El reto de los cien primeros días

Se ha convertido en tradición otorgarle al gobierno que inicia funciones un espacio prudente de tiempo para dejarlo ejecutar su programa e ir conociendo cómo funciona, y se considera que los cien primeros días es el periodo razonable para ello. En las circunstancias actuales por las que atraviesa el país –una pandemia que en nuestro caso no cede terreno, una recesión económica y un ambiente sociopolítico muy enrarecido, que genera alta incertidumbre sobre lo que viene y enorme desconfianza de todo– no sería extraño que ese plazo no se dé o se acorte, pues los requerimientos y necesidades de la población son muy grandes y apremiantes.

En este contexto, el nuevo Ejecutivo deberá tener listo un conjunto de políticas y reformas de inmediata ejecución, a la par con otras cuyos resultados se verán en un horizonte de mediano-largo plazo, que requieren ejecutarse desde el inicio, precisamente para obtener más temprano que tarde sus beneficios.Esta acción integral y pronta será de enorme relevancia para ir enfrentar los significativos problemas que heredará el nuevo gobierno y demostrar a la población claridad y decisión en sus acciones, indispensables para atenuar la incertidumbre y desconfianza. Veamos desde nuestro enfoque de carácter económico cuáles deben ser. 

Parte central y prioritaria de lo que corresponde realizar en lo inmediato es la ejecución de un programa que asegure quebrar la dinámica de la pandemia en el ámbito nacional. Urgente no solo por el profundo efecto negativo, expresado en fallecimientos y secuelas en los infectados, sino por que no es posible retomar el crecimiento económico sin ello. Esto implica garantizar que este año, en concreto cinco meses para el nuevo Ejecutivo, se vacunará si no a toda la población, por lo menos a un alto porcentaje. Pero asegurando que paralelamente se implementará un programa que reduzca la tasa de contagio y que se atenderá como corresponde a quienes resulten afectados por el virus, sin tener angustias por falta de oxígeno o camas UCI. 

En el campo económico tendrá de inicio que actuar sobre dos temas determinantes: las finanzas públicas y la inversión. Para ejecutarlas con éxito serán necesarias dos reformas estructurales, o al menos adelantar elementos sustantivos de ellas que dependan directamente del Ejecutivo y no de una ley del Congreso. Nos referimos a la tributaria y a la del Estado en el ámbito del Ejecutivo. En el primer caso es imperativo asegurar la disposición de recursos fiscales para responder oportuna y adecuadamente a los requerimientos que conllevan las diferentes acciones a implementar (como las acciones sanitarias recién comentadas), pero garantizando la reducción progresiva del déficit en un periodo creíble.

No podemos olvidar que una de las fortalezas que permitieron alcanzar y mantener la estabilidad macroeconómica, fue la adecuada posición fiscal, expresada –si no en superávit– en un bajo déficit. Esto hará posible ir reduciendo la dependencia de endeudamiento tanto de fuentes internas como externas, pues la deuda pública, si bien no alcanza niveles preocupantes, se ha elevado considerablemente de alrededor del 26%-36% del PIB, con tendencia al alza. La acción específica en determinados aspectos de carácter tributario para conseguir  los recursos fiscales que se necesitarán de inmediato no debe ser óbice para presentar al Congreso, en el plazo más breve posible, una reforma tributaria integral, proempresa y proinversión, teniendo muy presente que aproximadamente el 99% del universo empresarial son micro y pequeñas empresas, y de ellas actualmente alrededor del 90% son informales. 

En cuanto a la inversión, pública y privada, es determinante en especial para generar puestos adecuados formales de trabajo e ir reduciendo el desempleo, y en particular el subempleo. Esto a su vez permitirá progresivamente aumentar el consumo e ingresar a un círculo virtuoso de crecimiento económico sano, pues además coadyuva a incrementar la productividad. Para ello se torna impostergable realizar una reforma integral del Ejecutivo en sus tres niveles –nacional, regional y local– para lograr mejorar sustancialmente la gestión y, en particular, desmontar regulaciones absurdas, eliminar trabas y barreras burocráticas y simplificar procesos y aspectos administrativos que hagan factible en plazos razonables la retoma de proyectos de infraestructura que fueron postergados por diversas razones y el inicio de otros en cartera o precisados en el Plan Nacional de Infraestructura, ello a la par con abrir el camino para que múltiples proyectos en diversos sectores, como el minero-energético, se hagan realidad. 

