En defensa de la soberanía nacional

En medio del desasosiego general causado por el Covid-19 y la brutal crisis económica, el Gobierno trabaja para cambiar radicalmente las reglas acerca de la disposición de nuestros recursos naturales. Sin la difusión debida ni un debate previo, se pretende poner en vigor el denominado Acuerdo Regional de Escazú promovido por la CEPAL, mediante el cual, a tenor de los expertos, el Perú perdería soberanía sobre su territorio, en la medida que los temas y las controversias ambientales se resolverían en instancias internacionales.

Esta vez el caballo de Troya para la intromisión es el acceso a los derechos de información, participación y justicia medioambientales, lo cual prima facie puede parecer legítimo. ¿Quién, en principio, podría resistirse a la promoción y garantía de tales derechos? Cualquier persona sensata y amante del país estará de acuerdo en defender el entorno ambiental, limitar las actividades extractivas de impacto depredador y extender los derechos ambientales para tutelar a las poblaciones originarias vulnerables. Pero esto no significa ser complacientes con políticas que, arropándose con estos ideales, nos dan “gato por liebre”. 

Desde hace algún tiempo el Perú viene gestando una abundante legislación pro naturaleza. Los derechos contenidos en el tratado ya han sido desarrollados con creces, y los tribunales de justicia penalizan los delitos ambientales. No somos, entonces, una republiqueta subtropical, objeto de intervención internacional debido a su irresponsabilidad. Por eso nos subleva que nuestras ingentes riquezas amazónicas, marítimas y mineras escapen al control de los peruanos y las instituciones públicas nacionales. No queremos que las grandes potencias, disfrazadas de ecologistas –a pesar de ser destructoras de sus propios ecosistemas– obstaculicen el desarrollo del país y el bienestar de nuestro pueblo. 

Al transnacionalizar nuestros bosques, las aguas, los minerales (como el litio), las especies marinas, etc., condenamos a las próximas generaciones a la pobreza, la dependencia y el subdesarrollo. La ideología globalista radical que se esconde en diversos organismos de las Naciones Unidas, y que tiene su réplica en la pléyade de oenegés, más allá de su discurso ecológico y su preocupación por las minorías indígenas– en realidad sirve a los intereses imperiales que aspiran al dominio mundial.

Desenmascaremos estas patrañas, que recuerdan las palabras bellas y las baratijas con las que los conquistadores engañaban a los indios. No permitamos que el convenio se apruebe soterradamente, entre gallos y medianoche, sin una discusión amplia y fundamentada que nos permita descubrir su entraña antinacional. El Congreso tiene la palabra, en virtud del Art. 56º de la Constitución, por versar sobre asuntos de derechos humanos y de la soberanía nacional.