¡El Perú pierde más de US$ 29,000 millones por proyectos mineros retrasados!

A partir de la próxima semana –del 25 al 29 de setiembre– el Perú –pero de manera particular Arequipa– estará en los ojos del mundo minero debido a que se realizará el Perumin 2023. Semejante evento corrobora que el Perú es una potencia de clase mundial en la minería moderna, y que este sector económico representa un puntal para el crecimiento, la reducción de pobreza y sobre todo la creación de empleo y tributación en el país. 

No obstante la buena nueva, la cara mala del asunto es que de acuerdo a un nuevo informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) la no ejecución de 23 proyectos mineros retrasados representa la pérdida de la friolera suma de US$ 29,677 millones; es decir, casi US$ 30,000 millones. Conga, Galeno y Río Blanco llevan atrasados casi una década y no hay visos de avance significativos. Tía María continúa estancado, a pesar de que en la zona hay una mayoría social que acepta el proyecto. Asimismo, hay otro dato increíble: de haberse ejecutado los 23 proyectos retrasados la cifra de pobreza no sería de 27,5% sino de 22,3% (a pesar de la pandemia).

Semejantes números representan lo siguiente: sin minería moderna el Perú no tiene viabilidad. A pesar de los datos irrefutables, la inercia continúa. Si bien es cierto también que en el Ejecutivo hay una decisión correcta para desarrollar la minería moderna, parece que las palabras y las acciones no van juntas. Todo indica que existen tres nudos gordianos que necesitan desatarse: la tramitología y permisología, los denominados conflictos “sociales”, y el desarrollo de estrategias de comunicación para comunicar más y mejor sobre el impacto positivo de la minería moderna, frente a los relatos y narrativas anti mineras. 

Desde el Gobierno ya se anunció que habrá un aumento en el presupuesto para el fortalecimiento de las capacidades de las entidades rectoras y opinantes. El detalle ligero es que es todavía para el presupuesto del 2024, y echar a andar la máquina tardará hasta el 2025. Mientras ello sucede, todo avanzará lentamente. 

Con respecto a los conflictos sociales, se debe avanzar hacia una metodología única e integral entre las diversas instituciones, además de que deben identificarse con mayor precisión los tipos de conflictos. Considero que calificar como “conflicto social” o “conflicto socio ambiental” a cualquier conflicto no ayuda ni explica nada. Sobre el tema de una mejor comunicación, existen de sobra buenas prácticas para ampliar la percepción positiva y reducir la negativa, asimismo estrategias locales muy focalizadas para aumentar el apoyo a la minería.