La reforma del Estado, incluyendo al Poder Judicial y Legislativo (reforma política) es mucho más amplia y compleja, la que por cierto debe realizarse, pero la más apremiante para lograr romper la inercia en el tema de inversión es la del Ejecutivo, que comprende muchos más aspectos que los precisados anteriormente y que el lector puede encontrar en un artículo editado por El Montonero en febrero con el título ”Pautas para modernizar al Ejecutivo”, en el cual precisé las características de la reforma integral de este poder del Estado.

En cuanto a las reformas estructurales que habrá que iniciar en lo inmediato, pues empalma con el tema de inversión, pero cuyos resultados en algunos casos se verán más a mediano-largo plazo, nos referimos a cuatro: la laboral y de pensiones, de la salud, educación y ciencia y tecnología. No es posible aspirar a un crecimiento alto, equitativo y sostenible, que nos ponga más temprano que tarde en camino a ser un país del primer mundo, si no realizamos estas reformas capitales para aumentar progresiva y sólidamente la productividad-competitividad del país y el bienestar de la población. Requerirá la participación del Ejecutivo y Legislativo y por ende un alto grado de coordinación para concretarlo. Pero, por encima de todo, el convencimiento que sin ello no saldremos adelante y que por tanto corresponde buscar entendimientos para hacerlas realidad. 

No es propósito de este artículo detallar cómo debe ser cada reforma, en parte por lo extenso que sería el mismo, pero podemos señalar que la laboral debe buscar flexibilizar la legislación imperante y reducir los costos no salariales, en línea con lo establecido en la ley de promoción agraria lamentablemente derogada, mientras que en lo pertinente a pensiones corresponde perfeccionar la legislación vigente de las AFP e incorporar en un esquema similar a la ONP teniendo como norte el garantizar a todos los trabajadores, incluidos por cierto los independientes, una pensión adecuada cuando les toque la jubilación

Respecto de las reformas sobre el capital humano, salud y educación, son determinantes para cabalmente asegurar una distribución equitativa de oportunidades a toda la población e incremento de su productividad, coadyuva a reducir la informalidad e ingresar a una ruta adecuada de crecimiento económico inclusivo y sostenido. En ambas se requiere un enfoque integral. 

En cuanto a la salud ha quedado evidenciado que el aspecto tan relevante de la prevención es prácticamente ignorado y que los centros de atención primaria de la salud o no existen o están mal implementados desde todo punto de vista, lo que entre otros aspectos impidió una acción eficaz contra la propagación y atención temprana del Covid-19. Además, es indispensable examinar las funciones y campo de acción de todos los organismos involucrados, el grado de avance en los aspectos digitales y de sistemas, a la par con los temas de infraestructura, equipamiento y adquisición y distribución de medicinas. Por cierto elemento vital es lo referente a recursos humanos en todo su espectro, que comprende a los médicos y todos los técnicos y especialistas involucrados.

La reforma de la educación debe hacerse a la luz de la presencia a nivel mundial de la cuarta revolución industrial, del profundo avance tecnológico y del cambio significativo que se producirá en las actividades productivas que conlleva hacia adelante un ajuste en la demanda de empleo. Esto determina la necesidad de un minucioso examen de las asignaturas y contenidos a nivel de la educación primaria y secundaria, así como la impartida en los centros de capacitación tecnológica y en las propias universidades. Lo señalado exigirá actualización permanente del profesorado, elemento además indispensable para su promoción y mejora. Al igual que la salud corresponde potenciar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.

Muy de la mano de la reforma educativa está la pertinente a la innovación, ciencia y tecnología, clave para darle a la actividad productiva, a los nuevos emprendimientos y a los proyectos de inversión en general lo último en el avance tecnológico, pero en particular aquello que sea más idóneo para la disponibilidad de recursos físicos y humanos que tenemos. Es un elemento particularmente relevante para aumentar de manera permanente la productividad-competitividad de nuestros agentes económicos. Es especialmente aconsejable una acción muy coordinada del sector público y privado.

Para finalizar queremos reiterar que aquel equipo económico que logre acceder al Gobierno deberá estar hoy, más que en otras oportunidades similares de cambio de autoridades, muy bien preparado y listo para tomar acción tan pronto asuma las riendas del país, al menos en los temas que hemos mencionado y brevemente desarrollado, no sólo por los enormes problemas urgentes que deberá resolver tan pronto acceda al poder, sino así mismo para enrumbar al país por la ruta del crecimiento alto y sostenido, condición necesaria aunque no suficiente para garantizar recuperar primero y superar después los niveles e indicadores pre pandemia y, más relevante aún, responder de manera eficiente y eficaz a las exigencias nacionales.