El Perú y el Sistemas Interamericano de Derechos Humanos

Nuestro país es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al haber suscrito la Convención Americana sobre dicha materia. La décimo sexta disposición general y transitoria de la Constitución de 1979 ratificó “constitucionalmente” la Convención mencionada.

Nuestra actual Constitución de 1993, en su artículo 55, determinó que los tratados celebrados por el Estado, en este caso el Estado Peruano, y en vigor, forman parte del derecho nacional. El artículo 57 de la misma Constitución dispuso que la denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso –como son los de Derechos Humanos– la denuncia requiere previa aprobación del Congreso.

Sobre las muchas resoluciones de la Comisión y la Corte, ante las cuales fue emplazado el Estado peruano en relación con acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se consideraron excesivas y violatorias de los derechos humanos, amplios sectores de la sociedad civil estimaron que los excesos no fueron de miembros policiales ni tampoco del Ejército, la Marina y la Aviación, sino de las resoluciones condenatorias de los entes jurisdiccionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con cuantiosas y dantescas indemnizaciones a cargo del Estado y a favor de los supuestamente afectados o de sus deudos.

Incluso Comisión y Corte se arrogaron facultades de seguimiento al cumplimiento de sus resoluciones, lo que, sumado a lo expuesto en el párrafo anterior, originó que desde aproximadamente tres décadas existan voces que reclaman la denuncia de la citada Convención por el Estado Peruano.

En el Congreso de la República se han presentado durante años, iniciativas legislativas para autorizar la denuncia de la Convención, siendo quizás la última que se tramitó y dictaminó por la Comisión de Constitución y Reglamento del anterior Congreso, cuando la aludida Comisión estuvo presidida exitosamente por la entonces congresista Martha Moyano.

En el debate en la Comisión de Constitución y Reglamento hubo tres posiciones bien marcadas, unos querían que no se modifique nada y que permanezca la situación actual. Otra posición era que se autorice a la Presidencia de la República a denunciar la Convención, y una última posición era la de generar, dentro de la Organización de Estados Americanos, modificaciones a la Convención, así como a los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y Corte.

Se aprobó como era lógico la tercera posición, pues era un sinsentido quedarnos sin protección supranacional de Derechos Humanos en caso de existir un gobierno usurpador o uno violatorio de los derechos sustantivos. 

Pero además la propia Convención a que nos referimos establece un preaviso de un año para la denuncia. Y “dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado Parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto” (artículo 78).

Se han sucedido en nuestra patria en las últimas décadas diversos gobiernos y, ninguno ni siquiera intentó desvincularnos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; antes bien durante el año 2007 en ejercicio de la representación del Perú ante la OEA y contando con la cooperación de los hoy embajadores Ana María Sánches y Luis Castro Jo, así como de la asesora Delia Muñoz, iniciamos la tarea de buscar consensos para las reformas, algunas de las cuales se lograron incorporar, pero es una tarea aún inconclusa.

El nombramiento de Aurelio Pastor como representante del Perú ante la OEA abre esperanzas de que el tema se reactive para tener un Sistema Interamericano de Derechos Humanos que haga su tarea y deje de ser un perseguidor, sin razón ni sentido, de policías y miembros de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. El doctor Aurelio Pastor tiene el conocimiento y pergaminos para hacer una excelente tarea.