En derechos civiles siempre llegamos últimos

Históricamente el Perú siempre estuvo a la zaga en la conquista de derechos civiles. Nuestra tradición conservadora hizo que la derogación de la esclavitud, el derecho al voto para las mujeres, el derecho a la participación ciudadana, el estado laico y el uso de la píldora del día siguiente hayan sido aprobados en nuestra legislación por sentencias del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional (TC), cuando otros países latinoamericanos ya las habían aprobado décadas atrás. Incluso el ejercicio del Estado laico es muy relativo, a tal punto que nuestros gobiernos tienen que financiar el sueldo de funcionarios de la Iglesia católica, en virtud de un concordato aprobado en la dictadura militar de Morales Bermúdez.  

Derechos como el voto facultativo, la despenalización o la legalización del aborto, la comercialización libre de la marihuana, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la propia eutanasia, tienen una fuerte resistencia en gran parte de la sociedad, la Iglesia, los partidos políticos y el Estado. No debe llamarnos la atención que la decisión de un juzgado sentenciando a favor de la decisión de la Ana Estrada de quitarse voluntariamente la vida, a raíz de una penosa e incurable enfermedad, haya causado tanto revuelo; y que los sectores más conservadores de la sociedad muestran una visceral oposición.  Igualmente, en el caso Oscar Ugarteche, lo más probable es que el Poder Judicial del Perú tenga más adelante que acatar una inminente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que la Reniec se vea obligada a reconocer el matrimonio de Ugarteche con su pareja, y a entregarle su partida de matrimonio.

En el caso de la abolición de la esclavitud, mientras en Chile este proceso se inició en 1811, en el Perú se hizo en 1854. En cuanto al derecho al voto de las mujeres, Uruguay lo hizo en 1917 y el Perú recién en 1955. En cuanto a la constitucionalización del Estado laico, Ecuador tomó la iniciativa en declararlo, tanto para su Estado como para la educación, en 1906; mientras que el Perú lo hizo recién de manera definitiva en la constitución de 1979, aunque hasta hoy nunca ha logrado derogar el concordato de 1980, que obliga a los gobiernos a otorgar beneficios a la Iglesia católica, por encima de otras creencias religiosas. El derecho al uso de la Píldora del Día Siguiente empezó a ejercerse en la mayoría de los estados federales de EE.UU en 1960, y recién en el Perú se legalizó en virtud a una sentencia de una Sala de Derecho Constitucional en el 2019. Pese a que años atrás, una sentencia del TC había prohibido su distribución el año 2009.  

Mención aparte merece el derecho a la participación ciudadana a través del referéndum, la revocatoria, el derecho a petición, la remoción de funcionarios y los presupuestos participativos. Resulta anecdótico señalar cómo en 1984, durante el Gobierno de Alfonso Barrantes Lingán, y a través de la Ordenanza Metropolitana 192, por primera vez un gobierno local legisló sobre el derecho a participar en los asuntos públicos municipales, así como en el registro de las organizaciones sociales informales. Sin embargo, un editorial del diario El Comercio, de aquellos tiempos, acusó al entonces alcalde capitalino de imponer un sesgo comunista a la gestión de la ciudad. Curiosamente, años después, en la Constitución de 1993, todos esos derechos fueron incluidos para su ejercicio nacional en todos los niveles del Estado, algo que no se permitía en la Carta Magna estatista de 1979. 

En la actualidad existen otros derechos civiles, que podríamos llamar de cuarta generación: la ciudadanía digital, la legalización del aborto, el derecho de las minorías sexuales, la legalización del consumo de marihuana y la propia eutanasia. Sobre ellos el Perú sigue rezagado, y prosigue esa testaruda tendencia de las iglesias oficiales y la derecha conservadora para evitar su legalización. Si bien en Sudamérica, otra vez Uruguay y Argentina tomaron la delantera para aprobar la legalización de la marihuana y el aborto, respectivamente, bajo diversas modalidades y limitaciones, esos derechos ya existen en 60 países del mundo. Estados Unidos tomó la iniciativa de aprobarlos en la mayoría de sus estados desde 1973. Otra vez, el Perú aparece a la zaga, y es muy probable que en el futuro esos derechos se vayan legitimando gradualmente, por la presión ciudadana, la CIDH o las sentencias del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. A contracorriente de esta tendencia mundial, en el Perú, como si hubiéramos roto la barrera del tiempo, hace algunos meses algunos sectores de la Iglesia intentaron bloquear la potestad para que el Ministerio de Educación incluya en el currículo escolar la enseñanza sexual. Afortunadamente el Poder Judicial rechazó esa pretensión medieval.  

En este contexto, y recuento histórico, me parece bien que en el Perú aparezca un candidato ultraconservador como Rafael López Aliaga, un líder nada hipócrita y que, casi siempre, dice lo que piensa. Le hace bien a la república que las ideas conservadoras no se escondan en fórmulas híbridas o populistas, o en poderes fácticos que actúan a la sombra de los poderes del Estado, los colegios profesionales o universidades. Es preferible una cara abiertamente conservadora que exteriorice el lado rancio del Perú y que permita generar un amplio debate nacional sobre una modernización de nuestra república. En ese trance, estoy seguro de que tarde o temprano ese conservadurismo peruano será revertido, derrotado, y que las ideas liberales terminarán por triunfar.  

Sin prisa, pero sin pausa, como ha sucedido en otras partes del mundo, la sociedad peruana dejará de ser una sociedad de súbditos para ser un país de ciudadanos libres, rompiendo las cadenas de la dependencia confesional y estatista, o los prejuicios, como una condición esencial de un nuevo espíritu republicano. Nunca debemos olvidar que la idea del Estado laico tiene su origen en el liberalismo, cuyo principio es que todo ser humano es libre. Esto quiere decir que todo ser humano tiene el derecho a disponer de su vida, de sus bienes y de sus ingresos de la manera que más le guste. Del reconocimiento de este principio se deduce que todo ser humano puede seguir el credo que le plazca y en la manera que quiera. El único límite a la libertad individual debe ser el respeto por el ejercicio de la libertad del otro.