¿El Perú a la deriva?

Más allá de las simpatías políticas de unos y otros, lo cierto es que un país cuya economía va registrando trimestralmente un estancamiento progresivo y reiterado en su ritmo de crecimiento, sea motivado por la acción u omisión de sus actores políticos, en el corto plazo dejará de contar con recursos suficientes para sufragar los gastos que el Estado representa. ¿Qué está en juego cuando disminuyen los ingresos del Estado?

El incremento de la inseguridad ciudadana y, la otra cara de esta medalla, la delincuencia común, porque al haber menos recursos es obvio que el presupuesto destinado a las fuerzas que brindan seguridad disminuirá. También estará en juego la precaria atención, cuidado y prevención de la salud que se brinda en los centros hospitalarios del Estado en todo el país, afectando principalmente a los menos favorecidos.

Asimismo, terminarán recortados los recursos asignados a la educación pública en todos sus niveles: primaria, secundaria y universitaria. Recordemos que la calidad de la educación es el mejor vehículo para la movilidad social. Con un nivel educativo que ocupa los últimos lugares en América Latina, y que tímidamente ha empezado a fortalecerse tras largos años de esfuerzo presupuestal, podemos imaginarnos qué representará su reducción. Menores salarios alejan a lo mejor del magisterio de la educación pública. Y los perjudicados serán, otra vez, los hijos de los más pobres.

Pero no solo ello. Cuando disminuyen los ingresos fiscales, los gobiernos suelen suspender los proyectos de inversión, que generalmente están destinados a ejecutar obras de infraestructura pública, como son la construcción de hospitales, mejoramiento y ampliación de las instituciones educativas. Infraestructura que, en la actualidad, tal como está mucha de ella, implican un riesgo para varios miles y quizás millones de estudiantes.

Actualmente, en Lima, la Municipalidad Metropolitana ha implementado el plan Pico y Placa, que establece una restricción horaria para la circulación por ciertas avenidas a vehículos particulares, en función a la terminación del número de placa. El resultado: liberas unas vías y congestionas otras, porque no se ha invertido en vías de comunicación. 

Una economía que deja de crecer significa menores recursos para el Gobierno central y para los gobiernos subnacionales. Al contraerse el consumo interno —principalmente los gastos de las familias—, la recaudación por concepto de Impuesto General a las Ventas (IGV) también cae y, al haber menor consumo la demanda de bienes y servicios producidos en el país o en el extranjero disminuye, lo que termina por impactar negativamente en la generación de empleo. Todo lo contrario, casi siempre se ocasiona desempleo.

El riesgo de que una economía entre en recesión es que termine impactando la solidez de sus indicadores macroeconómicos. Al reducirse los ingresos fiscales, por razones políticas, los gobiernos terminan echando mano a las reservas que tanto esfuerzo ha tomado acumular. Y una vez consumidas esas reservas, lo único que les resta es acudir a la emisión inorgánica; es decir, generar inflación. Tengamos presente que en los últimos días el tipo de cambio ha registrado una súbita subida. ¿Por qué? porque empieza a cundir la desconfianza en la capacidad de las autoridades para enrumbar nuevamente la economía hacia el crecimiento.

¿Cómo se transforma el círculo vicioso en virtuoso? Incentivando la inversión —nacional o extranjera—, transmitiendo predictibilidad a los agentes económicos, haciendo sostenibles las disposiciones del Estado y brindando seguridad jurídica. La suma de lo anterior genera confianza y, en el mediano y largo plazo, bienestar para la ciudadanía, que debería ser el objetivo de todo gobierno.