El nacionalismo de las fronteras muertas

El nacionalismo, en sus versiones más radicales y trasnochadas, es un lastre para el desarrollo nacional. Una postura retardataria es aquella que trata de bloquear la inversión extranjera en las zonas de frontera, algo que en los países desarrollados ya está completamente superado. En países como Brasil, Chile, Colombia y Ecuador se permite la inversión extranjera en zonas de frontera, mientras que el éxito de países como China, radica en gran medida en abrir sus fronteras al capital extranjero, sin que su soberanía nacional se haya visto perjudicada.

En el Perú, sin embargo, diversos sectores de izquierda, o simplemente nacionalistas a ultranza, prefieren que nuestras fronteras permanezcan en el abandono, en la informalidad y el contrabando. En lugar de promover la inversión nacional y extranjera, se bloquean las posibilidades de promover actividades competitivas, de generación de empleo y formalidad. Precisamente una de las razones que explican el atraso de las zonas francas del Perú (Tacna, Ilo, Matarani, Paita, Tumbes, Loreto y Puno) es que en el entorno de frontera se impide la inversión extranjera, basándose en el artículo 71 de la constitución, que señala que en los 50 km2 de zonas de frontera no puede participar empresas extranjeras. 

Chile, por ejemplo, desde hace décadas ha reducido esta prohibición en su Constitución. Su carta magna permite la compra de propiedades a diez kilómetros de la frontera y a cinco kilómetros de la costa y no en un espacio de 50 kilómetros, como en el caso de Perú. Esto ha permitido que en el país del sur puedan realizar alquileres de propiedades a empresas extranjeras en zonas de frontera a plazos que permitan recuperar la inversión. 

En los últimos años se han realizado diversos intentos para desarrollar el artículo 71 de la Constitución, buscando que por necesidad pública sea viable la posibilidad de inversión extranjera. Estas iniciativas buscan aclarar que la prohibición de adquirir o poseer tierras en dichas zonas se refiere a las zonas rurales; por ejemplo, aquellas dedicadas a la agricultura, ganadería, minería u otros usos, y no a zonas urbanas. Se superaría así, el bloqueo de diversas inversiones entrampadas y problemas en cuanto a la formalidad de sus negocios. 

Ante esta evidencia, es necesario apoyar estas iniciativas que generan mayor igualdad en condiciones de inversión y más competitividad al interior del país, con el fin de reducir la informalidad de estas zonas, generar empleo en actividades formales y reducir los niveles de pobreza. Recientemente, el gobierno peruano autorizó la inversión minera extranjera dentro de los 50 kilómetros de la frontera norte. Mediante Decreto Supremo N°011-2018-PCM se admitió que la empresa Sociedad Minera San Miguelito S.A.C (en adelante SMSM), con 99.9% de accionariado canadiense, pueda adquirir derechos mineros dentro de los 50 km. de la frontera peruana, amparándose en la declaración de necesidad pública de la actividad minera.

Sin embargo, diversos sectores creen que esta decisión del gobierno es poco menos que una traición. En contraste, a nivel internacional las zonas económicas especiales (ZEE), en zonas de frontera son ampliamente utilizadas en la mayoría de las economías en desarrollo y muchas economías desarrolladas. En esas zonas delimitadas geográficamente, las autoridades facilitan la actividad industrial proporcionando incentivos fiscales y regulatorios e infraestructuras de apoyo. Actualmente hay unas 5,400 ZEE en 147 economías, en comparación con las 4,000 de hace cinco años, mientras que otras 500 zonas están en proyecto. El auge de las ZEE, muchas de ellas en zonas de frontera de diversos países, forman parte de una nueva ola de políticas industriales y responde al aumento de la competencia por obtener inversiones internacionales móviles. 

En el Perú diversos sectores nacionalistas prefieren que nuestras fronteras permanezcan sin vida, atravesadas por la minería informal, el contrabando o sin ningún tipo de actividad, so pretexto de que una inversión extranjera en esos lugares sea un peligro para la soberanía nacional, cuando más bien ese peligro proviene de espacios de frontera totalmente abandonados. Tacna es una de las pocas ciudades sin centro comerciales modernos, pero no fue la única afectada, por este lastre constitucional. A Tumbes, por ejemplo, una región con tanta pobreza poco favor le hace este articulo 71 de la Carta Magna. Hace unos meses, si una familia en Tumbes hubiera querido recrear en un centro comercial moderno, ir al cine o acudir a una cadena de comida rápida hubiera tenido que cruzar la frontera y manejar dos horas hasta Machala, Ecuador, donde sí existen este tipo de establecimientos.  La ciudad del extremo noroeste de Ecuador tiene esas facilidades. Recientemente se inauguró un strip center.  Una clase de centro comercial conformado por un pequeño grupo de tiendas de conveniencia como abarrotes o de servicios que se ubican en una superficie no superior a una manzana y en las cercanías de una zona presidencial.

El artículo 71 de la Constitución bloquea diversas iniciativas de capitales extranjeros que quisieran invertir en las zonas francas, Centros Comerciales y otros emprendimientos, ocasionando pérdida de generación de empleo, impuestos y renta. Puno y Tumbes podrían apuntar a un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de entre 3% y 4% con mayores inversiones extranjeras en diversos sectores. Resulta evidente entonces la necesidad de revisar el artículo 71 de la Constitución.  Una norma que de ser modificada reduciría los costos de transacción para los extranjeros que inviertan en ciertos tipos de activos en zonas fronterizas y que evite la necesidad de constituir un fideicomiso, gastar en abogados y en trámites, para intentar eludir ese nefasto artículo 71 de nuestra carta magna.