento de pensiones no contributivas (apoyo a los que no aportaron o lo hicieron insuficientemente). 

En la precariedad política que se vive es muy difícil que se obtenga un buen resultado. Desde el lado gubernamental no veo a ningún funcionario que tenga conocimientos y liderazgo, mientras que desde el frente privado veo iniciativas que se respaldan en el aporte estatal, como la propuesta hecha por la Asociación de AFP (AAFP); y en una redistribución de los aportes empresariales a EsSalud en dos ámbitos: salud y pensiones. Esta última propuesta ha sido planteada por David Tuesta, efímero titular de Economía y Finanzas (MEF) en la gestión de Martín Vizcarra. 

La AAFP propone que el Estado haga un aporte para que los trabajadores independientes y los que están en la informalidad tengan pensión. La interrogante es ¿cuál es el monto que se requerirá anualmente desde la caja fiscal? En el presente año se ha destinado S/ 13,632 millones para cumplir con los pensionistas. Para discutir sobre el particular, se necesita evaluar el impacto económico y la sostenibilidad de la medida en el largo plazo, teniendo en cuenta que el trabajo informal tiene características endémicas. 

Respecto al tema de la redistribución del 9% del ingreso bruto por trabajador, que aportan los empleadores a EsSalud, sería importante que el proponente explique con detalle su posición, teniendo en cuenta que de los S/ 13,000 millones estimados a recibir este año, el 47% estará destinado a pago de personal, según se indica en el presupuesto anual de la institución. Las carencias y la congestión abundan por doquier; esperamos que el flamante presidente ejecutivo explique el estado de situación que hereda. 

Finalmente, se esperan las opiniones del MEF sobre los proyectos de ley existentes en el Congreso y que afectan directamente al FCR (US$ 5,397 millones) cuya rentabilidad contribuye al pago de pensiones. Bajo el discurso de favorecer con mejores tarifas eléctricas a los consumidores, no se repara o se soslaya el impacto en el FCR, que es propietario del 85.71% de las acciones de Electroperú. Pero no solo eso, también se afecta al 14.21% de participación del Fondo de Financiamiento Empresarial del Estado (Fonafe). 

Lo menos que se espera es un amplio debate público, con gran despliegue mediático, para evitar despropósitos. Hay una alta complejidad técnica que puede ser explicada convenientemente para un público no especializado.