En la selva también hay problemas agrarios

En este momento las miradas están puestas en la provincia de Ica, por la paralización de los trabajadores del próspero sector agroindustrial y los daños hechos a la propiedad privada en esta coyuntura. El punto central de este conflicto está en las condiciones salariales establecidas en el DU-043-2019, de diciembre del año pasado, en el contexto de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), que ha sido prorrogada hasta finales del año 2031. 

Mientras esto ocurre en Ica, en la selva –específicamente en las regiones de Loreto, Huánuco, San Martín y Ucayali– los palmicultores vienen librando una lucha de subsistencia desde hace 12 años. En este caso no se trata de salarios, sino de emprendimientos empresariales de pequeños agricultores, que tienen bajo su gestión 58,900 hectáreas, que representan el 60% del total del área cultivada con palma aceitera (que asciende a 97,800 hectáreas).

La cadena productiva de la palma aceitera –constituida por agricultores, transportistas, plantas extractoras de aceite y plantas de producción de biodiésel– emplea a 48,800 trabajadores, entre puestos directos e indirectos, que han tenido grandes expectativas en la Ley de Promoción de Biocombustibles (Ley N° 28054), promulgada en el año 2003 y puesta en práctica desde el 2008, luego de superar la resistencia de las dos empresas refinadoras de petróleo: la estatal Petroperú SAA y Refinería La Pampilla SAA, propiedad de la española Repsol S.A. 

Se esperaba de la ley que permitiese el desarrollo de la cadena productiva local, sin mayor privilegio que contar con un mercado transparente y de libre competencia. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido: el mercado ha sido manejado con importaciones, oscurantismo en las adquisiciones para el público en general (por parte de Petroperú), dumping, triangulaciones marítimas internacionales para evadir los pagos de derecho antidumping (DA) y derechos compensatorios (DC) e importaciones de mezclas de diésel con biodiésel (B100), que se han incrementado en 263.6% en el período 2016-2019, con una fiscalización deficiente.

Los DA y DC impuestos en el 2010 al B100 proveniente de Estados Unidos (EE.UU.) y en el 2016 al proveniente de Argentina, surtieron efecto y la cadena local comenzó a incrementar su participación en la demanda nacional hasta llegar al 27.9% en el 2019. Sin embargo, las medidas sobre las importaciones desde EE.UU. vencieron este año y han ingresado a un proceso de revisión. De otro lado, en el caso argentino, en el que los derechos vencen a mediados del próximo año, a solicitud de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) ha ingresado en Indecopi a un proceso de posible modificación, que está próximo a su desenlace.

El pedido de la Carbio ha enervado los ánimos de los palmicultores por la participación de la Cancillería de Argentina, a través de su Dirección de Solución de Controversias. Perciben una presión a nivel político que puede inclinar una decisión contraria a la parte peruana. Ya hay protestas y anuncios de medidas de fuerza por parte del gremio Perú Palmas, que están siendo subestimadas por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente y Devida. 

No hay conciencia, por el lado gubernamental, de que este tema involucra trabajo en área rural, así como a la producción industrial, el medio ambiente (por el lado de los combustibles), al cambio climático (por la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero) y al cultivo alternativo a la hoja de coca. Y el malestar está escalando. Corresponde evitar que se llegue al nivel de desenlace violento, que sería grave por la cantidad de familias involucradas.