El país del miedo

El informe reciente de la OCDE ha encendido una alarma que ningún país debería normalizar: el Perú es el país más temeroso frente a la criminalidad. Tres de cada cuatro peruanos creen que pueden ser asaltados, asesinados o extorsionados en cualquier momento, y nueve de cada diez declaran vivir con ansiedad o afectación emocional producto del crimen y de la inseguridad cotidiana.

La cifra es brutal, pero más lo que significa: el miedo es un hecho social, un estado de ánimo colectivo que atraviesa la vida nacional. Este liderazgo indeseable revela la forma en que la criminalidad ha colonizado el espacio público, ha deteriorado la vida urbana y condiciona incluso la convivencia democrática. El miedo es la sombra que acompaña cada actividad: caminar, trabajar, estudiar, trasladarse, interactuar, invertir. No discrimina edades, clases sociales ni regiones. Las calles que se vacían temprano, los comercios que refuerzan sus rejas, los padres que dudan antes de enviar solos a sus hijos al colegio, los adultos mayores que evitan el transporte público, las pymes que viven bajo amenaza de extorsión y las familias que escuchan motos a la distancia con el corazón acelerado son expresiones de una sociedad atrapada entre el temor y la resignación.

La criminalidad tiene presencia cotidiana, capacidad de decisión y poder de intimidación. El círculo perverso: más crimen, menos democracia, Mientras la criminalidad se fortalece, la democracia se debilita. No es una frase retórica. La democracia necesita confianza, y la inseguridad la destruye desde abajo. La OCDE no solo mide percepciones: mide climas de convivencia, miedos acumulados, efectos invisibles en las instituciones y en la salud mental. Donde reina el miedo, la ciudadanía deja de creer en el Estado, y cuando deja de creer, las instituciones pierden legitimidad.

La relación es directa  a más miedo menos participación. Las personas evitan involucrarse en asuntos públicos, se retraen, se repliegan en el mundo privado. La plaza pública se vacía, y la democracia se asfixia sin ciudadanía activa.  A más extorsión menos libertad económica. El delito condiciona inversión, empleo y movilidad. Democracia sin economía viva es solo una fachada. Más violencia implica menos confianza interpersonal. Una sociedad fracturada y cautiva pierde la base que sostiene la vida democrática. A más impunidad menos fe en la justicia. Y cuando la justicia es ineficaz, crecen las soluciones extremas y los discursos autoritarios.

Es un ciclo perverso: a mayor criminalidad, mayor miedo; mayor erosión democrática. Aumenta la tentación del “orden a cualquier precio”. Aparecen pseudo-salvadores que ofrecen mano dura sin controles, y la población, agobiada y angustiada, puede sacrificar derechos fundamentales a cambio de una sensación mínima de seguridad. A Estado debilitado, criminalidad empoderada

Lo que muestra la OCDE no es solo un ranking: es un espejo. El Estado peruano incapaz de frenar la expansión del crimen organizado, que controla territorios, extorsiona economías enteras, infiltra gobiernos locales y penetra la policía misma. La criminalidad opera con redes sofisticadas, logística internacional y financiamiento constante. El Estado opera de manera fragmentada, improvisada y sin visión estratégica. El resultado es un país de ciudadanos solos frente al peligro. Esa soledad es devastadora para la democracia. La gente deja de confiar en la policía, en el Ministerio Público, en los jueces, en el Congreso y en la clase política. La democracia, se vacía sin la confianza, queda reducida a un mecanismo formal sin capacidad de proteger la vida.

No es casual que países que han enfrentado olas de criminalidad extrema —México, Honduras, El Salvador— hayan visto también la emergencia de populismos autoritarios, concentraciones de poder y erosión del Estado de derecho. Recuperar la seguridad es salvar la democracia

La seguridad es un derecho humano básico. Sin seguridad, no hay libertad. Y sin libertad, no hay democracia. El informe de la OCDE es un llamado urgente.