El jinete llamado informalidad

Uno de los grandes problemas de la sociedad peruana

La informalidad económica y laboral es uno de los aspectos relevantes que se deben abordar como política de Estado para lograr una sociedad justa y equitativa. En su doble vertiente: que todos los peruanos deben aportar a solventar el desarrollo del país, para lo cual debemos incorporar a los informales; y desde la visión de estos últimos, de su derecho a acceder a las mismas condiciones educación, salud y trabajo, de las que el sector informal se encuentra casi excluido.

La informalidad económica ha sido materia de estudio en el Perú desde 1986 (De Soto, El Otro Sendero), y desde esa década, la informalidad laboral y económica se ha incrementado significativamente. Solo a partir de mediados de la primera década del siglo XXI ha venido disminuyendo, pero no de manera significativa, no obstante haber tenido el “milagro económico peruano”.

A inicios del año 2000 la informalidad laboral era superior al 80%, y al 2015 se ha reducido al 72% (BBVA Research). Pero en ese mismo periodo el PBI se ha triplicado, y la evolución de la informalidad económica no ha sido ajena a esta situación. Ante esta evidencia, la primera conclusión que queda es que no es suficiente el crecimiento económico para atacar a la informidad laboral y económica. El Estado debe hacer algo más que empujar el crecimiento económico para lograr una reducción significativa de la informalidad.

Tenemos una PEA de 24 millones de peruanos, lo cual significa que hay una cantidad de peruanos que están incorporados a la informalidad laboral y económica con el riesgo de su incremento. Sin duda, es absolutamente relevante lo que han señalado Loayza, Céspedes, Jaramillo-Sparrow y otros, cuando inciden en que hay que mantener el crecimiento económico para evitar el incremento de la informalidad o para acentuar su descenso; pero es también muy claro que para absorber a toda la PEA que se incorpora cada año se requiere de un crecimiento no menor al 5% del PBI. Algo que a la fecha no se viene logrando y que nos puede ingresar en el camino del incremento de la informalidad.

De acuerdo con la evaluación realizada por el BBVA Research, por las características que presenta el Perú de PBI por habitante, la informalidad laboral debe ser de aproximadamente 40%, lo cual evidencia que el 72% actual es demasiado alto. ¿Esto es fácil de resolver? Creemos que no. ¿Dónde está entonces el problema? Creemos que la literatura ya abordó con bastante amplitud aspectos que se deben atacar para reducir la informalidad. Así, tenemos la carga regulatoria (tributaria - laboral), la productividad laboral (educación - formación), mejores servicios básicos y educación financiera, entre otros.

Sobre el tema, ya en materia de política, en la campaña electoral el actual Gobierno hizo la promesa de duplicar la tasa de formalización hasta el 2021; es decir, pasar al 60% de formalización laboral (según la OIT, en el Perú la formalización puede tomar cuarenta años). Sin embargo, en lo que ha transcurrido desde el inicio de gestión, no se ha evidenciado ningún cambio al respecto. En línea con las recomendaciones de corto plazo generadas en la academia, se deben atacar problemas que saltan a la vista, como el régimen impositivo, el mecanismo de pago y los salarios mínimos por región o por sector (BBVA Research). En el mediano plazo, generar incentivos en el componente de la economía y empleo informal de escape. Los agentes se incorporan a este último debido a que es más ventajoso, dado que se logran mayores beneficios; por lo tanto, no hay incentivos para incorporarse a la economía formal. Incluso, como afirma Céspedes, a nivel de ingresos el personal que labora en la informalidad por escape tiene la capacidad de competir con el sector formal, por lo que este segmento requiere solamente de incentivos en el plano tributario y de un régimen laboral especial que, si bien ya tenemos, necesita una mayor difusión.

Fuerza Popular aprobó la Ley 30524, denominada Ley del IGV Justo, que desde el fuero parlamentario adopta medidas para favorecer a las mypes y combatir la informalidad. Con esta ley las mypes podrán diferir el pago del IGV hasta tres meses después de la fecha de presentar la declaración, para que el pago del impuesto lo hagan cuando efectivamente les hayan pagado por la venta de sus bienes o servicios. Como ya se ha señalado el camino para abordar la formalización ya fue debidamente señalado por la academia, lo que se encuentra pendiente es una política de Estado.

Aprovecho este espacio para también mandar un afectuoso saludo a todos aquellos peruanos emprendedores, con motivo de que el pasado 15 de mayo se celebrara el día de las mypes.

Úrsula Letona

Fotografía: Peru21