En estado de extorsión: evaluando las medidas adoptadas

Lima, Callao y otras ciudades del país se encuentran en estado de extorsión desde hace varios meses, pero recién hace unas semanas hemos tomado conciencia de ello. Por mucho tiempo, bodegueros, ambulantes y mototaxistas han venido denunciando ser víctimas de extorsiones, amenazas y cobros de cupos, pagando significativos montos diarios o semanales. A ellos se han sumado ahora mercados, colegios, empresas constructoras y transportistas, generando un clima de terror que va más allá de sus víctimas directas.

Hoy prácticamente no existe un rubro de negocios que no se vea afectado por este delito, involucrando incluso a comedores populares que atienden a familias en extrema pobreza. Según la Asociación de Bodegueros, la extorsión ha llevado al cierre de cerca de 2,600 bodegas entre el 2023 y 2024 en Lima, mientras que, de las 15 empresas de transporte amenazadas, 3 han suspendido sus servicios luego del asesinato de 9 choferes solo en el presente año. En este escenario, las protestas exigiendo una respuesta más efectiva por parte del Estado no solo eran previsibles sino inevitables, tal como se dieron en otros países como Ecuador, México o Argentina.

De este modo, desde el 26 de setiembre hasta el 23 de octubre tuvieron lugar tres paros de transporte público, con el apoyo de mercados, trabajadores, comerciantes, estudiantes y otros gremios, mostrando cada vez una mayor convocatoria no solo en Lima sino también en otras ciudades como Huancayo, Chimbote, Arequipa, Juliaca, Huacho y Cusco.

En respuesta, el gobierno declaró el estado de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana y el Callao, una medida que aún muestra tibios resultados ante la continuidad de asesinatos y ataques a mercados y otros negocios. Asimismo, otras medidas como la implementación de la Línea 111 para denunciar extorsiones, vienen siendo cuestionadas por la falta de una adecuada atención y oportuna respuesta a las denuncias presentadas.

Otras medidas se han venido sumando a las anteriores, como la Ley No 32130, que devuelve a la Policía Nacional facultades en materia de investigación preliminar del delito; y la Ley No 32138, que reforma la definición de organización criminal recogida en la cuestionada Ley 32108.

Por su parte, municipalidades como las de Puente Piedra, Independencia o San Martín de Porres han optado por prohibir la presencia de motos con más de un ocupante, mientras que la Superintendencia Nacional de Migraciones ha dictado el Decreto Supremo No 011-2024-IN, ordenando el registro de contratos de trabajo y alquiler a extranjeros, en la medida que así se permitirá la identificación de integrantes de las bandas criminales que operan en el país.

Del mismo modo son evidentes los esfuerzos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del Instituto Nacional Penitenciario al establecer que la estrategia criminal sitúa a los centros penitenciarios como centro de operaciones de algunas mafias organizadas que digitan la criminalidad en las calles, ya sea través del sicariato o de operaciones extorsivas. No queremos que los penales se conviertan en escuelas del delito. Esta evidencia permite la elaboración de planes destinados a desbaratar el accionar criminal en las cárceles.

Tanto el ministro Eduardo Arana como el jefe del INPE Javier LLaque coinciden en que el aporte que brinda su sector en la lucha contra la criminalidad puede contribuir a obtener resultados óptimos. Si bien es muy pronto para evaluar la efectividad de todas estas medidas, está claro que para la población afectada día a día por la extorsión y el cobro de cupos se requieren medidas visibles que frenen la ola de asesinatos y ataques, más allá de las capturas que anuncia a diario el Ministerio del Interior.

Pensamos que debe insistirse en fortalecer la labor de inteligencia que permita identificar el modus operandi de estos grupos; que la estrategia sea integral y no focal, además de implementar canales que permitan una respuesta más inmediata ante la denuncia de extorsiones; establecer los mecanismos de trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la PNP y que el afán protagónico no desmerezca la estrategia, así como robustecer el control interno en la Policía Nacional ante aquellos malos policías que apoyan o integran estas bandas criminales. De otro modo, el Estado seguirá perdiendo la lucha por la paz y la seguridad vale decir la lucha por nuestro futuro.