El Presidente faltó a la verdad

El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha comenzado a preocupar seriamente a un sector del país debido a su interés por mantener e incrementar su popularidad sin ofrecer gobernabilidad, su principal obligación como Jefe de Estado. A tal punto que, confiado en el respaldo ciudadano favorable en todo lo que él dice y hace, se ha atrevido a faltar a la verdad.

En el editorial “Paso en falso” de El Comercio, del pasado 17 de enero, respecto a esta conducta de Vizcarra, se señala que “interrogado sobre si la empresa CyM fue proveedora para Odebrecht en la Interocéanica, el mandatario respondió: No, en absoluto, en absoluto; es falsa esa información. A lo largo de la semana Vizcarra puntualizó que en ese tiempo no se sabía quiénes eran los que integraban el consorcio Conirsa. ¿Por qué no fue totalmente claro el presidente? Eso es lo que legítimamente puede preguntarse cualquier ciudadano. ¿Realmente pretende persuadir a la opinión pública de que en ese entonces no sabía cuál era el socio principal del consorcio con el que su empresa estaba contratando?”

Aún cuando existe un bolsón importante de la población halagando la gestión (¿cuál?) del mandatario moqueguano, una reciente encuesta de Ipsos muestra la caída de la popularidad de Vizcarra en el centro y sur del país, de 70% a 55%, respecto al último mes. Los más suspicaces han comenzado a cuestionar qué hay detrás de todo este tinglado anticorrupción armado por el jefe del Ejecutivo. ¿Acaso, Vizcarra sería la garantía de impunidad para un sector de implicados en el caso Lava Jato, por ahora debajo del paraguas que ofrece como presidente del país? ¿La estrategia de copamiento total y absoluto del sector Justicia que ha emprendido el mandatario será suficiente para librar de la cárcel a los verdaderos implicados en corrupción? Es decir, un sector Justicia con fiscales y jueces sin atreverse a, por ejemplo, cuestionar y sancionar las desatinadas declaraciones del juez Richard Concepción Carhuancho y su equivocada “indignación como ciudadano”.

Con los recientes resultados de Ipsos, la popularidad frágil de Vizcarra es evidente. Tarde o temprano la población comenzará a exigir más resultados de la lucha anticorrupción que personifica el Presidente. No bastará haber enviado a la cárcel a Keiko Fujimori, mientras el resto de los acusados —los que organizaron qué obras se hacen, a qué costo sobredimensionado y qué constructoras realizarán las obras— sigan libres, burlándose del país y, lo peor, seguir contratando con el Estado.

Además de haber faltado a la verdad, Vizcarra no está dando la talla como estadista en los momentos de las decisiones firmes. El Presidente parece estar tan absorbido por el caso Lava Jato que abandona los temas pendientes del país. Por ejemplo, otra vez, en el Corredor Minero del Sur, en La Bambas, 11 policías fueron brutalmente golpeados por dirigentes extremistas; y en Chapis, en el Marañón petrolero, nuevamente la turba secuestró a 24 funcionarios del Gobierno, sin una respuesta firme del Estado frente a la alteración del orden público y a la violación de las leyes.

Y es el mismo Presidente el que contribuye al debilitamiento del Perú, como país confiable para la inversiones, cuando señala que queda suspendido el otorgamiento de la licencia de operaciones de Tía María, empoderando de esta manera al gobernador antisistema y antidesarrollo de Arequipa, Elmer Cáceres. Asimismo, sin objetar la decisión de Cáceres, de detener y desvirtuar el proyecto Majes II, también en Arequipa, el presidente tampoco ha salido a defender la obra de regadío que ampliará el horizonte exportador del país.

¿No sabe acaso Vizcarra que la falta de gobernabilidad pone en peligro las inversiones en el país? ¿No hay quien le pueda decir al Presidente que sin inversiones no hay trabajo, y que sin nuevos puestos de trabajo volverá la pobreza y aumentará el desempleo y la informalidad? ¿Nadie de su entorno se ocupa de la economía? ¿O sólo están en el Gobierno tratando posibilidades de cómo defenderse de las investigaciones, de procesos y probables sentencias judiciales condenatorias por el caso Lava Jato?