El gasto salvador

El grueso de los peruanos cree firmemente que elevar el gasto estatal le sería beneficioso. Que un candidato o un gobierno que ofrecen gastar o gasta más resultan preferibles a otros austeros y responsables. Esto, sobre todo, por la marcada informalidad de la recaudación tributaria, y cuando anticipamos que la elevación del gasto nos beneficiaria directa o indirectamente. 

Las cosas cambian cuando recordamos que nosotros –por angas o por mangas– pagamos las facturas. Y que se puede llegar a perder por completo la confianza en el gasto público salvador –y su bonito nombre paralelo, las políticas públicas– cuando reconocemos tres factores rampantes en la burocracia peruana: su alta corrupción, la generalizada ineficiencia de sus gestiones y la politización demagógica que caracteriza hoy la administración del gasto estatal a todos los niveles del Gobierno peruano.

En un ambiente donde el grueso de la población se desenvuelve en ámbitos informales, donde las regulaciones se incumplen recurrentemente y donde pocos pagan muchos impuestos, se tienden a creer muchas cosas ilusas. Que lo nuestro es un problema de ampliación de la base tributaria (y regulatoria). Esto es falso. Las cargas tributarias usuales –impuestos, tasas y contribuciones– resultan incumplidas por su irracionalidad. El grueso de los agentes económicos locales tiene ingresos de subsistencia. Además, la supinamente torpe proliferación de impuestos superpuestos a tasas abusivas, cierra el círculo, desde hace décadas. Con impuestos leoninos llega la baja inversión privada, el bajo crecimiento productivo y los ingresos de subsistencia para el grueso de los peruanos (poco educados y en áreas con deficiente infraestructura). Ergo, el gobierno construye una estrecha base tributaria.

Se repite también que mucha gente –en los ámbitos ilegales o informales– no paga impuestos. Lo repetiré: los paga por angas o por mangas. Cuando usted, por su escala económica, no cae en las fauces de la SUNAT no se ilusione. No escapa de las otras bocas del Leviatán –el Estado peruano, si no ha leído a Hobbes– cholo. El gasto público se financia cada año vorazmente. No solo con tributos (Renta, IGV, ISC, tasas y contribuciones) y con nuevas deudas estatales (que pagaremos con más impuestos o menores servicios públicos en cantidad o calidad) como nos cuenta un libro de texto; se financia también con la inflación generada por el Banco Central de Reserva (el impuesto inflacionario) y con las licencias monopólicas introducidas por el gobierno con el disfraz de empresas públicas. 

Como ilustración sirve ponderar que en promedio en el periodo 2012-2016, por ejemplo, los tributos les extrajeron a todos los peruanos el 21.3% del PBI, las nuevas deudas estatales un 0.4% del PBI, la recaudación inflacionaria extrajo el 2.6% del PBI y las ventas de las empresas públicas explicadas por sus licencias monopólicas un 5.2% del PBI. Todos pagamos las cargas estatales en Lima, en Juliaca o en Huancabamba.

Lo sugestivo viene por la forma como se gestionan anualmente los más de US$ 70,000 millones que gasta todo el Sector Público Peruano. Por la corrupción burocrática (Chinchero, Transoceánica, etc.), por la sospechosa priorización (Refinería de Talara, Edificios Públicos, Panamericanos, etc.) y por la ineficiencia de la gestión de su gasto (reconstrucción del norte, aumentos a maestros que no aprueban pruebas de comprensión lectora.

El peso fiscal peruano es enorme. Nos cuesta mucho, paga bien a los amiguitos del Gobierno de turno y no provee ni de incubadoras y respiradoras a los principales hospitales del País.

Bajo esta perspectiva la marcha del actual gobierno es más que sugestiva. Infla el gasto sostenidamente (ver Gráfico 1) y a pesar de ello no faltan las voces que se quejan de que los funcionarios no gastan aún más rápido.

Estas voces se inquietan obviando la gigantesca corrupción burocrática, la falta de priorización o la ineficiencia de la gestión pública peruana. Esto, mientras ignoran que las cargas del Gobierno virtualmente destruyen la economía del país. Ignoran que cuando un burócrata no gasta, un peruano de a pie lo hace. Consume o invierte. Y el país florece.

Y nótese además que, en tiempos vizcarristas, al actual presidente del Consejo de Ministros y candidato latente no le sirve la estabilidad macroeconómica. De hecho, se están farreando los ahorros de otros tiempos (el llamado Fondo de Estabilización) gastando básicamente en gastos corrientes.

Todo esto, a pesar de que el –otrora conservador– Banco Central de Reserva ya inyecta dinero a un ritmo creciente y mayor al que crecen los precios y la producción juntos (ver figura adjunta); en un afán penoso de pichicatear la economía cuando los flujos de inversión y comercio exterior se derrumban y los ruidos de quiebre constitucional se retroalimentan día a día.

Nótese que la inoperancia fiscal –ideológicamente cargada–, combinada con un indeterminado grado activismo monetario y unas garrafas de irracionalidad y ruido político, implica una combinación tóxica. Aquí tratar de inflar un gasto estatal deplorablemente gestionado –y a rajatabla– implica algo nada parecido a un gasto salvador. Embrolla el quiebre gradual de la estabilidad macroeconómica.