Carlos Adrianzén

El impulso que hunde

El mito progresista del “impulso fiscal”

El impulso que hunde
Carlos Adrianzén
08 de julio del 2019

 

Desde hace varias décadas el término “impulso fiscal” está con nosotros y en muchos otros países. Entre los versátiles hacedores peruanos de política, este término sería una suerte de dogma incuestionable. En su versión más difundida implica creer que el mayor gasto público “impulsa” a la economía nacional, que nos haría a todos más dinámicos y que nos daría poder adquisitivo e infraestructura productiva. Lo extraño de este asunto pasa por reconocer que ni siquiera el gasto de inversión pública movería a la economía de manera tan directa como se nos hace creer (ver gráfico adjunto).

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración propia

 

¿Pero qué sería exactamente el impulso fiscal? Para ello los invito a revisar en Internet el glosario de términos del Banco Central de Reserva (http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/i.html). Aquí este se define como un indicador que “mide el impacto de la política fiscal sobre el nivel de actividad económica”. Una suerte de versión corta de la creencia keynesiana respecto de que el gasto estatal siempre estimula la demanda efectiva; ergo, es reactivador. Esto, que el brillante economista catalán Xavier Sala i Martin describe como la mejor justificación de apariencia académica para la intervención estatal, tiene sus limitaciones. Importan además los ciclos, la abundancia de capacidad instalada ociosa, los equilibrios internos y externos, los regímenes de tipo de cambio, la movilidad de capitales, el periodo de análisis entre otras variables y parámetros. 

De hecho, la creencia keynesiana de un gasto fiscal ilimitadamente reactivador no da talla para ley económica. Eso sí, frente a la obsecuente necesidad ideológica del grueso de los burócratas y profesores progres, y dado que en los hechos no contrastaban esto (ni siquiera en la salida norteamericana a la Gran Depresión), pronto aparecieron las definiciones oportunas al impulso fiscal incluyendo factores asociados al ciclo económico y la imperativa necesidad de evaluar la intención de la política fiscal o postura fiscal (resulte esta expansiva, contractiva o neutral). No faltan algunos que lo definen como la variación en una definición arbitraria del déficit fiscal (al que etiquetan como estructural); y según esta implicaría que el gobierno iría a gastar más para ayudar a la recuperación de la economía.

Ni otros que enfatizan la necesidad de contar con indicadores que permitan identificar la orientación que se le otorga a la política fiscal. Y hacen esto estimando un balance primario estructural basado en un ajuste arbitrario de los ingresos y gastos respecto del ratio entre el producto potencial y el observado, considerando las respectivas elasticidades. 

Sobre esta discusión ya cada vez más lejana de la conexión keynesiana básica entre gasto público y niveles de actividad se autoimponen reglas tales como que se debe excluir cualquier impacto pasajero sobre sus componentes y aislar cualquier evento fortuito o anticipado. A pesar de lo aparentemente lúcido y sofisticado de las afirmaciones sobre el tamaño y naturaleza del impulso fiscal en el Ministerio y fuera de él, lo cierto es que los afanes de reactivar continuamente la economía peruana inyectando cada vez más gasto público han probado ser un popular… fracaso.

Pero ¿por qué el impulso fiscal no impulsaría la actividad económica en el país? ¿Por qué tienen que inventar tantos subterfugios metodológicos para justificar que el ministro de turno gaste más y más como le exige el gobernante de turno?

Destrozándoles el corazón a muchos colegas, que no dejan de creer en la necesidad de que el gobierno gaste más para dizque reactivar la economía, les recuerdo algunas observaciones flagrantes. Por un lado, eso de asumir que nuestro país dispone de abundante capacidad instalada ociosa —que justifique un esquema reactivador de corte keynesiano elemental— se enfrenta con las limitaciones asociadas a nueva baja tasa de inversión privada neta de depreciación, nuestro acervo de capital humano, los desincentivos prevalecientes a la innovación e investigación y desarrollo, entre otras complicaciones. Históricamente, el grueso de nuestras fases de mayor expansión del gasto estatal habría implicado desplazamientos de gasto privado por gasto público.

Por otro lado, es menester reconocer que hoy la expansión del gasto burocrático —a rajatabla— implica un ejercicio de miopía ideológica desgarradora. Envuelve ignorar que en las últimas dos décadas hemos escalado sesenta puestos en el ranking global de corrupción burocrática del Transparencia Internacional. E implica adicionalmente obviar tanto el costo de la deuda interna e interna que financia el gasto público cuanto la elevada informalidad tributaria que nos caracteriza (donde dos tercio de la población operan en la ilegalidad y el tercio restante soporta abultadas regulaciones y cargas tributarias diversas). 

En buen español: en el Perú actual el llamado impulso fiscal no impulsa la economía peruana y por muy buenas razones: gastamos muy mal (por corrupción e ineficiencia burocráticas); recaudamos tributos muy mal (cargamos abultados impuestos tasas y contribuciones sobre la minoría formal); y nos endeudamos pésimamente (pagando sospechosamente costos efectivos cercanos a los llamados bonos basura por la deuda soberana que emitimos).

Y una pepita para el cierre. A pesar de que tomamos deuda cara, recargamos de impuestos a los formales —lo cual deprime recurrentemente el crecimiento al comprimir la inversión privada, local y extranjera, en el país— y la corrupción e ineficiencia burocrática continúan flagrantes en el País (a todo nivel de la administración pública), nos quejamos y hasta escandalizamos cuando algún pliego presupuestal evidencia algún atraso en su ejecución. Sí que habremos recibido una pésima educación ciudadana.

Cuando un burócrata se demora en gastar —por lo tremendo de sus procedimientos— el gasto lo hace otro. Esos recursos son usados por los privados. Si reducen el déficit o generan un superávit, habrá mayores fondos prestables para las empresas y personas. Tómelo por seguro. Menos corrupción y menos ineficiencia.

 

Carlos Adrianzén
08 de julio del 2019

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