El megaproyecto de la isla San Lorenzo

La gran mayoría de ciudadanos de Lima y Callao no saben o no valoran el hecho de que a menos de cuatro kilómetros de nuestras costas existe un archipiélago de islas, con una extensión de casi 1,500 hectáreas, que ya quisieran tener otras ciudades capitales en Sudamérica. Un archipiélago que, podría convertirse en un megapuerto multimodal, con atractivos turísticos y de recreación. Es un proyecto que data del año 1999, cuyos inicios de viabilidad fueron aprobados a través de la R.S. N°062-99-PE, como “Concesión del Estado Isla San Lorenzo”, y fue ampliado con la incorporación de la isla El Frontón, en enero del año 2011, a través de del Decreto de Urgencia N°001-2011.

En el imaginario ciudadano, sobre todo de los mayores de edad, a este lugar (que suele confundirse con la isla cercana El Frontón) se le recuerda como el lugar donde décadas atrás existió una instalación carcelaria, donde murieron decenas de militantes terroristas de Sendero Luminoso, en una discutible operación policial y militar. La Isla San Lorenzo está ubicada en el Océano Pacífico, frente a la Bahía del Callao, a una distancia de 3.8 Km. del distrito de la Punta. Ambas islas fronterizas, San Lorenzo y El Frontón, son casi seis veces más grande que varios de los distritos creados en Lima y Callao. 

Llevar a cabo el proyecto de la Isla San Lorenzo costaría US$ 12,000 millones y tardaría unos seis años. Propiamente, se trata de un archipiélago que está abandonado en la actualidad, ni siquiera en una condición de santuario. Aunque una luz de esperanza parece haber sido encendida para el proyecto del megapuerto multimodal de la isla San Lorenzo, que propone construir en el archipiélago puertos navieros de gran capacidad, un aeropuerto de varias pistas y una estación ferroviaria que lo uniría con el Callao, a través de un túnel construido bajo el lecho marino.

La Isla San Lorenzo, por su tamaño y la profundidad de las aguas que la rodean, servirá al mercado mundial como un hub port sudamericano, marítimo y aéreo, para las súper naves y aeronaves, con un santuario financiero, un astillero y una zona turística ecológica. Asimismo, los túneles de conexión facilitarán el transporte de carga y pasajeros, sin afectar a la ciudad de Lima Metropolitana. Este megaproyecto generará más de millón y medio de nuevos puestos de trabajo, directos e indirectos, así como grandes oportunidades de negocios locales para asistir mejor con instalaciones modernas a los usuarios de países sudamericanos, en transporte multimodal y en el campo de turismo, con la consiguiente reducción de costos dentro de los conceptos de economía de gran escala.

El proyecto puede considerar diversos tipos de inversión privada, concordantes con el marco legal vigente, que faciliten la implementación de mecanismos dinamizadores de alto impacto que incrementen la competitividad del país. Dicha inversión deberá encontrarse en armonía con las políticas nacionales de preservación y conservación del patrimonio arqueológico, natural y conexos, por su contribución al desarrollo sostenible del país.

La isla San Lorenzo tiene una posición estratégica porque está ubicada en el entorno de Lima, capital del Perú, que cuenta con más de 10 millones de habitantes (incluyendo el Callao), en el centro de la costa del Perú, que a su vez se ubica estratégicamente en el centro occidental de Sudamérica. Su acceso, por la fácil articulación de las islas con el esquema vial de Lima Metropolitana, permitiría un rápido desplazamiento a las principales zonas comerciales, industriales y residenciales de la ciudad.

Existen dos críticas fundamentales a este megaproyecto. La primera proviene de sectores ligados a la Marina de Guerra del Perú, quienes se aferran a una estéril tradición para que esa área prosiga como un santuario natural e histórico. Se oponen a que se le quiera convertir en zona comercial. Se señala que el proyecto, al contemplar la construcción en la isla de hoteles, centros comerciales y una autopista que la una al litoral, pondría en riesgo la existencia de más de 270 especies, entre flora y fauna, así como zonas arqueológicas aún no estudiadas. En realidad es una crítica trasnochada o temerosa de realizar un sincretismo entre modernidad y tradición. Solo defienden un statu quo para que San Lorenzo y El Frontón prosigan como espacios totalmente abandonados.

La segunda crítica, con mayor nivel de consistencia, señala que la construcción de un megaterminal multimodal en la isla San Lorenzo podría generar una competencia desleal con el puerto del Callao y con el que actualmente se construye en Chancay. En el corto plazo, la existencia de cuatro puertos (Callao, San Lorenzo, Chancay e incluso Pisco) en una distancia litoral de 400 Km2 terminaría favoreciendo a los intereses de Chile, que pretende consolidar la hegemonía en el Pacífico sur del puerto de Mejillones, en vista de que una competencia de cuatro puertos peruanos en una pequeña distancia terminaría por anular mutuamente la pretensión de los cuatro proyectos portuarios. 

Tanto la primera, como la segunda crítica del proyecto deberían ser atendidas. En el primer caso, el proyecto tendría que demostrar, mediante un estudio de impacto ambiental que las especies marinas existentes en San Lorenzo y el Frontón no corren peligro; mientras que en el segundo caso, se requiere un plan de desarrollo portuario y delimitación de competencias específicas a cada puerto para evitar una competencia fratricida que a la larga perjudique a todos esos intentos y al propio Callao.

Contrariamente, si se establece un corredor portuario estratégico de complementariedad, los cuatro puertos podrían formar parte de un complejo potente de mutua retroalimentación. Por ejemplo, ante el creciente congestionamiento en las diversas vías que llegan al Callao por el transporte y que, según varios especialistas, está a punto de colapsar. El megaproyecto de la isla San Lorenzo sería una alternativa de eficaz descongestionamiento. 

Para hacer realidad este proyecto, con una inversión de US$ 12,000 millones, es imprescindible que Proinversión monitoree su relanzamiento, agilizando el levantamiento de las observaciones planteadas. Y finalmente, se requiere modificar el marco legal vigente, a fin de permitir la desafectación de los terrenos de las islas de su condición de bienes de dominio público, y proseguir con las demás actividades del proceso. Y es que sin una disponibilidad previa de esta área, difícilmente se puede ejecutar esta gran inversión.