El Perú no puede seguir paralizado

 

Los fuertes remezones provocados por la corrupción, los estragos de El Niño costero y la desesperante lentitud en las tareas de la Reconstrucción con Cambios han desnudado con crudeza a un Gobierno a punto de desfallecer por su incapacidad para enfrentar las dificultades y su escaso manejo político.

A pesar de las mejoras en el precio de los minerales, nuestra minería aún no muestra signos de reactivación, debido a la intolerancia extremista y la blandura de un Gobierno que hace rato tiró la esponja, asustado por la maquinaría comunista que encontró en el tema medioambiental su bandera de lucha para desestabilizar al actual sistema de Gobierno, elegido por la mayoría de los peruanos.

Proyectos importantes como Tía María, Quellaveco, Toromocho y Michiquillay siguen esperando que el Gobierno les dé luz verde y garantice la seguridad jurídica para sus inversiones, requisito básico que por ahora les resulta imposible obtener.

Lamentablemente el Gobierno y el Congreso —con su variopinta composición— se encuentran distraídos en una inútil confrontación de poderes, que les impide ponerse de acuerdo para resolver la crítica problemática minera, así como la paralización del sector de la construcción como consecuencia del escándalo Lava Jato. Un problema que se complicará aún más con la confesión sincera de Jorge Barata —el más grande corruptor de autoridades—, quien a fin de mes brindará información clave para cerrar el círculo de la investigación fiscal.

La problemática del sector construcción es tan seria que más de S/ 30,000 millones en inversión pública están paralizados por falta de coordinación entre los poderes del Estado —incluyendo al Poder Judicial— para poder revertir la crisis de la corrupción. Una situación que viene impactando directamente a más de 100,000 peruanos que laboran en las grandes, medianas y pequeñas constructoras; así como en más de 450 empresas proveedoras, también afectadas por la inmovilidad de tan importante sector económico.

Cabe precisar que de los 14 países involucrados en escándalos de corrupción, solo el Perú se encuentra paralizado. El resto sigue trabajando gracias a medidas oportunas adoptadas para no afectar su desarrollo; eso sí, sin perder de vista los juicios y penalidades que aplicarán a los funcionarios y empresas que han delinquido en perjuicio de sus respectivas naciones.

Para hacer más patética nuestra realidad, el Decreto de Urgencia que se aprobó el año pasado, y que ha sido ampliado por un mes más, no resolvió los problemas. Y con seguridad tampoco resolverá nada en el futuro inmediato, debido a la desconfianza actual con las constructoras, la inoperancia del Gobierno y la inflexible posición de los bancos, que no otorgan préstamos a las empresas constructoras por falta de garantías.

En medio de este sombrío panorama han surgido crecientes rumores de una posible renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República —antes que lo vaque el Congreso— en marzo próximo, con la reiniciación de la Legislatura. La oposición solo espera las confesiones de Barata para accionar el gatillo, debido a que la credibilidad dem PPK ha caído a 19%;, es decir, el 81% de peruanos no confía en él, y el 54 % está de acuerdo con su renuncia o la vacancia.

De ocurrir cualquiera de estos dos escenarios, sería deseable que las fuerzas políticas de oposición alcancen un acuerdo de gobernabilidad para asegurar la transición democrática hasta el 2021. El sucesor lógico, según la Constitución del Estado, sería Martín Vizcarra, quien coincidentemente se encuentra en Lima coordinando una reunión internacional de mineros en Canadá para el mes de abril próximo.

De producirse un cambio de timón en el Gobierno, dicha renovación debería extender su accionar a muchos altos funcionarios de la administración pública, que lamentablemente desde la época de Paniagua se hacen a “los muertitos” para seguir lucrando del Estado.

Así mismo al Congreso de la República le corresponde asumir un rol protagónico en la solución de esta seria crisis, formulando leyes que refuercen y agilicen la administración de justicia, la lucha frontal contra la corrupción y la simplificación administrativa en el Estado. Ha llegado la hora de jugársela por el Perú, y de demostrar que el Perú es más grande que todos sus problemas.