El momento de las contrarreformas

Las propuestas de reforma constitucional para aprobar la elección uninominal de congresistas, el retorno a la bicameralidad y su renovación a mitad de mandato, cambio hacia el voto ciudadano facultativo y la reelección inmediata de congresistas, podrían estimular un cambio en la forma como han devenido los procesos electorales, y en la composición y el funcionamiento de los poderes estatales. Sin embargo, debemos advertir que el éxito de toda reforma no se mide en su cantidad sino en función de los efectos que produce al conjunto; es decir, se valoran mejor los cambios que desencadenan otros en favor del sistema político. Por eso, las reformas formales deben propiciar comportamientos que promuevan más organización y mejor democracia interna de los partidos en su diaria vida política. 

La propuesta de elección uninominal para congresistas demandará circunscripciones electorales más pequeñas, con la finalidad de que la contienda por un escaño parlamentario quede delimitada y los electores tengan mejor acceso a la información sobre la trayectoria personal y profesional de los candidatos, además de reforzar el principio representativo.

El retorno a la bicameralidad es una reforma postergada, pero que debe asociarse con la descentralización para que convierta al Senado en una verdadera cámara regional, cuyos representantes velen por su continuo mejoramiento, además de operar como contrapeso a la legislación proveniente de la cámara de diputados. Volver a un Senado compuesto por congresistas electos en distrito único sería más de lo mismo, a menos que sea una condición transitoria mientras se realiza un análisis y revisión del proceso de regionalización, que lleva treinta años.

El cambio de voto obligatorio a facultativo obligará a los partidos a tener continua vida partidaria y comenzar la campaña electoral con más anticipación que la habitual, con la finalidad de comprometer a la población para acudir a los centros de votación. Pero también con el compromiso del Estado para mejorar el acceso, seguro y cercano, a los locales de sufragio en el interior del país, así como el pacto de todas las tiendas políticas para respetar los resultados y lograr el aumento progresivo de participación ciudadana.

Finalmente, nos queda la corrección más nefasta contra nuestra forma de gobierno: la necesidad de volver a permitir la reelección inmediata de congresistas y su garantía de inmunidad para fiscalizar, que permite a los jóvenes políticos alcanzar y consolidar con el tiempo una trayectoria parlamentaria, con los ciudadanos decidiendo cada cinco años si renuevan, o no, su representación. Una reforma que se complementa con elecciones congresales durante el mandato presidencial, para medir la aceptación ciudadana y la posibilidad de cambiar la correlación de fuerzas políticas dentro del hemiciclo. 

Otro ajuste es que los candidatos a la presidencia de la República puedan ser candidatos al Congreso encabezando la lista partidaria. De esa manera podrían dirigir a su bancada como oposición, y no quedar invisibilizados tras el final de una ardua campaña electoral, sino mostrarse desde el hemiciclo como una opción válida presidencial; además fomentar la cohesión interna y lealtad de su grupo parlamentario, en un país que carece de sistema de partidos.

Es cierto que se trata de una reforma que no es afín al presidencialismo puro, pero tengamos en cuenta que nuestra forma de gobierno guarda distancia con su versión más clásica (Constitución estadounidense de 1787) y cuenta con instituciones parlamentaristas desde la Constitución de 1860. Por tanto, se trata de un conjunto de reformas que buscan promover la democracia interna de los partidos, pero también tienen la finalidad de corregir anomalías en el funcionamiento de nuestra forma de gobierno, a causa de las erróneas correcciones a las disposiciones electorales, así como otros polémicos cambios aprobados por ley de reforma constitucional y luego confirmadas por referéndum.