El Estado peruano y un fraude bicentenario

En estas últimas semanas nuestro país ha estado atravesando severas crisis políticas y sociales en todos los niveles. El hartazgo de la población con el sistema político imperante es cada vez mayor. Lo peor de todo es que su molestia es comprensible y totalmente fundada. En esta columna no pretendo hablar de todos los elementos que configuran el más que evidente fraude electoral que se ha fraguado desde el 12 de abril. Aquí trato de exponer una problemática aún mayor, la del enorme fraude llamado Estado.

Hace exactamente cinco años nuestro país celebraba elecciones generales, que muchos especialistas consideraban trascendentales. Si bien es cierto cada cinco años se afirma lo mismo, en 2021 era algo distinto. Justamente celebrábamos elecciones en el bicentenario de la fundación del Perú como Estado. La pregunta clave que muy pocos se hicieron es ¿Cuándo se fundó el país como nación? Y es que hay que ser muy específicos, una cosa es el Estado, entendido como el aparato coercitivo de gran calado burocrático que monopoliza la ley y la violencia en un determinado territorio y otra cosa muy distinta es la nación. Aparentemente el Perú se habría fundado como un “Estado-nación”.

Debido a que esa era la noción predominante de estado a inicios del siglo XIX. Sin embargo, muchas de las categorías que hasta la actualidad se emplean para definir a un grupo de individuos como nación no son aplicables para el caso peruano. En otras palabras, el estado peruano se habría conformado como una entelequia, una ficción jurídica y política que mediante el uso de la fuerza incluyó a múltiples etnias, idiomas y costumbres, por supuesto sumado a una geografía intrincada y variada. Muchos historiadores culpan a la falta de un verdadero sentimiento de nación a las numerosas derrotas militares y dictaduras caudillistas que vivió el país durante el siglo XIX. 

Bien entrado el siglo pasado los problemas se incrementaron. No solamente por los estragos que causó la Guerra del Pacífico, sino también por la llegada de ideologías y corrientes extranjeras que no hicieron otra cosa más que incrementar el tamaño del estado peruano y a la vez exacerbar odios y rencores entre las poblaciones más alejadas y olvidadas del Perú. El exacerbado estatismo que mantuvieron la república aristocrática, el régimen de Leguía y los militares que los sucedieron marcan que este es un problema transversal a todos los partidos que existieron y existen en el Perú. En cuanto a las ideologías, sin lugar a duda es el socialismo en todas sus vertientes (socialdemocracia, marxismo leninismo o maoísmo) la que más daño le ha causado al Perú en el siglo pasado.

Los peruanos entramos al siglo XXI con sendos problemas políticos, económicos y sociales. El fin de 11 años de gobierno fujimorista fueron celebrados por muchos como un cambio y el inicio de una era democrática y de prosperidad para el país. Sin embargo, salvo algunos años de bonanza económica fruto del auge del precio de los minerales, el resto de aspectos del Perú siguieron en un eterno estancamiento. 

Cuando hablo de fraude del bicentenario no sólo me refiero a las graves sospechas de intervención tendenciosa de las autoridades en las elecciones del 2021. Estoy hablando del estado peruano como tal como un enorme fraude político y administrativo que se nos fue impuesto un 28 de julio de 1821. Y es que no solamente el estado falla en garantizar un proceso democrático claro y transparente. Seamos honestos, en la gran parte de nuestra historia republicana el Perú nunca tuvo democracia y mucho menos elecciones transparentes. En el aspecto económico es donde peor estamos. Los caudillos militares de hace dos siglos vilipendiaron los recursos nacionales al no saber extraer renta de los recursos que en cada época de la historia fueron valiosos en el mercado mundial.

Paralelamente a ello, desde hace dos siglos juristas como el argentino Juan Bautista Alberdi denunciaron que las constituciones peruanas estaban diseñadas para su atraso como país. En este aspecto Alberdi acertó completamente. No se brindaron ningún tipo de incentivo a la migración extranjera, de gente que quería trabajar y prosperar en una nueva Tierra. Tampoco se respetaba la propiedad privada y mucho menos se incentivaba el libre comercio e intercambio de mercancías. En el aspecto social, por más que se garantizaba de iure la igualdad ante la ley, los intrincados órdenes sociales del virreinato terminaron por funcionar mal por culpa de la república. Las instituciones espontáneas que se habían desarrollado durante tres siglos fueron sustituidas por órdenes administrativas de origen europeo y de inspiración liberal afrancesadas. Dichas normas no reflejaban la realidad tan compleja y diversa que tienen las diferentes regiones que conforman el país, muchas de ellas sólo abrieron más la herida que había entre los distintos grupos. Otros episodios históricos totalmente traumáticos, como la nefasta reforma agraria de Velasco y la posterior violencia terrorista no hicieron más que acrecentar la fractura social y el descontento hacia un supuesto centralismo limeño.

En pleno 2026, el Estado peruano nos sigue defraudando en muchos aspectos. A sus propios ciudadanos, que supuestamente deberían ser protegidos y ser el fin último del estado, son maltratados como simples sujetos de pago a los que hay que esquilmar. Nos defraudan en todos los poderes. Desde el ejecutivo, con sus 9 presidentes en 10 años y con líderes que sólo se preocupan por intereses mezquinos. Desde el legislativo, con normas nefastas mal elaboradas, con incrementos de sueldo injustificados y con reformas que van en contra del sentir popular como lo es la bicameralidad. Desde el judicial, con un sistema corrupto, ineficiente y por sobre todo, injusto. Desde los organismos constitucionales autónomos, con una fiscalía de la nación inoperante, con unos organismos electorales totalmente desacreditados y nada transparentes, una defensoría y una contraloría que sinceramente brillan por su ausencia. Todo esto mientras nos siguen arrebatando dinero con los impuestos, salvando a empresas deficitarias e inútiles como Petroperú, poniendo trabas al emprendimiento y dejándonos a merced de los criminales y mafiosos ante su incapacidad de impartir seguridad y justicia eficaces.

Los peruanos no nos merecemos esto. Ningún individuo libre merece esto. Sinceramente, las lecciones que el doctor Huerta de Soto dio hace una semana resuenan más que nunca. ¿Y si la solución para el Perú es prescindir de su Estado?