El que las hace las paga

Cuando se trata de inmovilizar a un país y tenerlo de rehén con tal de salirse con la suya, los sindicatos y confederaciones de trabajadores son unos expertos. Ante los últimos acontecimientos de esta semana y futuros intentos de movilizaciones por parte de la izquierda argentina, el gobierno de Javier Milei ha establecido como pauta de seguridad el famoso “protocolo anti-piquetes”, del cual pasaremos a hablar a continuación.

El pasado 24 de enero una serie de confederaciones y sindicatos de trabajadores argentinos anunciaron una movilización total en contra del gobierno de Javier Milei. Los organizadores de dichas protestas, entre los cuales destaca el sindicalista reblandecido Pablo Moyano, aduce que se protesta contra el gobierno actual porque adolece de “falta de conciencia social”. El líder de la Confederación General del trabajo Argentina (CGT) aduce también que el gobierno actual ha sido responsable de encarecer el nivel de vida hasta las nubes, haciendo impagables cosas tan necesarias como la gasolina o algunos alimentos básicos. Alguien debería recordarle al nefasto dirigente peronista que esta situación es producto de décadas de despilfarro, derroche y mala administración económica por parte de los gobiernos argentinos precedentes, dentro de los cuales destacamos la bochornosa administración del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno de Alberto Fernández.

Los huelguistas afirmaban que antes de diciembre del año pasado la inflación estaba controlada; y que al menos se podían pagar los productos, pero que sin embargo ahora la situación era muy crítica. La respuesta es obvia: con el sinceramiento del tipo de cambio que hizo el ministro Caputo el tipo de cambio oficial se igualó con el paralelo, por otra parte, se eliminaron muchos subsidios y se acabó con los controles de precios. Estas medidas liberalizadoras tienen un carácter de shock en la economía, por lo que es natural que los precios se eleven, no porque haya más inflación, sino porque se han ajustado al verdadero precio de mercado quitando subsidios y controles de precios. Sin embargo, la oposición argentina no quiere reconocer esto y acusa frontal y directamente a Milei de ser responsable absoluto y directo del mayor empobrecimiento de los argentinos.

La marcha también contaba con el objetivo primordial de combatir el famoso DNU y evitar la aprobación de la “ley de bases y puntos de partida para el retorno de la libertad a los argentinos”, demonizada por la oposición bajo el nombre de “ley ómnibus”. Ante esto el gobierno de Javier Milei respondió elaborando el protocolo anti piqueteros. Se llama así a una serie de reglas determinadas para combatir con eficacia y resolución a todos aquellos grupos de manifestantes que quieran causar desorden, caos y zozobra. Así que veamos a profundidad en qué consiste este nuevo protocolo de seguridad que anula el sistema policial previo de los gobiernos kirchneristas.

La nueva normativa lleva por denominación “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, habilita a las fuerzas de seguridad a nivel federal (como la Gendarmería nacional o la Policía federal) para intervenir en caso de protestas. La resolución se enfoca en acabar con los piqueteros, los cuales causan zozobra, vandalismo y sobre todo bloquean las carreteras y calles principales. Esta resolución también propone la intervención de la fuerza policial de una forma más directa sin tener que pedir permiso ni a la fiscalía ni al poder judicial, ya que aduce que el bloqueo de carreteras es un delito flagrante. Todas las rutas que se ubiquen bajo jurisdicción distinta a la del gobierno federal pueden también ser intervenidas de acuerdo con la ley de seguridad interior.

El protocolo también busca no solamente acabar con los facinerosos bloqueadores de carreteras, sino también busca despejar las vías lo más rápido posible para que el tráfico normal retorne, la gente de bien pueda volver a movilizarse y sobre todo que cualquier daño material que hayan causado los malhechores sea reparado exigiéndoles a las organizaciones de obreros, sindicatos y cualquier grupo piquetero una indemnización. La búsqueda exhaustiva de los responsables mediante filmación, seguimiento y posterior arresto son parte integral de este nuevo protocolo.

Por lo antes visto, este protocolo tiene muy en claro cuáles son sus objetivos y cómo combatir a este mal que es llamado “piqueteros por los argentinos” pero que en todo Latinoamérica los conocemos bien. Aquí en Perú vemos cómo en numerosas ocasiones muchos facinerosos (sindicatos de obreros y trabajadores de izquierda radical, la CGTP, el SUTEP, el Conare e incluso el Movadef) continuamente bloquean carreteras y calles, destruyen propiedad privada, agreden impunemente a las fuerzas del orden y sobre todo causan retraso y molestia a los ciudadanos honestos y trabajadores.

Como en cualquier lugar de nuestro continente estos sindicatos simplemente defienden sus privilegios y no defienden al trabajador de a pie. Tengamos en cuenta que el anterior presidente fue un facineroso que se hacía llamar “un humilde profesor" era de este tipo de engatusadores y generadores de caos. A pesar de que la movilización del 24 de enero reunió a unas cuarenta mil personas en Buenos Aires, la marcha en el fondo fue un fracaso, ya que se estimaba que al menos unas quinientas mil personas acudirían a las marchas. Además, hay que decir que las marchas se produjeron con relativa paz y tranquilidad, no se reportaron daños masivos contra la propiedad e incluso hubo disputas y peleas entre los propios jefes sindicalistas.

No cabe duda de que el protocolo anti-piquetes funcionó incluso como un elemento disuasivo, la mayoría de las calles no fueron bloqueadas y la gente de bien pudo salir a trabajar. Estamos seguros que vendrán futuras huelgas y movilizaciones, pero si el protocolo anti-piquetes sigue mostrando efectividad al momento de despejar las vías y arrestar a los más impresentables, esta podría ser la precursora de un cambio de paradigma en toda América latina. Nuestros países tendrían que seguir el ejemplo de Argentina para establecer protocolos en contra de las movilizaciones y huelgas violentas que buscan desestabilizar a todo un país y que en ningún momento defienden intereses del pueblo ni de los más necesitados, que, como en Argentina, son parte de una nefasta y añeja casta que busca mantener sus privilegios a costa de los demás.

No hay peor zángano desempleado que un sindicalista. No hay peor vándalo que el que destruye propiedad y ataca a las fuerzas del orden con toda impunidad. Esto debe acabar y como dijo el presidente Milei: el que la hace, la paga.