El Gobierno de las buenas intenciones

La jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, estuvo en Piura y dijo “eso lo vamos anular”, refiriéndose a los decretos supremos (firmados por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski) que aprueban las resoluciones de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos entre Perupetro S.A. y la empresa irlandesa Tullow Perú Limited Sucursal del Perú. “Esos decretos son inconstitucionales y deben ser derogados”, señaló como quien quiere ganarse las simpatías de los sindicatos de pescadores.

De igual idea es el presidente Martín Vizcarra. El mandatario ha dicho que no firmará nada hasta que todo esté absolutamente claro. "Debemos revisarlo primero nosotros con la sociedad civil, con los colegios profesionales, autoridades locales y regionales, y con los propios ciudadanos interesados", enfatizó.

Ambas declaraciones contradicen abiertamente al Órgano de Control Interno (OCI), dependiente de la Contraloría General de la República, que ha establecido que en los contratos, negociados largamente entre Perupetro y Tullow, no existen irregularidades y se han cumplido todos los procedimientos establecidos por la ley. A nuestro entender, ni el presidente ni los jefes de los partidos políticos deberían pretender relajar el principio de autoridad de las leyes y de las instituciones. Si no, ¿de qué Estado de derecho estamos hablamos?

Al parecer, la lógica populista y bien intencionada del presidente es someter los temas de ingeniería y de legalidad pura al escrutinio popular y a la decisión de las masas organizadas y manipuladas por la izquierda antidemocrática y antimercado.

Qué diría usted, lector, si en una planta industrial al ingeniero jefe se le ocurre someter a votación los procedimientos que gobiernan la línea de producción encomendada. Imagínese que ese ingeniero —contratado para resolver situaciones y para agregarle productividad y competitividad a la actividad económica— preguntando a sus trabajadores qué debe hacer, y que todos ellos decidan en lugar de él.

No sabemos si el presidente Vizcarra, cuando fue embajador en Canadá, pudo observar en la provincia de Alberta las bombas suministrando gas y petróleo en medio de las extensas plantaciones de canola. Si sabemos que como presidente regional de Moquegua fue testigo de los avances en materia ambiental realizados en la mina Cuajone y en la refinería de Ilo. Por ejemplo, un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) sobre concentración de dióxido de azufre en zonas mineras muestran que en la refinería de Ilo (Town city) de 4.14 microgramos por metro cúbico (μg/m3) en 2006 bajó a 3.50 μg/m3 en 2015; y en la Fundición de Ilo (Ross Siding), de 124.08 μg/m3 (2006) a 16.00 μg/m3 (2015).

El Gobierno de Martín Vizcarra no puede ser uno de idas y venidas, sin un norte definido, influenciado por el ruido de la calle, temeroso de las dirigencias extremistas y arrinconado por una mayoría legislativa. Lo que sucede con Tullow, sucede con el proyecto cuprífero Tía María. El jefe del Gabinete, César Villanueva, ha declarado que antes de otorgar la licencia de construcción de la mina el proyecto debe ser aprobado por la población. Es decir, Martín Vizcarra hará de su gestión presidencial un desarrollo constante de cabildos populares, en el que a mano alzada se vote si se aprueban o no los proyectos elaborados concienzudamente por los especialistas.

El presidente Vizcarra todavía goza de popularidad, la misma de todos los recién iniciados. Su mandato es de tres años y no debe perder el tiempo si quiere perdurar. Medidas como reducir el gasto público en viajecitos y almuercitos están bien, pero son insuficientes para una gestión que se plantea reducir la pobreza y la anemia. Todo se hace con dinero fresco, con inversiones privadas y no estatales. Los peruanos no tenemos por qué asumir los errores de los ineptos. La refinería de Talara es un ejemplo. Si no se extrae petróleo del mar del norte, no servirá para nada.